Crónica de una amenaza al fiscal que no ha sido corroborada

El 4 de agosto, a las diez de la mañana, el general William Fernando Prieto llegó puntual a la sede de la Fiscalía, en Bogotá, a reunirse con el director especializado de organizaciones criminales, Carlos Roberto Izquierdo, con el objetivo de establecer relaciones de trabajo. Prieto acababa de ser nombrado comandante de Inteligencia Militar y entre sus obligaciones estaba la de coordinar diversas tareas con los investigadores de la Fiscalía. 

A la cita, Prieto fue en compañía del coronel Wilson Germán Hernández Viveros, líder del Comando Especial Estratégico del Ejército. Ambos pasaron los controles a la entrada del búnker y se dirigieron al tercer piso del edificio central de la entidad.

Para sorpresa de los militares, en la sala de reuniones no solo los esperaba el director de organizaciones criminales, sino el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Alberto Acevedo Quintero, y cuatro de sus investigadores.

Al final de las presentaciones y los protocolos, uno de los investigadores proyectó una imagen de Power Point que cambió el curso de la reunión. Se trataba de la información sobre un posible atentado contra el fiscal Francisco Barbosa que estaba planeando el Ejército de Liberación Nacional. 

El general Prieto se quedó helado: no sabía de lo que le estaban hablando. En cambio, el coronel Hernández agregó que por esos días su unidad había recibido una información parecida.

Señalando la imagen, el investigador del CTI de la Fiscalía indicó que una fuente humana les había dicho que, al parecer, en un campamento ubicado en Venezuela, integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, encabezado por alias Rolo, entrenaban a un grupo de francotiradores con el objetivo de atentar contra la vida del fiscal.

Según la fuente, una profesora de una universidad pública había recibido en Bogotá 3.000 millones de pesos para financiar el transporte y el alojamiento de los perpetradores del crimen.

Ante la gravedad de los rumores, el general Prieto y el coronel Hernández se comprometieron a encargar a un grupo de investigadores de inteligencia verificar la información, y acordaron una nueva reunión para ponerse al día. 

Al salir del búnker, el general Prieto solicitó una cita urgente con el comandante del Ejército, general Luis Ospina. El encuentro se realizó al día siguiente, sábado 5 de agosto, en las instalaciones del Cantón Norte. Prieto y Hernández empaparon a Ospina del tema y le informaron que ya habían activado un mecanismo especial para identificar si la persona que se había acercado a la Fiscalía tenía credibilidad.

Al final, quedaron en mantenerlo al tanto de los avances del caso y de las nuevas reuniones que sostuvieran con los investigadores del CTI.

La mañana del 8 de agosto, en el despacho del fiscal general, se llevó a cabo una reunión extraordinaria a la que fueron citados la vicefiscal Martha Mancera, el director del CTI y el director especializado de organizaciones criminales. Al parecer, los funcionarios habían entendido el comentario del coronel Hernández como la confirmación de que el atentado ya estaba en camino.

Esa noche, el fiscal general, Francisco Barbosa, dio a conocer, mediante un comunicado, que el ELN estaba fraguando un plan para acabar con su vida.

¿Apresuramiento o certeza?

En la sede del Ministerio de Defensa todos quedaron con la boca abierta. Anunciar un posible atentado a partir de simples premisas no era, exactamente, a lo que estaban acostumbrados los hombres de inteligencia.

Un oficial le dijo a CAMBIO: "La evaluación de cualquier amenaza contra la seguridad nacional debe cumplir con tres pasos: la pertinencia de la información, la confiabilidad de la fuente y la credibilidad que le dé la agencia. El primer paso es tener la certeza de que la información –bien sea por una fuente o por un documento– es creíble o no. El segundo, identificar si la persona que dio la información –o el documento– es confiable, a partir de información que ya haya dado anteriormente, por ejemplo; y el tercero, contrastar esa información con la de otras agencias, para saber si es coherente”, asegura el investigador. Según él, antes de esta verificación, todo lo que se diga es una especulación. 

