¿Finanzas en jaque? El lío jurídico para el Gobierno tras saltarse la regla fiscal

El Consejo de Estado revisa una demanda que podría convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su ministro de Hacienda, Germán Ávila. Dicha demanda cuestiona una de las decisiones más polémicas que el Gobierno ha tomado este año: saltarse la regla fiscal, la cual busca que haya un manejo juicioso de las finanzas públicas y mantener la estabilidad macroeconómica del país.

La regla fiscal es una guía que busca evitar que el gasto del Estado crezca de manera descontrolada y el déficit fiscal se convierta en un problema estructural, afectando la estabilidad económica del país y la confianza de inversionistas. Por eso, fija límites claros para el nivel máximo de déficit que puede tener el Gobierno y fija metas que deben cumplirse para mantener la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.

Desde el año pasado, el Gobierno de Gustavo Petro tiene problemas con las cuentas públicas: a la deuda heredada de la pandemia con los billonarios subsidios a los combustibles y los intereses de un crédito con el Fondo Monetario Internacional, se sumaron sobreestimaciones en el recaudo de impuestos, un crecimiento que le ha jugado en contra al país y un ambicioso plan de gasto en el presupuesto nacional. 

Todo lo anterior llevó a que, a comienzos de junio, el Consejo de Política Fiscal (Confis) decidiera activar una cláusula que permite no tener en cuenta la regla fiscal hasta por tres años, con la excusa de que no era posible cumplir la meta de este año: que solo puede haber déficit por un monto equivalente al 5,1 por ciento del PIB. Esa decisión también descuadra la de los próximos años. 

Según Hacienda, no saltar la regla suponía poner en riesgo el funcionamiento del Estado ante la imposibilidad de generar nuevos ingresos o realizar recortes sustanciales de gasto en el corto plazo. La capacidad de gastar del Gobierno estaba limitada por el plan financiero que se presentó a principios de año. Por eso, para el Gobierno la mejor alternativa era esquivar la regla fiscal y no hacer una reducción de la inversión porque eso sería más nocivo en el largo plazo.

La decisión del Confis

El Confis, que es presidido por el ministro de Hacienda y conformado por sus viceministros, el director del DNP y el director de Impuestos y Aduanas, aprobó su idea. El documento de la sesión aún no es público, pero sí es un acto administrativo y, como tal, es demandable ante la justicia. Aunque todos los argumentos del Confis no se conocen, el Ministerio explicó su decisión en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, presentado menos de una semana después de la sesión del Confis.

¿Qué dijeron? Que el desbalance entre los ingresos y los gastos del país será del 7,1 por ciento del PIB y no del 5,1 como se estimaba, por lo cual el déficit de este año sería de 38 billones de pesos más de lo estimado en enero, para un total aproximado de 129 billones de pesos. Y la deuda no sería de 59,3 por ciento, como se estimó a comienzo del año, sino del 61,3 por ciento.

En pocas palabras: un panorama aterrador que justificaba activar la cláusula Gobierno de Iván Duque, pero ante el escenario extraordinario e impensado de la pandemia del covid-19. El Marco Fiscal dice, explícitamente, que aún si saltarse la regla fiscal genera “un aumento considerable en el costo de financiamiento del país, sus efectos contractivos serían menores que los obtenidos en un escenario de ajuste fiscal consistente con las metas actuales de la regla fiscal”.

La demanda

El abogado y expresidente de Colpensiones Pedro Nel Ospina asegura que la decisión del Confis de saltarse la regla fiscal no tenía justificación, porque la norma que permite hacerlo es clara en señalar que el país debe estar o en “eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país”.

“En la justificación contenida en el Capítulo 0 del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en particular el numeral 0.3, se plantea la adopción de la cláusula de escape como una medida que sería menos gravosa que ajustar las finanzas a la regla fiscal. Si en gracia de discusión se asumiera que esa afirmación fuera correcta, confirma el cargo presentado, porque la cláusula de escape no tiene como propósito dejar de lado la regla fiscal por gravosa”, dice la demanda.

Para Ospina, además, “la cláusula de escape no se consagró para evitar el incumplimiento de la regla fiscal, ni para incrementar el endeudamiento del Gobierno nacional. Si estas circunstancias están ocurriendo, lo que corresponde es exponer las razones del incumplimiento ante el Congreso Nacional y fijar metas y objetivos tendientes a asegurar el cumplimiento de la misma”.

