Hoy radican el proyecto de ley Jorge Enrique Pizano de protección a denunciantes de corrupción

El 8 de noviembre de 2018, hace cinco años,  hacia las 7:30 de la mañana, Inés Ponce de León, esposa de Jorge Enrique Pizano, lo encontró desvanecido en el piso del baño con los ojos abiertos y dificultad para respirar. Como pudo y con ayuda de una empleada y un trabajador, subió a Jorge Enrique en la parte trasera de una camioneta para llevarlo lo más pronto posible al Hospital San Rafael, de Facatativá.

Jorge Enrique Pizano Callejas, ingeniero civil de 56 años, bogotano y  padre de Alejandro, María Carolina y Juanita, murió esa mañana luego de sobrellevar meses de angustia y desasosiego. En computadores, USB, Ipad y maletas llenas de archivos reposaban los resultados de sus investigaciones como controller del proyecto vial Ruta del Sol II. 

Para ese entonces, Pizano ya había dejado constancia de sus hallazgos en varios escenarios. Ante sus exjefes en el Grupo Aval, en un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Fiscalía General de la Nación.

Y a tan solo unas semanas de su muerte, en el escenario que probablemente resultó ser el único trascendente, ante agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) que vinieron a Colombia para empezar a entender todo el entuerto de corrupción y pago de coimas en uno de los escándalos de corrupción más importantes de la región. 

Hace tres meses, la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos multaron al grupo Aval con más de 80 millones de dólares por el pago de sobornos. Hoy no hay dudas de que los hallazgos del controller, en los que se cuenta un giro de 2,7 millones de dólares, que entró al sistema bancario de los Estados Unidos y terminó en pagos de coimas, hace parte de las irregularidades tenidas en cuenta por los investigadores del FBI.

A cinco años de su fallecimiento, las dudas sobre su muerte y las de su hijo Alejandro persisten. Su familia, que decidió romper el silencio a finales del año pasado, libra una batalla judicial, de un lado para que no se archiven las investigaciones por las muertes de sus seres queridos, y de otro, para que finalmente el liquidador de Ruta del Sol II les pague los dineros que le quedaron debiendo a Jorge Enrique Pizano en vida.

El proyecto de ley Jorge Enrique Pizano es una iniciativa de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el se busca brindar medidas de protección a los denunciantes de hechos de corrupción.

El proyecto pretende dar garantías a trabajadores tanto del sector público como privado que denuncien prácticas corruptas. También se protegerá a su entorno familiar. Contempla la implementación de medidas de protección urgentes y también medidas que garanticen la estabilidad laboral de los testigos. 

Protección a periodistas

El proyecto de ley también busca la implementación de medidas de protección  y garantías para la realización de su trabajo a aquellos periodistas que investiguen y denuncien actos de corrupción.

La autorización de la familia Pizano Ponce de León

María Carolina y Juanita Pizano, hijas de Jorge Enrique y su viuda, Inés Elvira Ponce de León dieron autorización expresa para que la ley lleve el nombre del excontroller.

En una carta conocida por CAMBIO, las Pizano Ponce de León lamentaron que una ley como la que ahora será radicada no haya existido hace 5 años, época en la que su padre reveló la gravedad de sus hallazgos: “Indudablemente, si en la época en que nuestro progenitor alzó su voz contra prácticas corruptas vinculadas a la empresa Odebrecht, hubiesen estado en vigor procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales,  como el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal, como se contempla en el proyecto de ley que se propone, la suerte de nuestro padre y nuestro hermano habría sido distinta”.