“La emergencia climática es también una crisis de derechos humanos”: Diana Guzmán, directora de Dejusticia

El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia) lanzó en el desarrollo de la Feria del Libro de Bogotá una colección de investigaciones que abordan los desafíos urgentes del cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos. La colección incluye análisis sobre la transición energética en territorio wayúu en La Guajira, sobre el funcionamiento de los mercados de carbono y sobre litigios emblemáticos en materia de justicia ambiental. A propósito de este lanzamiento, CAMBIO habló con la doctora en derecho y profesora Diana Guzmán Rodríguez, quien es la directora de Dejusticia.

CAMBIO: Dejusticia lanza una colección sobre cambio climático y derechos humanos. Aunque todos sabemos de las implicaciones de la crisis, hoy sigue siendo un tema que, aunque muchos sectores dicen: si nos importa, en realidad pareciera que no. ¿Comparte esta visión?

Diana Guzmán: Esta colección es un conjunto de investigaciones que parten de una convicción fundamental: el cambio climático es y será la gran amenaza para que podamos seguir viviendo sobre el planeta como lo hemos hecho hasta ahora. Entender y caracterizar el cambio climático implica reconocer que es un problema global, que conecta lo que pasa a distintas escalas geográficas: lo que pasa en lo local, con lo que pasa a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso muestra un problema de interdependencia frente al cual no hemos podido desarrollar una acción colectiva decidida para enfrentarlo.

Entonces, claro que hay mucha acción climática. Claro que cada vez hay más grupos y movimientos trabajando y pensándose la acción climática, pero realmente es difícil generar los cambios profundos que impliquen un giro radical para repensarnos cómo es que vamos a vivir en el futuro dentro de los límites planetarios que existen. Cuando me dices: ‘parece que todo es carreta’, yo entiendo porque eso viene de la frustración de que venimos reconociendo que esto es un problema gigante, pero no parece haber una solución clara. Eso, en parte, tiene que ver con que realmente no hay una solución clara.

Ahora que llega el gobierno de (Donald) Trump y que empieza a reeditar estas narrativas negacionistas, que empieza a quitarle peso a la lucha internacional, que empieza a atacar incluso el multilateralismo y todas esas instancias que, a nivel internacional estaban pensando y abordando el cambio climático, esta situación pone de presente que estamos aún más lejos de lo que creíamos. Ni siquiera estamos en un momento de consensos. Entonces, hablar de cambio climático sigue siendo importante hoy, cuando tenemos que volver a pensar en cómo generamos consensos.

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Ahora que llega el gobierno de (Donald) Trump y que empieza a reeditar estas narrativas negacionistas y a quitarle peso a la lucha internacional, la situación pone de presente que estamos aún más lejos de lo que creíamos. Ni siquiera estamos en un momento de consensos.

CAMBIO: ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

D.G.: Me voy a concentrar en dos cosas. Primero, que el multilateralismo no está logrando realmente transformar unas relaciones profundamente inequitativas entre los Estados. El cambio climático pone de presente una injusticia global: los países que más han contribuido para generar los gases de efecto invernadero son los que menos responsabilidades están asumiendo. Y los países que menos han contribuido, tienen las mayores cargas y efectos del cambio climático. Esa es una injusticia que hay que cambiar porque hace parte central del problema y ahí el multilateralismo ha sido insuficiente, en parte porque se sigue moviendo con lógicas de poder y el poder está en los países que han contribuido más al cambio climático.

Ahora, el multilateralismo es importante y hay que pensar cómo hacer cambios y transformaciones en todas las estructuras que se requieren, por ejemplo, en términos de impuestos o de estructura financiera internacional para poder financiar la acción climática, sin que eso represente mayores cargas para los Estados más pobres y para los que están sufriendo con mayor rigor los efectos del cambio climático.

CAMBIO: ¿Cuál es la segunda preocupación?

D.G.: El cambio climático ha estado muy marcado por el debate técnico, pero para algunas comunidades sigue siendo algo ajeno. Eso nos ha puesto en una situación en la que el cambio y la acción climática, en algunos casos, no ha pensado desde y para los derechos humanos. Desde los derechos humanos para entender qué es lo que significa el cambio climático para las comunidades. Y para los derechos humanos porque si queremos pensarnos en un futuro en el que la humanidad sobreviva en condiciones que respeten sus derechos, tenemos que pensarnos también en el futuro de los derechos humanos.

CAMBIO: Si hablamos de Colombia en concreto, ¿cuáles son sus preocupaciones?