Según el demandante, para el período 2022 el rezago presupuestal ascendió a 28,3 billones de pesos, equivalente al 1,9 por ciento del PIB, mientras que para el año 2023 pasó a 34,9 billones y, en 2024, aumentó considerablemente hasta los 63,2 billones.

“A diferencia de los otros períodos en donde luego de un crecimiento del rezago presupuestal se aprecia una corrección fiscal, en los dos últimos no se refleja la adopción de medidas fiscales congruentes, lo cual agravó la situación fiscal de las finanzas públicas y generó por la propia gestión fiscal del Gobierno las circunstancias que hoy conducen a no poder cumplir la cláusula fiscal, y a emplear un mecanismo que no corresponde a las condiciones legales para su empleo”, indicó.

Por esas razones, le pidió al Consejo de Estado que admita su demanda para estudio y suspenda, mientras estudia el caso de fondo, la decisión del Confis. Si esto ocurre o no, una eventual decisión judicial tendría que llegar pronto, pues en el segundo semestre del año el Gobierno tendrá que presentar la ley de presupuesto para 2026, así como la reforma tributaria que ya anticipó el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, tener reglas claras es urgente.

Lo que puede pasar

En diálogo con CAMBIO, Ospina explicó que son muchas las circunstancias que explican la situación actual, las cuales dejan en claro que no era necesario activar la cláusula.

“El Gobierno dejó que las entidades siguieran contratando, pero no les dio caja para pagar las cuentas pendientes. Entonces, muchas entidades empezaron compromisos de contratos, abrieron negociaciones a final de año, pero sin caja. Hay que mirar cuántos son los saldos de efectivo que el Gobierno tiene en el Banco de la República, pero las dificultades de caja y la incapacidad de ejecutar lo que había presupuesto, refleja el desequilibrio fiscal tan grande que tiene el Gobierno”, aseguró Ospina.

También indicó que si la justicia avalada sus pretensiones, el Gobierno de Gustavo Petro tendría que actuar conforme a la regla fiscal y no endeudarse más de lo que se tenía presupuestado desde comienzos de este 2025, y señaló que la decisión del Confis es una de las responsables de que dos de las tres agencias de calificación crediticia hicieran llamados de atención: primero fue Moody’s, y luego fue Standard and Poor’s (S&P).

“El Gobierno debió apegarse a la regla fiscal y cumplir la ley orgánica del presupuesto y cumplir con lo que se comprometió el año pasado. El Gobierno debería estar haciendo ajustes de reducción del presupuesto de 2025”, agregó.

Al tiempo que se presenta esta demanda, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal publicó el concepto, no vinculante, que le solicitó el Ministerio de Hacienda que decía que no era conveniente saltarse la regla fiscal. 

“En vista de que las metas de déficit en 2025, 2026 y 2027 no estarán definidas por lo que determina el cálculo paramétrico de la regla fiscal, el CARF propone que el Ministerio establezca metas fiscales trimestrales indicativas durante estas vigencias”, dijo el organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, el cual fue creado en 2021 para realizar seguimiento a la regla fiscal y promover la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el CARF, “no es posible identificar con los argumentos explícitos del Ministerio, un evento que ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica (…) El Comité enfatiza que la activación de la cláusula de escape per se, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tampoco puede ser una justificación para abandonar el propósito de avanzar en la consolidación fiscal desde 2025”.

Se prevé que el presidente Petro haga una dura defensa de esta decisión, dadas las consecuencias de un fallo en contra. En un largo mensaje de Twitter (ahora X), el jefe de Estado habló de múltiples temas incluida esta demanda.

“Tienen a la fiscal fregada con su puesto, en el Consejo de Estado, lo han demandado, cosa rara, en la sección que siempre falla en mi contra y hace "law fare", qué coincidencia, la misma sección que ha sacado mis embajadores, congresistas, alcaldes y gobernadores del Pacto Histórico”, indicó.

El Consejo de Estado tendrá la última palabra. Por ahora, deberá definir si admite esta demanda o no. Pero, desde ya, los expertos consultados por CAMBIO señalan que tanto el eventual proceso judicial como la definición de la ley de presupuesto de 2026 son un asunto esencial no solo para Petro sino para el próximo gobierno. ¿Qué pasará?