Exclusivo: Gobierno Duque también usó polígrafo con empleadas del servicio

La historia del polígrafo a la niñera de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, Marelbys Meza, desató la noticia más sonada del año. El 30 de enero Marelbys Meza fue llevaba en un carro oficial hasta la sala de poligrafía de la Casa Galán, adjunta a la Casa de Nariño, para que rindiera la prueba de “credibilidad y confianza” luego de que se perdiera un dinero en la casa de su entonces jefa. El detector de mentiras, que no es prueba judicial aceptada en Colombia, concluyó que la niñera faltó a la verdad y que está involucrada en el robo. El escándalo, que ya incluye chuzadas, la salida de dos altos funcionarios y el suicidio de un oficial de la Policía, empezó por lo que la Fiscalía calificó como un abuso de autoridad y un peculado por el uso del polígrafo para investigar una situación que, a juicio del ente acusador, nada tenía que ver con la seguridad presidencial. Pues bien, durante el gobierno de Iván Duque cuatro empleadas domésticas fueron sometidas al mismo tratamiento de Marelbys sin que la Fiscalía de Francisco Barbosa hubiera hecho nada por investigarlo.

En el año 2020, tres enfermeras y una empleada de servicio doméstico, que trabajaban para el padre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fueron sometidas a polígrafo. Se trata de las enfermeras Luz Duarte, Lina Marcela Burbano y Cesia Rodelo, y de la empleada Dily Banquett, quienes laboraban para Álvaro Ramírez Suárez. Un buen día, el padre de la entonces vicepresidenta empezó a notar que se perdían de su casa ropa y alimentos. En otra ocasión, echó de menos 20.000 pesos y decidió dar la voz de alarma. Nadie sabe exactamente cómo, pero sus tres enfermeras y su empleada doméstica fueron conducidas en un carro oficial hasta el edificio Luis Carlos Galán, ubicado al frente de la Casa de Nariño. Allí, fueron llevadas al sótano y sometidas a polígrafo.

CAMBIO pudo contactar a dos de las empleadas sometidas a la prueba. Una de ellas accedió a hablar con la condición de mantener reservada su identidad. Ella afirmó que no se sintió obligada a presentar la prueba y que estuvo de acuerdo con hacerla “porque se venían perdiendo las cosas”. En el momento de someterla al detector de mentiras, le dijeron que si no quería hacerlo podía abstenerse sin consecuencias. De todas maneras, los recursos públicos, incluyendo equipos y personal, fueron usados para investigar por fuera de un proceso judicial a las empleadas sospechosas de pequeños robos en la casa del padre de la vicepresidenta. Asunto que nada tiene que ver con la seguridad nacional.