La JEP admitió a ex subjefe de seguridad de Ecopetrol que habló sobre la relación de la petrolera con paramilitares

El pasado 24 de noviembre, CAMBIO reveló en exclusiva el testimonio de José Eduardo González Sánchez, un exintegrante del Ejército Nacional que, tras salir de esa institución, fue subjefe de Seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja y, luego, hizo parte activa de las Autodefensas del Bloque Central Bolívar. Una de sus revelaciones fue que varios directivos de la petrolera se aliaron con la fuerza pública y los paramilitares desde 1996, alianza que incluyó, en la antesala de la masacre del 16 de mayo de 1998, el uso de un helicóptero que estaba destinado a la empresa y que –supuestamente– sirvió para transportar paras, así como material logístico de esos grupos ilegales.

Tras revisar ese compromiso de verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió admitir a González en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La Sala estimó que los aportes de verdad cumplen con lo exigido para su sometimiento porque el relato sí da elementos para obtener un mejor entendimiento del conflicto armado y de cómo iniciaron las relaciones entre la fuerza pública y las AUC en la zona.

En contexto: Exclusivo: Ecopetrol y los paramilitares: exfuncionario salpica a directivos de Barrancabermeja

La resolución asegura que los aportes de González pueden ser de gran utilidad en relación con los hechos que se examinan en el macrocaso 008 de la JEP, que revisa los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en connivencia con otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares. Específicamente, sobre la “radicalización de la lucha contrainsurgente y estigmatización de la población civil”, que tiene entre las zonas referenciadas el Magdalena Medio, Antioquia, Bolívar y Santander.

Lo que dijo González sobre Ecopetrol y las AUC

Como reveló CAMBIO, González Sánchez aceptó haber facilitado y sostenido reuniones en la antesala de las masacres de 1998 y en la del 28 de febrero de 1999; específicamente, con el director corporativo de seguridad de Ecopetrol, Marco Tulio Restrepo, y con el secretario de seguridad de la Presidencia de la República, general (r) Antonio Sánchez Vargas, "para motivar el ingreso de autodefensas". Aceptó nexos con el Batallón de Artillería N.° 2 Nueva Granada, el Batallón de Contraguerrillas N.° 45 Héroes de Majagual y con tropas de la Policía, el Comando Especial del Magdalena Medio (COEM) de la Armada y las Autodefensas Unidas de Santander y sur del Cesar.

Por ejemplo, el exfuncionario destacó una cita en la casa de huéspedes de la refinería con su tío, el general (r) Antonio Sánchez Vargas, quien también fue jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja y fue quien lo llevó a la petrolera para “estudiar y crear las condiciones para el ingreso de las autodefensas al sur de Bolívar, al Magdalena Medio y a Barrancabermeja”, ya que había una preocupación de seguridad porque se estaban presentado atentados terroristas y extorsiones de parte de la guerrilla.

González indicó que en una de esas reuniones se enteró de que el jefe de seguridad de la estación Galán de Oleoductos, el mayor (r) Vargas González “también conocía la estrategia e (…) iba a trabajar con la misma causa”, por lo que en el año 1996, con la intervención de Marco Tulio Restrepo, se infiltró en la nómina de Ecopetrol a personas de confianza para que, a su vez, estos intentaran infiltrarse en el sindicado de la USO. Entre ellos estaban Carlos Piedrahita Zabala, quien había sido soldado profesional, y Leocadio Bohórquez. En la estructura del Bloque Central Bolívar, a Piedrahita y Bohórquez serían conocidos con los alias de Mauricio –o David– y Leo, respectivamente.

Las reuniones también sirvieron para contactar al teniente Carlos Mauricio García, alias 00 y hombre de confianza de Carlos Castaño. El testimonio también apunta a que “las contribuciones materiales de Ecopetrol para el ingreso de las autodefensas al sur de Bolívar y Barrancabermeja” fueron inflar la cantidad de personas que estaban reportadas como tropas al servicio de la petrolera de los batallones mencionados, a cambio de colaborar con las incursiones armadas y permitir el uso del helicóptero en misiones de las AUC.

