La cruel indiferencia del Estado frente a la violencia sexual contra las niñas y niños del país

Desde que Univisión publicó el informe "La ley de la selva: niñas indígenas de la Amazonia colombiana son víctimas de violaciones sexuales en medio de una crisis alimenticia", firmado por Gerardo Reyes, los medios de comunicación colombianos han centrado nuevamente su atención en las niñas indígenas del Guaviare; particularmente en tratar de responder la pregunta –aún sin respuesta– de cómo es posible que el Estado permita semejante crueldad.

Detrás de la indignación inicial, aparecieron las primeras cifras. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó haber registrado 378 casos de violencia sexual contra menores indígenas, entre 2018 y 2020. Enseguida, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo desde San José del Guaviare que cruzaría esos números con los del sistema de información de la Fiscalía, porque si todos esos casos no habían llegado a la entidad, iniciaría procesos contra los funcionarios del ICBF por no reportarlos.

El primer problema es ese: las cifras de las distintas entidades del Estado en materia de violencia sexual ni siquiera coinciden. Es decir, es posible afirmar que hay casos de violencia sexual que fueron detectados hace ocho días en un centro de salud pero que aún no han llegado a manos de las autoridades de investigación criminal. Así comienza el camino hacia la impunidad.