
Carlos Horacio Urán, exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado.
Crédito: Colprensa y archivo particular.
Exclusivo: Fiscalía desconoce que Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia
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Al abstenerse de dictar medida de aseguramiento en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, la Fiscalía General asegura que Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, cayó muerto en el baño del piso 3 del Palacio, desconociendo la evidencia de que este salió con vida de allí, según acreditó la Corte IDH y una investigación periodística.

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia Marlenne Orjuela Rodríguez debía definir la situación jurídica de tres integrantes del Ejército Nacional en la investigación sobre la ejecución del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, perpetrada en el ataque y contraataque del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985.
La decisión en poder de CAMBIO, que los familiares de Urán llevan esperando más de una década, es problemática porque en ninguna de sus 40 páginas reseña un hecho que ya es irrefutable: que Urán salió con vida del Palacio de Justicia, fue ejecutado y su cuerpo fue devuelto a las instalaciones del edificio. En cambio, la Fiscalía usa testimonios que apuntan a que Urán cayó muerto en el baño del 3 piso. Esta es la historia.
El caso y la omisión de la Fiscalía
Una investigación periodística de Noticias Uno liderada por Daniel Coronell demostró que hace 17 años Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado, asesinado y, luego, su cadáver fue devuelto al lugar. Este hecho quedó consignado dentro de la condena que en 2014 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado colombiano por los hechos.
La sentencia dijo que Urán fue desaparecido, que fue ejecutado y que su cuerpo fue lavado y despojado de algunos de sus artículos personales, para luego trasladarlo a Medicina Legal y ubicado con el resto de los cadáveres de los guerrilleros del M-19.
A raíz de una compulsa de copias, la Fiscalía Cuarta delegada abrió el 12 de enero de 2010 una investigación por los delitos de homicidio, genocidio, tortura y desaparición forzada y declaró los hechos de lesa humanidad. En 2017 el caso fue reasignado a la Fiscalía Primera que escuchó en indagatoria a los uniformados. Arias Cabrales no supo explicar por qué en una inspección judicial a la Brigada 13 que él comandaba en ese momento se encontró la billetera del magistrado Urán y negó la posibilidad de que este hubiera sido sacado con vida y regresado al edificio.
Es decir, a pesar de que se tocó el tema, la Fiscalía no hizo análisis sobre ello, sino que usa varios elementos de prueba para asegurar que este cayó muerto en el tercer piso.
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“La relación de dictámenes, declaraciones, material de prueba, concluye que la muerte del doctor Carlos Horacio Urán Rojas ocurrió al interior del baño del entrepiso entre los pisos 3 y 4 del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, y que la causa de su muerte fue laceración cerebral por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego”, señala la decisión.
La decisión reseña es que el cadáver del magistrado Urán fue exhumado en 2010 y el informe de necropsia señaló que murió como consecuencia de haber recibido proyectiles de “arma de fuego de carga única y baja velocidad”, es decir, desde corta distancia. También encontró lesiones que no estaban en el primer informe de necropsia que se hizo en 1985. En 2017 se hizo otra exhumación en la que se encontraron elementos metálicos en el fémur izquierdo y también se hicieron nueve informes de balística y, a pesar de ello, no se pudo esclarecer qué tipo de arma fue usada.
Se vulneró el DIH: Fiscalía
Según la narración de la Fiscalía, lo que sí es claro es que Urán Rojas fue uno de los rehenes tras la incursión armada del M-19 y que estuvo en el baño del piso 3 hasta la finalización del ataque, luego de que el Ejército abriera un boquete en el muro del Palacio de Justicia. La decisión cita la necropsia que se hizo en 1985, el informe de levantamiento de cadáver (que se hizo de manera artificial en el primer piso), así como la segunda necropsia que evidenció inconsistencias en la primera y la tercera necropsia que encontró elementos adicionales.