D.G.: Una es cómo financiamos la acción climática y cómo financiamos la transición energética. Este Gobierno ha estado comprometido con la transición energética, pero también y este es uno de los textos que aparece en la colección, tenemos preocupaciones sobre qué tipo de transición energética nos estamos pensando y hasta qué punto esa transición tiene realmente un componente de derechos humanos fuerte. ¿Qué significa que haya un componente de derechos humanos fuerte? Que nos tomamos en serio unos principios básicos de derechos humanos, como por ejemplo la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, la no discriminación.

Este tema se ve con claridad en uno de los textos de la colección escrito por la investigadora María Adelaida Ceballos sobre bonos de carbono, en donde devela y pone de presente un tema que es central: la falta de transparencia. Ni siquiera sabemos muy bien cuáles son los proyectos voluntarios que existen en este momento porque no hay un seguimiento claro y eso hace que sea muy difícil saber cuáles son los criterios de derechos humanos que se están usando en esos mercados. Entonces, sí es muy importante poder poner en el centro de la discusión los derechos humanos para fortalecer esas apuestas. No se trata de ponerle la vida más difícil al Gobierno o de hacer más difícil la acción climática: se trata de hacer una acción climática ética con las personas y para las personas.

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La acción climática, en algunos casos, no ha pensado desde y para los derechos humanos.

CAMBIO: El presidente Petro y su Gobierno sí ha mostrado un interés claro en frenar el cambio climático y poner este tema sobre la mesa. Queda un año y no tenemos una hoja de ruta concreta. Me preocupa que, si no se logra con un Gobierno progresista, no suceda con el nuevo gobierno.

D.G.: Yo creo que se avanzaron discusiones, pero falta concretar mejor cuáles son las regulaciones y la forma como se van a fortalecer esas regulaciones en el terreno, para un Estado como Colombia, pensado con las características y las particularidades del Estado colombiano y de la cultura y sociedad colombiana. Ahora, si hay un enorme riesgo de que el próximo gobierno no ponga en el centro de sus prioridades la emergencia climática ni a las comunidades que la están sufriendo con mayor rigor. Entonces, sí creo que tiene que haber un esfuerzo gigante por seguir impulsando la discusión a pesar de que parezca cháchara, y por exigirle al Gobierno que tiene que haber acciones concretas para generar una transición que sea realmente justa, con las comunidades y que permita mejorar nuestra acción en relación con la emergencia climática y el tema es urgente. Cuando escuchamos a Trump y todas las declaraciones parece que no, que hubiese perdido su vigencia, pero es y sigue siendo la gran crisis que puede afectar globalmente los derechos humanos de todas las poblaciones.

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El cambio climático es la gran crisis que puede afectar globalmente los derechos humanos de todas las poblaciones.

CAMBIO: La crisis impacta principalmente a las comunidades más vulnerables, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las poblaciones campesinas y racializadas. ¿El foco sí está arrancando desde ahí? ¿Cómo deberían empezar las acciones?

D.G.: No en todos los casos. Hay unas obligaciones internacionales que, en todo caso, el Estado está tomándose en serio. Es decir, esto de los mercados de carbono no es una invención nacional, sino que viene de compromisos internacionales y desde allí se inserta a las comunidades. Esto no ha sido consultado y llega a comunidades empobrecidas, racializadas y frente a las cuales el hecho de que llegue esa inyección de recursos sigue siendo importante. Si el Estado cumpliera con sus otras funciones de proveer bienes y servicios, de pronto podrían tener más capacidad para resistir algunos proyectos que no necesariamente benefician sus intereses. Para volver a la pregunta: la respuesta sería no necesariamente.

Hay comunidades organizadas que están exigiendo sus derechos y que están pensando en estrategias y desde ahí se están articulando cosas muy interesantes, pero muchas de las cosas que están pasando en materia de emergencia climática, vienen de arriba, vienen de los compromisos internacionales o vienen de los gobiernos. Esto no es solo de Colombia. Los que se están tomando en serio la lucha contra la emergencia climática, en medio de su afán por buscar soluciones rápidas que son importantes, también están dejando de lado las comunidades.

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Los que se están tomando en serio la lucha contra la emergencia climática, en medio de su afán por buscar soluciones rápidas que son importantes, también están dejando de lado las comunidades.

CAMBIO: Uno de los libros de la colección hace un análisis de varios litigios que se adelantaron en cortes colombianas en referencias a emergencias climáticas. ¿A qué conclusiones llegaron?

