Paisajes y panorámicas de la ciudad de Quibdó, capital del Chocó.
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¿Los departamentos podrán recibir más recursos? Las claves del proyecto que busca mayor autonomía territorial
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Los gobernadores y alcaldes han denunciado que los entes territoriales solo reciben el 21 por ciento de los recursos de la nación y esto impide que se tengan las herramientas para promover un adecuado ordenamiento territorial. Estas son las soluciones que propone el proyecto de Ley 134 de 2024, que pretende una mayor autonomía territorial.
Por: Claudia M. Quintero
Aunque en Colombia hay avances en materia de descentralización territorial y esto ha tenido un impacto positivo en las finanzas regionales, un estudio del Banco de la República reveló que aún hay mucho camino por recorrer en ese campo. De hecho, en febrero de 2024, los 32 gobernadores del país le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para pedirle mayor autonomía territorial y una mejor distribución de los recursos.
Los mandatarios locales han sido enfáticos en decir que más de 30 años después de que se proclamó un Estado descentralizado, a las gobernaciones y alcaldías apenas les llega un 21 por ciento de los ingresos de la nación. Esto limita el desarrollo del ordenamiento territorial desde lo ambiental, económico, productivo y social, para así cumplir los mandatos constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico les ha impuesto a su cargo. Así, ellos han pedido que, por lo menos, les llegue un 47 por ciento de los ingresos corrientes.
¿Cómo garantizar más recursos para las entidades territoriales?
Para hacerles frente a las dificultades que enfrentan los territorios por los pocos recursos que reciben, en el Congreso sigue su trámite un proyecto de ley presentado por más de 60 congresistas, que busca adicionar disposiciones a la Ley 1454 de 2011, que dicta normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano. ¿Cómo así? La normativa vigente define los principios rectores del ordenamiento, define el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial y las competencias en materia de ordenamiento territorial.
Actualmente, el objetivo del ordenamiento territorial es aumentar la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades de integración territorial. También pretende fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del Gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos.
Pero, gobernadores y alcaldes han coincidido en que esa ley se quedó corta y se necesitan más recursos. Entonces, lo que pretende el proyecto de Ley 134 de 2024 es garantizar los mandatos establecidos en los artículos 287 y 288 de la Constitución. Esto, para permitir que las entidades territoriales puedan tener una mayor autonomía y tengan un ordenamiento del territorio con una lógica de desarrollo productivo y competitivo.
La iniciativa legislativa busca resolver dos puntos claves. En primer lugar, delimita las competencias de los departamentos en materia tributaria y catastral, y establece categorías para el desarrollo de políticas públicas teniendo en cuenta las diferencias de los territorios.
El articulado también le da cumplimiento a lo establecido a los artículos 302 y 320 de la Constitución, al tener en cuenta otros criterios que permiten reconocer las heterogeneidades del territorio, a través de la categorización territorial. Esto, mediante el reconocimiento de criterios demográficos, económicos, sociales, institucionales, ecosistémicos y ambientales.
A su vez, establecerá competencias para impulsar el desarrollo productivo de las regiones. ¿Cómo? A través de la participación de los gobiernos departamentales en el fortalecimiento del recaudo de los ingresos parafiscales y en el direccionamiento de la inversión en el territorio en el cual se recaudaron estos recursos.
Entre las disposiciones del proyecto de ley se establecen directrices de ordenamiento departamental, competencias en materia tributaria y de gestión catastral departamental, así como instaurar el sistema único de información municipal y departamental a los organismos de control.
En palabras más sencillas, si el proyecto de ley pasa todas sus pruebas en el Congreso, permitirá que los departamentos tengan más herramientas para desarrollar programas y proyectos enfocados en las necesidades de las comunidades.
‘Mayores herramientas, más desarrollo’: luces y desafíos del proyecto
Para la Federación Nacional de Departamentos (FND), el proyecto de ley es clave, porque permite fortalecer las herramientas para promover un mejor ordenamiento territorial. Entonces, “se podrán delimitar competencias para brindar mayor autonomía para organizar el territorio con propósitos productivos y competitivos, convertir los departamentos en aliados de los municipios para su recaudo, desarrollar el catastro multipropósito y establecer sus propias reglas tributarias de las rentas exógenas”.
En ese mismo sentido opinó el representante Christian Garcés, del Partido Centro Democrático y uno de los autores del proyecto. De acuerdo con él, si esta iniciativa se aprueba en el Congreso, “permitirá el fortalecimiento de los departamentos en su propósito y funciones. Con lo que se fortalecerá la descentralización territorial y se otorgarán mayores herramientas y responsabilidades para enfocarse en generar mayor desarrollo, bienestar y competitividad en su región”.
Es decir, si los departamentos pueden tener más recursos, podrán desarrollar mejores políticas públicas.
Sin embargo, también cree que hay algunos desafíos, como la implementación y la garantía de protección de los recursos. ¿Por qué? En primera medida, si los departamentos van a asumir nuevos retos, Garcés dijo que es necesario que “desarrollen nuevas habilidades y capacidades para asumirlo”. Además, consideró que “la ciudadanía y los órganos de control territorial podrán hacer un seguimiento más cercano a la ejecución de los recursos y exigir el cumplimiento de sus funciones”. Así las cosas, serán los mismos ciudadanos los que deberían hacer un control riguroso de cómo se están utilizando los recursos de sus regiones.
Por su parte, Carlos Builes, politólogo y analista, le dijo a CAMBIO que este es un debate que se debe poner sobre la mesa, porque es necesario tener una mejor distribución de recursos para las regiones.
“Colombia es una especie de pulpo, en donde hay brazos, pero la cabeza solo funciona en Bogotá. Hay una burocracia y una cultura de centralismo que ha gobernado en el país en los últimos 120 años”, agregó.
El Gobierno nacional ve con buenos ojos que las regiones tengan más recursos para ejecutar las competencias asignadas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es una de las voces del Ejecutivo que se ha referido al tema e, incluso, en su discurso de aceptación del cargo mencionó que una de sus apuestas era “avanzar en un nuevo ordenamiento territorial y en un fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos y municipios del país”.
Así las cosas, la discusión de este proyecto está en el Congreso y ahora el articulado deberá enfrentar cuatro debates: dos en la Cámara y dos en el Senado. Luego de eso sí podrá pasar a sanción presidencial.