La Fiscalía, igualmente, reseñó varios testimonios. Uno del consejero de Estado, Samuel Buitrago, quien logró salir con vida del lugar, y aseguró que Urán y el magistrado Manuel Gaona resultaron heridos en un momento en que intentaron salir del baño, sin poder ver desde su posición quién disparó: “recibió los balazos y cayó también de frente”. Buitrago dijo que ambos quedaron allí.
José Antonio Reyna, un conductor, reseñó que estando en el baño como rehén, los guerrilleros decidieron apagar la luz y empezaron a disparar adentro. También dijo que los primeros que salieron del lugar fueron asesinados y que cuando se abrió el boquete, los guerrilleros dispararon y ahí vio caer al magistrado Gaona. También está el testimonio de la auxiliar Luz del Carmen Lozano quien dijo que ella vio muerto en el baño a Urán. Lo mismo dijo Luis Francisco Camargo, asistente judicial del Consejo de Estado.
La decisión luego apunta que las municiones del M-19 y del Ejército eran todas de Indumil y cita la sentencia de la Corte IDH, pero para reseñar que hubo un combate permanente, en clara violación al Derecho Internacional Humanitario, al desconocer la condición de rehenes de los civiles que estaban allí. En este punto, la Fiscalía asegura que se vulneró el principio de distinción de parte del Ejército porque si bien debían recuperar el edificio, no actuaron adecuadamente.
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“La fuerza pública representada por Arias Cabrales, Hernández López y Fracica Naranjo, militares con alto rango, amplia experiencia y capacidad de mano, conocedora de su deber de diferenciar entre los combatientes del M-19 y los civiles, no lo hizo. Y no solo falló en hacerlo, sino que su respuesta fue evidentemente desmedida, excesiva y con ataque directo a combatientes, no combatientes y civiles indefensos”, dijo la Fiscalía.
La responsabilidad de Arias Cabrales
Arias Cabrales era el comandante de la Brigada 13 en Bogotá y fue condenado a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada. En 2019, cuando la Corte Suprema ratificó su sentencia, indicó que el general fue el conductor y dominador del operativo y ordenó la retención y custodia de las personas que salieron con vida, siguiendo el ‘Plan Tricolor’.
El coronel Hernández era comandante de la Escuela de Artillería de la Brigada 13 y el mayor Fracica era el segundo comandante. Según la decisión, Arias Cabrales fue quien impartió todas las instrucciones en las 27 horas de operativo de “retoma” del Palacio y especialmente en los pisos 3 y 4, mientras que en los pisos 2 y 3 llegaron las unidades de Artillería y de la Guardia Presidencial.
Arias Cabrales dijo que supieron del lugar en donde estaban los rehenes por un magistrado que fue enviado con un mensaje, mientras que Fracica lo negó y dijo que tampoco sabía quién era Urán. El coronel Hernández dijo por su parte que nunca estuvo en la Casa del Florero ni mantuvo comunicación con Fracica.
La fiscal delegada Marlenne Orjuela, tras insistir en que Urán murió el 7 de noviembre de 1985 a las 3 de la tarde y al reconocer que el levantamiento del cadáver fue artificial, acudió a testimonios de personas que reseñaron que cuando salieron del baño, pasaron por una pila de cadáveres. Y asegura que los militares que violaron el DIH no tuvieron la menor precaución de verificar la calidad de civil de Urán “antes de ser acribillado”.
La fiscal luego afirma que “el homicidio del doctor Urán Rojas ocurrió dentro de los hechos definidos por los comandantes del operativo, bajo el esquema de un aparato organizado de poder, ejecutando a cabalidad los mandatos que para 1985 se plasmaron en el ‘Plan Tricolor’”.
No hubo medida de aseguramiento
La decisión conocida por CAMBIO opta por no dictar medida de aseguramiento contra los tres uniformados, asegurando que los tres han cumplido cabalmente con los llamados de la Fiscalía y teniendo en cuenta que Arias Cabrales está detenido. Además, dice que los uniformados ya no tienen la posibilidad de incurrir en actos como estos. En todo caso, la entidad apunta a que hay indicios graves “de responsabilidad de los sindicatos frente a la muerte del doctor Carlos Horacio Urán Rojas”.