En el caso del posible atentado, este estaba apenas en el primer paso: la verificación de la pertinencia. Falta, nada menos, que la verificación de la fuente. “Las fuentes se clasifican de B1 a B5 –explica el oficial de inteligencia consultado por CAMBIO–. B1 corresponde a quien ya haya dado información reportada acertadamente. B5 es una fuente sobre la que no hay ninguna base para evaluar su credibilidad. La fuente del atentado contra el fiscal no estaba ni siquiera clasificada. Apenas la van a clasificar”.

El último paso, si los tres anteriores tienen sentido, es ordenar una misión de trabajo, que implica que ya se tiene clara la información, que se ha identificado la confiabilidad de la fuente y que hay verdaderos indicios de que los hechos pueden llegar a presentarse. Solo en ese momento, un comandante de Inteligencia puede confiar en la investigación y proceder en consecuencia.

“La evaluación de la información tiene dos escalones: uno inferior y uno superior. La inferior es la que todavía no está corroborada y apenas está en etapa de investigación. La superior es la que ya tienen en su mano los comandantes y que ya ha sido totalmente verificada”, indica el oficial. "En el caso del atentado contra el fiscal, la evaluación está apenas en la fase de indicio. Mucho me temo que la Fiscalía se apresuró al tomar las declaraciones del general Hernández, en la reunión del 4 de agosto, en la Fiscalía, como una confirmación".  

Días de tensión

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se enteró del posible atentado por el comunicado del fiscal, y en respuesta a él, convocó a una reunión extraordinaria para el día siguiente, miércoles 9 de agosto. Citó al fiscal general y a la cúpula militar, con el objetivo urgente de saber más detalles del asunto.

La reunión comenzó pasadas las once de la mañana. El jefe de la cartera de Defensa, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, los comandantes de Ejército, general Luis Ospina, Fuerza Aeroespacial, general Luis Carlos Córdoba,  Armada, Almirante Francisco Cubides y el director de la Policía, general William Salamanca, escucharon, entonces, a la vicefiscal Martha Mancera.

A la salida de la reunión, el ministro de Defensa y el fiscal leyeron un comunicado conjunto. Velásquez adelantó dos hipótesis sobre la posible amenaza: la primera, las "posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable". La segunda, que sea un plan de "enemigos del proceso de paz que se adelanta con el ELN para tratar de torpedear. Pensamos, con toda prudencia y responsabilidad, valorar la información y adelantar las labores correspondientes".

El fiscal Barbosa, por su parte, afirmó que el tema estaba en investigación y agradeció el apoyo del Gobierno nacional para brindarle protección y ponerle fin a este tipo de acciones que atentan contra la paz de Colombia.

Tanto el fiscal como el ministro de Defensa acordaron reunirse dos semanas después, ya que el fiscal tenía programado un viaje a los Estados Unidos para sostener reuniones con autoridades norteamericanas. Según una fuente que estuvo presente en la reunión, el fiscal añadió: "Y para llevar a mi hija, que va a ingresar a la universidad".

Horas después el tema creció cuando la Fiscalía filtró una información a los medios según la cual el ataque no solo sería contra el fiscal Barbosa sino contra la senadora María Fernanda Cabal y el general en retiro Eduardo Zapateiro.

La Fiscalía aseguró que la información ya era conocida por el comandante del Ejército, general Luis Ospina, y que el alto oficial no le dio la importancia que merecía.

Una fuente le comentó a CAMBIO que el primer dato del supuesto ataque le llegó a la Fiscalía el 11 de julio, cuando una persona le dijo al CTI que en Bogotá o en otro departamento, integrantes del ELN iban a atentar contra el fiscal Francisco Barbosa: “Suministro algunos detalles, nombres, espacios con los que se inició la indagación”.

El 24 de julio una segunda persona se acercó al búnker de la Fiscalía con una información similar, dio datos sobre el frente del ELN que cometería la acción terrorista, y sitios en los que se podría cometer el crimen.

