El Gobierno expedirá por decreto el Presupuesto General para 2025: ¿qué sigue?

En un hecho inédito en las últimas décadas, el Presupuesto General de la Nación no pudo ser tramitado en el Congreso de la República. Este 24 de septiembre, a un día de que se termine el plazo normativo, las Comisiones Económicas le cerraron la puerta a aprobar la ponencia del Gobierno en su primer debate.

La estocada final al trámite la dio la Comisión Tercera del Senado, en la que 11 senadores se ausentaron del debate e impidieron que la discusión continuara por falta de quórum. El ambiente estaba caldeado por cuenta de la decisión del Gobierno de mantener el monto de 523 billones de pesos sin ceder a las peticiones de varios sectores políticos de reducir la cifra. Ni siquiera un cónclave el pasado 23 en el Ministerio de Hacienda sirvió para llegar a un acuerdo.

De hecho, el primer plazo según la ley se venció el pasado 15 de septiembre, fecha en la que el Congreso tenía que aprobar un monto máximo de gasto. Pero a falta de consenso no se logró aprobar una cifra. Aun así, el trámite siguió y hasta este 25 de septiembre hay plazo para aprobar una ponencia en primer debate. Pero lo cierto es que no hay posibilidades de que esto ocurra y así lo dejó claro el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

"El Gobierno intentó buscar un acuerdo de último momento, todo indica que este acuerdo no se va a lograr", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

Así las cosas, todo indica que -según el Estatuto del Presupuesto- el presupuesto para el próximo año será expedido por decreto, un hecho sobre el que existen pocos antecedentes. "Si esto termina como está tenemos que utilizar los argumentos jurídicos que nos autorizan a sacar el presupuesto adelante", explicó Ricardo Bonilla y agregó: "el presupuesto de 2025 sale por decreto y es lo que el Gobierno radicó".

Por su parte, el presidente de las Comisiones Económicas, José Salazar sentenció: "tendremos presupuesto por decreto". 

¿Qué sigue para el Presupuesto General de la Nación?

Con la vía del Congreso cerrada, las interpretaciones que hace el Gobierno de la ley concluyen en que tiene la facultad de expedirlo por decreto.

Al respecto, el Estauto Orgánico del Presupuesto, la jurisprudencia  y la Constitución establecen esta posibilidad, pero en el caso de que se cumpla el plazo máximo (20 de octubre) y no se tenga ninguna aprobación. Es decir, no se menciona explícitamente qué sigue si no hay aprobación en el primer debate, como ocurrió hoy.

De hecho, varios congresistas han expresado sus dudas sobre un aparente vacío normativo pues, según la ley, el presidente puede decretar el presupuesto pero con las modificaciones hechas durante el primer debate. El problema es que, en este caso, no tuvo lugar ni siquiera una primera discusión cualitativa sobre el proyecto.

Al respecto, el ministro Ricardo Bonilla argumentó que como no hubo primer debate el decreto no tendrá que recoger ningún ajuste propuesto en el Congreso.

"Lo que dice la norma es que, como no hubo debate en la primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el Gobierno. El que sale por decreto, es el proyecto radicado", dijo Bonilla.

Aunque la prueba del Congreso ya pasó para el Presupuesto seguirá otra en la Corte Constitucional. Congreistas independiente y de la oposición anunciaron que, una vez sea expedido el decreto por los 523 billones, presentarán demandas ante esa corporación. El argumento que utilizarán los demandantes es que el presupuesto está desfinanciado, pues por lo menos 11 billones están sujetos a la aprobación de la ley de financiamiento que todavía no se ha empezado a debatir en el Congreso.

Si en dado caso la Corte Constitucional decide tumbar el decreto del Presupuesto General, para 2025 regirá el presupuesto aprobado para 2024.