D.G.: Primero, hay que decir que el litigio climático se ha convertido en una herramienta de acción climática a la que han recurrido en el último tiempo movimientos sociales, las comunidades y las organizaciones. Prueba de ello es que, a nivel global, ha habido como una emergencia de litigios climáticos concentrados en distintas dimensiones: unos con mitigación y otros con la adaptación. En ese contexto, muchos tribunales han empezado a recibir estos argumentos y han reconocido que hay que hacer algo y que el Estado tiene responsabilidades sobre el medioambiente.

En este texto nosotros exploramos algunos de los litigios en los que nosotros hemos participado, bien sea en su formulación o luego en su implementación. Y hay varias cosas que nos parecen interesantes. Lo primero es reconocer que hay unas condiciones bajo las cuales estos litigios pueden tener mejor recepción por parte de los jueces. También reconocemos que todavía hay muchos problemas en la implementación. El litigio es solo un primer paso en generar transformaciones. Es un primer escalón en un montón de acciones que se requieren después y frente a las cuales hay muchas voluntades que deben movilizarse. Entonces, hay que seguir trabajando un poco en cómo mejorar la implementación de esos litigios, cómo generar mejores condiciones para que el litigio no se quede en una sentencia favorable, sino para que realmente pueda contribuir a transformar y cambiar situaciones.

En todo caso, y ese también es un hallazgo importante, el litigio no puede ser la única herramienta utilizada, tiene que ser parte de un ejercicio más amplio con el cual empiece a abrirse camino a que más voluntades se sumen a la lucha en contra del cambio climático, pero no puede quedarse solamente en lo que decidan los jueces, que en todo caso tienen un conocimiento limitado de estos temas. Las decisiones de los jueces en sí mismas no van a transformar de manera significativa la forma como un Estado en general se presenta o actúa frente al cambio climático.

CAMBIO: Uno de los litigios estudiados tiene que ver, con la protección de la Amazonia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que la declaró sujeto de derechos, por el avance de la deforestación. ¿Qué enseñanzas nos arroja el caso?

D.G.: Ese proceso empezó con una tutela que presentaron 25 jóvenes, niños y niñas de diferentes lugares de Colombia, con el acompañamiento de Dejusticia, para exigir que el Estado tomara acciones decididas para frenar la deforestación. Eso llevó a una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que reconoce el vínculo entre la deforestación y el cambio climático y obliga al Estado a tomar algunas medidas destinadas a frenar la deforestación. Desde ese momento han pasado ya casi siete años desde el momento de la decisión. Y ahí el balance pues sigue siendo un poco agridulce. La sentencia abrió un espacio para el diálogo, pero este ha tenido dificultades. Prueba de ello es que las órdenes estructurales dictadas por la Corte no han terminado de cumplirse. Y la participación de las comunidades, que era uno de los propósitos importantes no se ha logrado como esperábamos: involucrar a las personas que sufren los efectos de la deforestación y el cambio climático sigue siendo una tarea pendiente.

CAMBIO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos está próxima a pronunciarse sobre una opinión consultiva que elevaron Chile y Colombia sobre el cambio climático. Se hicieron dos audiencias donde participaron tanto organizaciones, como empresas y Estados. ¿Qué esperan de este documento que debe emitir la Corte IDH?

D.G.: Hicieron audiencias en las que se escucharon distintos actores, se puso sobre la mesa no solo la preocupación tradicional frente al cambio climático que tiene que ver con descarbonización, sino muchas otras dimensiones del problema como la conservación de la biodiversidad. Creo que la Corte tiene una enorme posibilidad de generar un instrumento interesante para pensar y repensar distintas dimensiones de la emergencia climática y de la acción climática y ponerla en términos de derechos humanos. Pero también quiero ser consciente de que es un momento difícil para la Corte pues Estados Unidos retiró una parte importante de la financiación del Sistema Interamericano.

Espero en todo caso que esas dificultades que pueda estar enfrentando ahora la Corte no se vean reflejadas en un documento menos ambicioso, sino que, por el contrario, sea un documento que contribuya a movilizar ideas y que sea realmente una buena fuente para el movimiento social en torno al cambio climático.

CAMBIO: Hablamos de todo un poquito, ¿hay algún asunto que quiera puntualizar?

D.G.: La emergencia climática es una crisis global que no puede atenderse sin reconocer que es también una crisis de derechos humanos, una crisis de justicia social y una crisis que requiere repensarse la forma como habitamos el mundo y dar un giro radical.