La semana en que el paro minero y de campesinos de los páramos eclipsaron la COP16

Tras el estallido social, varios analistas consideraban que era necesario que llegara al poder un gobierno que estuviera detrás de los movimientos sociales. No para ofrecer soluciones inmediatas a los problemas estructurales del país, sino para que experimentara directamente las dificultades de resolverlos. 

Si bien los dos paros ya se levantaron, sí obligaron a la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, a hacer una pausa en la presidencia de la COP16, que se realiza en Cali, para atender las protestas relacionadas con su sector y que han afectado a siete departamentos.

Se trata del paro minero cuyos protagonistas afirman que son comunidades ancestrales y tradicionales que han trabajado en los territorios desde hace muchos años en una labor que consideran tan difícil como honesta.

Para ellos, la situación de la minería —en especial las que ejercen los más pequeños— en el país ha empeorado porque las comunidades no han sido tenidas en cuenta en los procesos de formalización y legalización de los grandes titulares.

“Mientras nosotros nos sentamos a dialogar y buscar posibles soluciones a los conflictos y tensiones que genera la problemática social, por otro lado el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, emite decretos. Antes era el 2235 y hoy es el 1035, que ordena la quema de maquinaria amarilla, porque, según ellos, un pequeño minero no puede tener una retroexcavadora”, le dijo a RCN Yarley Marín López, presidente de la mesa minera de Segovia.

No a la criminalización de la protesta

Para este vocero, la maquinaria amarilla no implica que un minero sea criminal. “Tener un equipo mecanizado para la minería de veta no significa que estemos al margen de la ley o que seamos ilegales. Eso es industrialización de la minería”, se justifica.

Esta protesta afectó los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander. Para atenderla, tuvieron que abandonar la COP el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien integró un equipo junto a la viceministra de Minas, Johanna Rocha, y el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón.

Esta situación tiene dos elementos de extrema gravedad. En algunas zonas, especialmente en el departamento de Antioquia, es casi imposible llevarla a cabo sin la instrumentalización del Clan del Golfo.

Durante las protestas de 2023, el entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, afirmó que la parálisis en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste era “muy compleja” por las “presiones” que ejerce la banda criminal del Clan del Golfo sobre los mineros.

“Detrás de estas protestas violentas está el Clan del Golfo, porque confinar a 200.000 o 400.000 personas solo lo puede hacer una organización criminal del tamaño del Clan del Golfo”, dijo Gaviria en su momento.

El gobernador contó que, ante el avance depredador de la minería ilegal, que ha destruido áreas protegidas y cauces de ríos, además de extender zonas áridas, decidió invitar a la ministra Muhamad a realizar un sobrevuelo.

-La ministra lloró al ver cómo habían acabado con el territorio, relató Gaviria.

Los daños devastadores en el ecosistema 

Los daños para el ecosistema son devastadores. “La minería ilegal de oro es la segunda causa de degradación de los bosques amazónicos después de la deforestación”, señala un documento de Parques Nacionales de Colombia.

Para la Alianza Amazónica para la Reducción de Impactos de la Minería de Oro, estos son algunas de sus consecuencias:

1.    La minería de oro aluvial genera efectos prácticamente irreversibles en la diversidad hidrobiológica del bioma amazónico debido al uso de mercurio, que al terminar en el agua se transforma en metilmercurio, un compuesto tóxico que se acumula en peces y se transfiere a otros animales y seres humanos a través de su consumo.

2.    Los impactos negativos en los pueblos indígenas y otras comunidades son devastadores. Estudios en comunidades indígenas han encontrado que los niveles de mercurio superan ampliamente las recomendaciones de la OMS, lo que es especialmente crítico en mujeres gestantes y niños.

3.    La minería es la principal amenaza para los pueblos indígenas en aislamiento. Estos pueblos se han ocultado en sus territorios para evitar contacto con la sociedad, pero el avance de la minería y la presencia de economías ilegales amenazan su integridad.

Es difícil que el Gobierno impulse avances en protección de la biodiversidad en la COP16 mientras cede, al mismo tiempo, ante una actividad con tales consecuencias.

La situación del paro campesino

La situación con el paro campesino era similar. Los agricultores que participaron en el paro, convocado por la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, exigían que el Gobierno Nacional extendiera la frontera agrícola para realizar labores agropecuarias en áreas protegidas, como los páramos Santurbán, Almorzadero y Cocuy.

Los manifestantes rechazan la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, así como las resoluciones que delimitan los páramos Almorzadero, Santurbán y la Sierra Nevada del Cocuy.

Para levantar el paro, también pedían la derogación de la resolución 261 de 2018, que definió la Frontera Agrícola Nacional, y la concertación de una nueva regulación sobre esta materia.

Los campesinos y habitantes de estas zonas protegidas le reiteraron al Gobierno que sus ingresos dependen de manera directa de las actividades agrícolas que desarrollan en esos territorios. Además, consideran que la Ley de Páramos perjudica el desarrollo agrícola de sus regiones.

La Federación de Campesinos exigía soluciones efectivas respecto a la delimitación de los páramos, la frontera agrícola y las zonas de reserva temporales, con el fin de garantizar la sostenibilidad económica de las familias que habitan estas áreas protegidas.

Ante esta situación, la ministra Muhamad pidió a la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Tatiana Roa, que se centrara en resolver el conflicto.

“La tierra y la propiedad tienen una función ecológica y social, y debemos llegar a acuerdos que garanticen esto, pero asegurando también el derecho al trabajo en las regiones”, afirmó Muhamad.

Hay que decir que ya se lograron acuerdos entre el Gobierno y el campesinado para levantar el paro. 

La necesidad de proteger los páramos

La Federación ha insistido en que el Gobierno debe ampliar la frontera agrícola para permitir cultivos en los páramos, una petición difícil de cumplir para un gobierno que ha centrado buena parte de su discurso en la defensa de la vida y del agua. ¿Cómo permitir cultivos en los nacimientos de los ríos mientras en la COP se trabaja precisamente para evitarlo?

“Los páramos colombianos ofrecen funciones ambientales esenciales. Cuentan con una biodiversidad única y su suelo tiene la capacidad de fijar carbono atmosférico, contribuyendo al control del cambio climático. Pero lo más valioso es su capacidad para retener y almacenar agua”, señala un informe de Greenpeace.

Este organismo recuerda que los páramos son unos de los ecosistemas más vulnerables y amenazados de Sudamérica y el neotrópico. Considerados islas continentales, ocupan una superficie reducida en comparación con otros ecosistemas, lo que los hace muy frágiles frente al cambio climático y las actividades humanas.

Las principales amenazas para estos ecosistemas son la ganadería, la agricultura (especialmente el cultivo de papa y amapola) y la minería. El calentamiento global agrava esta degradación, dificultando aún más distinguir los efectos de cada actividad.

En conclusión, se trata de dos conflictos muy complejos que estallaron justo cuando Colombia celebra la reunión más importante, bajo este gobierno, en favor de la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el Gobierno logró llegar a acuerdos con los mineros y campesinos y demostró que tiene la capacidad de concertar.