"Se hicieron reuniones para presentar y contactar a los comandantes de las autodefensas que iban a ingresar en esa época. Eran los tres máximos: alias Julián Bolívar, alias Gustavo Alarcón y alias Mauricio. Fueron reuniones por separado en el Batallón Nueva Granada (Barrancabermeja), inicialmente con el jefe de inteligencia el capitán Oswaldo Prada Escobar y alias Gustavo Alarcón; luego, en el Batallón de Contraguerrillas N.° 45 Héroes de Majagual también hubo reuniones con el coronel Rodríguez; y posteriormente con el Mayor (sic) Jesús Herrera (Comandante (sic), Ejecutivo (sic) y Jefe de Operaciones (sic), respectivamente) con alias David en la base militar de refinería, con el comando Especial del Magdalena Medio - COEMM de la Policía", dijo.

"Tal reunión fue con el coronel Joaquín Correa y con alias Julián Bolívar en la oficina del comando en la que en cada una de ellas aprobaron individualmente mediante “guiño” adelantar el “proyecto” de las autodefensas, además de acordarse en cada reunión que en adelante los contactos serían con un suboficial de inteligencia del batallón Nueva Granada, llamado cabo primero Luis Alfonso Salcedo, el cual era subalterno del capitán Prada", agregó.

La JEP también valoró como aporte de verdad las declaraciones entregadas respecto a la masacre de 1998. Según González Sánchez, alias Camilo Morantes le envió dos emisarios para una reunión que él supuestamente rechazó. Luego, según dice González, se enteró de que ya había coordinación con el Batallón para conformar en Barrancabermeja una Convivir, como las de Antioquia, pero no para masacres.

"(...) Me enteré que el Coronel (sic) Joaquín Correa les había dado la consigna de no dejar muertos, luego de perpetradas las masacres, y que les había dado 15 minutos para recoger los cuerpos del lugar donde habían sido asesinadas las víctimas, todo centrado en la información de unos comandantes de las guerrillas que se la pasaban jugando billar los fines de semana, pero (que) al momento de ejecutar la incursión se sorprendieron de que en el sitio se realizaba un bazar y por eso terminaron llevándose tanta gente, al punto que por sobrecupo en las dos camionetas, tuvieron que bajar y asesinar a 6 personas", narró.

"Entonces lo que yo suponía era que, como se trataba de zona urbana, lo iban a hacer con el conocido modus operandi de estos grupos, lo que se conocía como “limpieza social”, eliminando integrantes del bando contrario, en este caso a quienes consideraban que eran miembros de la guerrilla", agregó.

González aceptó que, para la ejecución de la masacre del 16 de mayo de 1998, su participación fue gestionar la reunión que el coronel Joaquín Correa López (comandante de la policía del Magdalena Medio) y José Eddie Álvarez (director seccional del DAS) iban a tener por separado con los paramilitares Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, y Fremio Sánchez, alias Esteban; reuniones que se hicieron a solicitud del mayor Jesús Herrera García y del capitán Oswaldo Prada Escobar (de los batallones Nueva Granada y Contraguerrillas N° 45, respectivamente).

"Sin embargo, debo manifestar que nunca supe cuándo operó ese grupo de autodefensas, ni la forma como iban a ingresar a Barrancabermeja. De todas formas, es claro que son hechos del conflicto armado en los que fui involucrado y estoy dispuesto a aceptar que presté colaboración con la fuerza pública a efectos que se reuniera con las autodefensas de las AUSAC, así como con el Director Corporativo (sic) de seguridad de Ecopetrol, Marco Tulio Restrepo. Así mismo, con el secretario de seguridad de la Presidencia de la República, General (r) Antonio Sánchez Vargas, para motivar el ingreso de autodefensas, acepto la participación en tales sucesos en la forma como lo estime jurídicamente adecuado esta Jurisdicción Especial para la Paz y que conllevaron a organización y la realización de dicha reunión".

La JEP advirtió, eso sí, que estas versiones serán objeto de una estricta contrastación y que la aceptación de su sometimiento no es una situación consolidada, sino que está sujeta a la constante verificación del régimen de condicionalidad. Por eso, le dio diez días a Sánchez para hacer una serie de precisiones sobre relato y para que explique, por ejemplo, qué colaboración puede prestar a otros órganos del Sistema Integral, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

La diligencia de aporte temprano a la verdad se realizará el 8 de febrero.