El Congreso sigue incumpliendo su deuda histórica con la protesta social

El presidente Gustavo Petro llamó a las bases de la izquierda colombiana a las calles para manifestarse, luego de que un grupo de congresistas presentara una ponencia de archivo para la reforma laboral, que toca varios ejes que le impactan al trabajador de a pie. Mientras el llamado a la marcha está en boca de los alcaldes y gobernadores que no apoyan la jornada, así como de los analistas por su impacto en la campaña electoral que viene, hay una arista adicional a tratar: la falta de regulación de la protesta social.

Aunque es cierto que en esta Presidencia no han vuelto a verse episodios de exceso policial en la manifestación, el pasado reciente deja las imágenes de jóvenes que salieron a protestar y perdieron uno de sus ojos o que terminaron con lesiones de suma gravedad por cuenta de violencia policial. Los episodios vividos en los paros nacionales de 2019 y en 2021 dejaron víctimas tan jóvenes como Dilan Cruz, cuyo caso sigue en la impunidad, o el cuestionable episodio de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, que hoy la tiene presa por romper una estación de TransMilenio.

Estos episodios se han llevado la atención de la ciudadanía, que cuestionan tanto el exceso policial como la actuación de los manifestantes. Pero salir a la calle a marchar va mucho más allá: los derechos a la reunión, la manifestación y la protesta social son de carácter fundamental, según establece la Constitución y el Congreso ha logrado quitarse el foco de un deber que es únicamente suyo: fijar parámetros y regular el asunto.