El nuevo 'round' del Gobierno en el Congreso: ¿Otra agenda imposible de cumplir?

Contrario al deseo del presidente Petro, la primera legislatura del Gobierno finalizó con un saldo en rojo. Ninguna reforma social pasó a sanción presidencial y el trámite desgastó al máximo la relación entre el Ejecutivo y sus aliados políticos de los partidos tradicionales.

Con la coalición desarmada y la oposición gozando de un segundo aire, el Gobierno se ha propuesto avanzar con una agenda legislativa aún más ambiciosa que la del periodo anterior, jugándose los últimos ahorros de gobernabilidad que tiene.

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Los proyectos que vienen de la antigua legislatura

En este nuevo round político en el Congreso, al Gobierno se le juntaron los proyectos varados de la legislatura anterior con las nuevas reformas, que ya no dan espera para evitar la molestia de sectores clave. 

En los primeros puestos de la fila están las tres reformas sociales. La reforma laboral empezará de cero en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que tendrá un nuevo presidente, esta vez del Partido Liberal. Al proyecto no le alcanzó la legislatura anterior para superar el primer debate, por la ausencia deliberada de los congresistas independientes y opositores. 

Las cuentas para el nuevo intento siguen sin ser favorables para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pues el Partido de la U, el Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical, no le caminan al proyecto y esperan sensibles modificaciones al articulado, que no son nada sencillas de lograr, mucho más con las elecciones a la vuelta de la esquina. Por esa razón, el Ministerio de Trabajo no radicará la reforma el 20 de julio sino que esperará por lo menos una semana más hasta que se conozca la nueva mesa directiva de la comisión.

En la baraja están cuatro liberales, pero cada uno representa un perfil distinto para los otros partidos y el Gobierno. La candidata del Ejecutivo es María Eugenia Lopera, congresista antioqueña que se la ha jugado por apoyar al Gobierno y a su padrino político Julián Bedoya. También están Germán Rozo Anís, quien en los últimos meses se distanció del Gobierno pero no ha roto relaciones con la Casa de Nariño; y Héctor Chaparro, cercano a la línea de César Gaviria.

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Por su parte, la reforma a la salud tendrá que seguir probando suerte en la plenaria de la Cámara de Representantes, después de un periodo legislativo en el que su discusión produjo enormes daños para el Gobierno. El proyecto es el más criticado de las tres reformas sociales y, por el momento, no tiene los votos suficientes para pasar la plenaria de esa corporación. Incluso, una parte de la bancada del Partido Verde no respalda la iniciativa, a menos que se le hagan más cambios de los que ya tuvo en su paso por la Comisión Séptima.

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“Mi postura desde el Partido de la U es propositiva y constructiva, hay que fortalecer la atención primaria, promoción y prevención en salud, soy amigo de acabar la posición dominante de las EPS, pero no de acabarlas”, es la posición del representante del Partido de la U Víctor Manuel Salcedo.

El Partido Liberal, que todavía se mantiene como parte de la coalición de Gobierno, radicará su propio proyecto de reforma a la salud como ley estatutaria. La próxima semana, los congresistas de la línea de César Gaviria se reunirán con colegas de partidos en oposición o independientes para socializar su proyecto y ganar apoyo. La gran apuesta del articulado liberal es mantener la existencia de las EPS, un punto que ha sido irreconciliable con el Ministerio de Salud.

Por su parte, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha venido abriendo cada vez más las puertas de diálogo no solo con las fuerzas políticas críticas del proyecto, sino con el gremio de las EPS y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es encontrar mayor consenso alrededor de la reforma, lo que implica modificar el texto. Parece ser que ambas partes coinciden en que el sector se encuentra en crisis, principalmente financiera, y necesita de cambios. El punto está en qué tan estructurales deben ser y a qué bando le es menos dañino que las EPS sigan con un endeudamiento billonario con las IPS.