Según la fuente de CAMBIO, el Ejército solo conoció esta información en la reunión del 4 de agosto.

La sorpresiva petición del fiscal

Poco después se vino a saber que Barbosa no solo había ido a Estados Unidos a acompañar a su hija a la Universidad, sino a solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, la Fiscalía citó al comandante del Ejército, general Luis Ospina, a una declaración juramentada, que se cumplió el martes 22 de agosto.

Los organismos de inteligencia de la Policía, Armada y Ejército revisaron fuentes e interceptaciones propias para verificar los planes del ELN. La primera conclusión fue que la fuente de la Fiscalía no tenía total credibilidad.

Esta información le fue entregada a Ospina, quien, durante su declaración juramentada, dijo que no había certeza sobre el plan del atentado y que solo a omienzos de agosto supo del supuesto plan criminal.

Los datos de los investigadores también fueron presentados en la junta de inteligencia convocada por el ministro de Defensa para la misma noche del martes 22 de agosto. Las conclusiones fueron publicadas al día siguiente, cuando Velásquez insistió que solo el 4 de agosto el Ejército se había enterado del supuesto plan. “Ni éste, ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación”.

El ministro Velásquez aclaró que, una vez verificados los registros que poseen los organismos de inteligencia, solo existía una fuente: la misma que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación.

“Se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista. De igual manera, se pudo constatar que ningún organismo de inteligencia ha tenido información adicional a la relacionada en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación”, asegura el comunicado.

La Junta de Inteligencia determinó también que la unidad de investigación financiera UIAF no tenía información financiera relacionada con el posible atentado; y confirmó que ningún organismo de inteligencia recibió información de agencias extranjeras sobre el posible ataque contra el fiscal general, la senadora María Fernanda Cabal y el general retirado Eduardo Zapateiro.

El presidente Gustavo Petro trinó en su cuenta de X: “Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre, personalmente, le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo”, trinó Petro.

Guerra de respuestas

La mañana del miércoles 23 de agosto, la vicefiscal, Martha Mancera, aseguró en una rueda de prensa: “Si la inteligencia de este país sale a desmentir un probable atentado es una situación que nos pone a nosotros en un riesgo total (…) El llamado es a que los organismos de inteligencia cumplan la ley conforme a la ley de inteligencia”, afirmó Mancera.

La vicefiscal invitó a continuar con la investigación porque el patrón histórico de comportamiento del ELN coincidía con el del atentado que se estaba gestando contra Barbosa.

“Creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación, no la cúpula militar, no el ministro de Defensa, no el presidente de la república. Por lo pronto, para la Fiscalía, las tres fuentes de información distintas son creíbles en el patrón de comportamiento del ELN de los atentados históricos en Colombia”, dijo.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le contestó a Mancera esa misma tarde. Dijo que no iba a entrar en contradicción con la Fiscalía e insistió en que el Gobierno se había enterado del atentado apenas el 8 de agosto, ni siquiera oficialmente, sino por un comunicado.

Velásquez añadió que el análisis de inteligencia fue riguroso y que, justamente, por esa verificación, se llegó a la conclusión de que todavía no había certeza sobre el atentado.

“El hecho de que alguien se aproxime, una fuente se aproxime a algún agente de inteligencia o a alguna entidad a suministrar una información, nosotros lo registramos sólo como información que tiene que ser sometida a todo el proceso, no sólo en cuanto a la determinación de la credibilidad propia de la fuente civil y de la información que suministra, sino también en el ejercicio que se tiene que adelantar de investigación”, señaló el ministro.

Independientemente de que haya más dudas que certezas acerca del atentado contra el fiscal, María Fernanda Cabal y el general Zapateiro, el gobierno ha dicho que no ignorará la información y que continuará con las investigaciones, mientras se encarga de la seguridad de los tres presuntos amenazados. "Ninguna información se puede descartar –dice el oficial de inteligencia consultado por CAMBIO–. Por el momento, hay que esperar cómo avanza la investigación del proceso que abrió la Fiscalía. Solo así sabremos si la información es real".