Mientras Medicina Legal, en 2022, registró 17.106 casos de presunta violencia sexual contra menores de 14 años, la Fiscalía, en ese lapso, solo realizó 8.188 imputaciones contra presuntos depredadores sexuales.

Y esa es solo la parte final de la ruta. Es decir, la mayoría de las veces es mucho más larga, mucho más lenta y mucho más amarga para las víctimas.

Según fuentes consultadas por CAMBIO, la información que arrojan los sistemas no siempre enciende una alarma sobre los funcionarios del ICBF responsables de restablecer los derechos de las víctimas, o sobre los fiscales encargados de perseguir con prontitud al agresor. Ni unos ni otros llegan al hospital después del reporte. Un fiscal puede tardarse meses en iniciar una investigación formal y en esa ruta muchos casos quedan reducidos a una cifra.

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“Cuando una persona acude al sistema de salud, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, que el servicio de salud no active la ruta; o puede que la active, pero que nunca le hagan los actos urgentes (recolección de prueba), o que lleguen a hacer los actos urgentes, pero no se reflejen en la creación de la noticia criminal”, dice una de las fuentes que conocen de cerca sobre el procedimiento que se aplica en estos casos.

Esas fuentes –cuyos nombres prefieren mantener en reserva–, explicaron a CAMBIO que lo que ocurre frecuentemente es que no hay suficiente personal para investigar los delitos sexuales contra los menores de edad; entonces, muchos prefieren priorizar las denuncias que llegan a través de mecanismos tradicionales (inspecciones de Policía, casas de Justicia, salas de recepción de denuncias de la Fiscalía…) o los casos que generan ruido, y no aquellos en los que, en algunas ocasiones, la víctima o su cuidador no quieren denunciar.

El Código Penal indica que todo acto sexual con niñas menores de 14 años es un abuso sexual, pues, como lo expresa la Corte Constitucional, las niñas no están en capacidad de consentir una relación de este tipo. Sin embargo –señalan las fuentes–, no todos los embarazos de niñas de 14 años son investigados. Un ejemplo de ello es que, a pesar de que el Dane reportó que, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022, nacieron 3.500 bebés de madres menores de 14 años en Colombia, no hay manera de saber -por ahora- cuántos de estos casos alcanzaron a llegar a la Fiscalía y cuántos no; menos, cuántos de estos casos fueron investigados y cuántos llegaron a imputación de cargos, el número de investigaciones penales y de imputación de cargos contra el abusador es muy distinto a esa cifra de madres menores de 14 años.

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“En muchos de los casos de madres de menores de 14 años no se presentan denuncias y tampoco se investiga de oficio porque el sistema de salud reporta esos embarazos o partos de manera inmediata al Dane, pero no a la Fiscalía ni al ICBF, argumentando una vulneración a la intimidad de los menores, lo cual, por supuesto, es ridículo, teniendo en cuenta que para la ley colombiana esa niña es víctima de un delito”, dijo una de las fuentes.

Nada ha cambiado

Ese planteamiento y otras muchas dificultades procedimentales quedaron plasmadas en un documento que radicó la Fiscalía ante el Consejo Superior de Política Criminal en 2019. En él, se dejó en evidencia la falta de articulación que tiene el ente investigador con los sistemas de salud, de educación, del ICBF, entre otros. Incluso, menciona como punto clave la “ausencia de un sistema de información compartido”.

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“Los sectores de salud, educación y protección cuentan con distintos sistemas de información para las tareas de identificación y monitoreo de estas violencias y cuentan con la obligación legal de realizar la denuncia penal en las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos (Ley 1146 de 2007). No obstante, no en todos los casos se cuenta con mecanismos que faciliten la denuncia virtual, el acceso a la información para la generación de la respectiva noticia criminal y la verificación de las actuaciones interinstitucionales para la atención integral. Si existieran estos mecanismos y un sistema de información compartido, podría evitarse en alguna medida la revictimización que significa llamar a un niño o a una niña varias veces, por distintas entidades estatales, para que se refiera, nuevamente, a hechos acaecidos mucho tiempo atrás”, dice el documento conocido por CAMBIO.

El documento también afirma que los niños y niñas víctimas de violencia sexual en las zonas rurales son revictimizadas por el Estado porque ni siquiera pueden ser atendidos y salvaguardados sus derechos de manera inmediata.

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“En las zonas rurales dispersas no hay oferta permanente o continua de los servicios de atención en salud, protección y justicia, lo que dificulta una real y pronta atención de niños y niñas, pese a que es allí en donde esta población se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, por la falta de vías de acceso, la ausencia de internet y los altos costos que demandan para las entidades el ingreso o la comunicación con estos territorios, las acciones de prevención y atención son casi nulas”, dice.

El mismo documento advierte que, en muchos de los casos, por esas demoras que hay entre entidades para trasladar la información sobre un menor víctima de violencia sexual, pasa que cuando los fiscales van a las IPS para recolectar las muestras que sirven como prueba contundente en un proceso penal, muchas veces las pruebas no sirven porque están deterioradas y han sido mal almacenadas.

Como si no fuera suficiente, las víctimas ni siquiera son informadas sobre sus derechos. Según cita el mismo documento, de acuerdo con los estudios del Sivigila, del Instituto Nacional de Salud, solo el 37,2 por ciento de las niñas víctimas de una violencia sexual que derivó en un embarazo recibieron, en 2016, una ilustración satisfactoria sobre el alcance de los derechos enunciados en la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, es decir, sobre su derecho a solicitar la interrupción voluntaria de sus embarazos.

“Uno de los problemas que deriva en que todas las instituciones manejen cifras diferentes es que todas actúan independientes y ninguna de las acciones es articulada. El hospital reporta al Sivigila y, si mucho, articula con Bienestar Familiar. Por ejemplo, en 2019 fueron 150 quejas que se reportaron a Bienestar Familiar, pero desafortunadamente solo terminaron en denuncia 86, un promedio del 60 por ciento. Muchas de las víctimas tuvieron que desplazarse, otras no tuvieron posibilidad de denunciar porque hay presencia de grupos armados, otras fueron abusadas por sus padres en el sector rural y nadie conoce esos casos. El problema radica en la desarticulación que tiene el sistema; los casos que llegan al sistema de salud y al ICBF no tiene la capacidad de conocerlos inmediatamente la Fiscalía, esa desarticulación hace que muchos casos queden impunes”, dijo el gobernador del Guaviare Heydeer Palacio.