En sectores de la oposición existe la hipótesis de que el Gobierno decidió no asignar los recursos suficientes para garantizar el adecuado cierre financiero del sistema de salud y prueba de ello es que en la adición presupuestal solo se aprobaron 2 billones de pesos y no 10 como esperaban las EPS, por lo que los gremios han alertado sobre un inminente desfinanciamiento. “El sector de la salud tiene un déficit de cerca de 10 billones de pesos para poder cerrar este año (...) estos recursos son fundamentales para poder garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos", aseguró Acemi en una carta enviada al Congreso en junio pasado. Por su parte, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo:

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"Me gustaría creer que la situación actual no obedece a una decisión deliberada del Gobierno para imponer un sistema totalmente estatista", escribió el jefe de Cambio Radical en su columna de opinión dominical.

Finalmente, la reforma pensional logró pasar con polémica y cuentas muy ajustadas la prueba en la Comisión Séptima del Senado, y ahora también tendrá que afrontar la plenaria de esa corporación, en donde el Gobierno tiene menos apoyo que en la Cámara de Representantes. Lo aprobado hasta el momento ya tiene encendidas las alarmas en varios sectores económicos y gremiales. El centro de pensamiento de Anif sostiene que el pasivo pensional, es decir, la deuda que tendría el Estado con los futuros adultos mayores, será más alto si se aprueban los cambios que hizo la Comisión Séptima del Senado en el primer debate.

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Finalmente, el Gobierno tendrá que dar la pelea nuevamente para que el proyecto de regulación del cannabis de uso adulto llegue a sanción presidencial. CAMBIO conoció que la bancada de Cambio Radical ya tendría listo un acuerdo con el Ejecutivo y las demás bancadas que respaldaron el proyecto para que esta vez sí le den sus votos en la Cámara y el Senado, con la condición de prohibir la publicidad que incentive el consumo. Esa exigencia la hicieron en la recta final de la legislatura pasada y la negativa de las otras fuerzas políticas produjo que el proyecto se hundiera.

Los proyectos que inician el camino por el Congreso

Al Congreso llegarán nuevas reformas para debatir y ponerle más ingredientes a la legislatura. Uno de ellos es la reforma a la educación, en la que ya viene trabajando la ministra Aurora Vergara. Sin embargo, el Gobierno todavía tiene dudas por resolver, principalmente sobre cómo tramitar el proyecto: como ley estatutaria o ley ordinaria. El dilema es el mismo que tuvo el Ejecutivo con la reforma a la salud, pues si se tramita como estatutaria, su primera parada será la Comisión Primera de Senado o Cámara, en donde no hay mucho margen de maniobra para el presidente Petro. "Tenemos que ser estratégicos con ese proyecto y pensar en el camino que va a tener", dijo un congresista del Pacto Histórico.

Otras leyes que debe iniciar trámite son la ley de sometimiento y la ley de humanización carcelaria, en medio de duras críticas de la oposición y funcionarios como el fiscal Francisco Barbosa. Igualmente, el Código Minero podría empezar a discutirse, pero ahora con la incertidumbre de quién la comandará, pues la ministra Irene Vélez acaba de renunciar al Ministerio de Minas y Energía. Lo mismo que pasa con la reforma a los servicios públicos, que aún no tiene borrador. Eso sí, la salida de Vélez ha sido bien recibida prácticamente por todas las fuerzas políticas en el Congreso, menos el Pacto Histórico. 

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”Irene Vélez era el símbolo de la improvisación en el Gobierno de Petro”, dijo el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

El panorama para la legislatura que comienza este 20 de julio le exige al Gobierno echar mano de todas sus capacidades de gestión política en el Congreso; y a la oposición, probar nuevas estrategias, distintas del ausentismo y el 'plan tortuga'. Todo lo que suceda en los meses venideros tendrá impacto en las elecciones de octubre, que son, sin duda, el primer referendo del Gobierno y la oportunidad de los sectores tradicionales de quedarse con el poder regional.