Las advertencias de Humberto Sierra Porto sobre la elección del candidato a reemplazarlo en la Corte IDH

Humberto Sierra Porto, juez colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, propone en entrevista con CAMBIO hacer un proceso público y de amplio escrutinio para designar a la persona que Colombia propondrá para reemplazarlo ante la Asamblea de la OEA. Si bien la elección es en junio de 2024, necesita de una campaña diplomática para asegurarla. Por eso, dice Sierra Porto, el candidato debe ser elegido lo más pronto posible.

CAMBIO: Ya vimos con la terna a la Corte Constitucional un proceso bastante rápido y sabemos la importancia de tener a una persona representando al país en la Corte IDH. ¿Cuál es su visión de este proceso que se viene?

Humberto Sierra Porto: La importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para Colombia en los últimos años se ha puesto de manifiesto. Los desarrollos de la Corte IDH sobre el debido proceso, sobre el principio de la doble conformidad, sobre el derecho de que la misma persona que investiga no puede ser la que juzga, entre otros, han determinado reformas como la que se hizo en la Corte Suprema de Justicia (sobre la doble instancia). También, el impacto que ha tenido el caso Petro para el funcionamiento del derecho disciplinario. Son algunos ejemplos y no los más importantes. Estándares que hoy están en las normas colombianas, en el debate, están teniendo trascendencia en el día a día de la sociedad colombiana. Con semejante importancia es deseable que tengamos siempre representantes ante la Comisión y ante la Corte Interamericana.

CAMBIO: Usted termina su periodo como juez de la Corte IDH el próximo año...

HSP.: Concluyo el año entrante 12 años de permanencia en la Corte IDH. Durante todo el año entrante seré juez. Sin embargo, la elección de mi reemplazo se hará en junio en la Asamblea de la OEA. Probablemente el candidato de Colombia, en caso tal de que así lo desee el Gobierno, debe estar listo a finales de este año o a principios del próximo, para que se pueda hacer toda la gestión diplomática que esa elección exige.

CAMBIO: Si la elección es en junio, ¿por qué hacer advertencias desde ya? 

HSP.: La elección consiste esencialmente en un trabajo de relacionamiento diplomático. El momento en el cual se presenten los candidatos es determinante: cuanto antes se presente, mejor se puede desarrollar. Esa es una estrategia que le corresponde a Cancillería, pero normalmente ya para esta época deben estar moviéndose quiénes pueden ser los candidatos y, como tarde, en enero ya debería estar el candidato de Colombia.

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Esa es una estrategia que le corresponde a Cancillería, pero normalmente ya para esta época deben estar moviéndose quienes pueden ser los candidatos y, como tarde, en enero ya debería estar el candidato de Colombia.

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CAMBIO: Estas no son plazas fijas. Colombia tiene un representante hace 12 años. ¿Qué implicaciones tendría perder la elección y que su reemplazo no sea el candidato nacional sino el de otro país?

HSP.:  Son procesos de elección. Todos los países de la OEA pueden presentar candidatos. Solamente siete personas, a título personal, pero presentados por el país, pueden ser elegidos. No hay nada ganado. Un país como Colombia, que es un punto de referencia en el desarrollo jurídico, debe siempre aspirar a tener la mayor representación. La importancia del país tiene que reflejarse en las responsabilidades que asume internacionalmente. Es una cuestión de dignidad del Estado tratar de tener las mejores posiciones. Además de eso, el hecho de que pueda servir de vaso comunicante entre los desarrollos jurisprudenciales, la manera de entender el derecho, la manera de administrar justicia, con lo que se hace a nivel interamericano, de todo el continente, es importantísimo para expresar el liderazgo jurídico- político del país.

CAMBIO: Más allá de no participar como juez en los casos que involucren a Colombia...

HSP.: El hecho de que no participe en los casos colombianos no significa que no se participe con incidencia en Colombia a través, por ejemplo, de las opiniones consultivas y de la construcción de la jurisprudencia; porque lo que se diga de Argentina, de Chile, de otros países, son estándares jurisprudenciales que también son utilizados en Colombia. 

CAMBIO: ¿Cuál es su llamado para este proceso de elección?

HSP.: La elección de un magistrado a nivel interamericano tiene unas etapas que son bien interesantes. Primero, es una decisión del presidente de la República, pero eso no significa que no deba ser objeto de reflexión para el país. La idea es que se establezcan cuáles son los perfiles para desempeñar estos cargos: pueden ser de personas que han tenido experiencia en la diplomacia, experiencia en el ejercicio profesional o en el activismo en materia de derechos, o personas que vengan de experiencias judiciales. La idea es que eso se haga público y que se haga un debate sobre qué es lo que conviene. Además de eso, que los periodistas, que las asociaciones de derechos humanos, la Academia y los distintos partidos puedan dar su opinión más allá de que, insisto, la decisión le corresponde al presidente de la República.

CAMBIO: ¿Ese proceso de escrutinio existe ya en el proceso de elección?

HSP.: Una vez se escoge al candidato de cualquier país, este es llevado a debates, a audiencias en Washington. En esas audiencias, los periodistas, los ciudadanos, les preguntan su opinión sobre la política Internacional, sobre los derechos humanos, sobre cuál es su actitud frente a los derechos de las mujeres... hacen una investigación de su vida y recorrido, todo con el propósito de tratar de saber quiénes son las personas que van a tomar las decisiones. Además, se hace un estudio de las hojas de vida por ONG y unas asociaciones con universidades que dan opiniones sobre el particular. Entonces, ¿a dónde voy? Ese escrutinio se hará una vez se designe al candidato, pero la pregunta de todas estas organizaciones es por qué es una decisión del Gobierno que no tiene en cuenta la opinión de la sociedad civil dentro del país. 

CAMBIO: ¿Entonces la sugerencia es que haya un proceso similar y público en Colombia y evitar sorpresas?

HSP.: La sugerencia es, hasta donde sea posible, independientemente de que el Presidente sigue teniendo la decisión, que pueda generar este tipo de espacios. Creo que, en un Gobierno como este, sería muy propicio tener esa oportunidad. Por la trascendencia del cargo y de lo que se hace, lo más conveniente es que la sociedad colombiana opine sobre por lo menos los perfiles y la orientación de los candidatos, sobre cuál es el perfil que más le conviene al país para que tenga respetabilidad la decisión. Esa es la invitación, por supuesto, siempre respetando que la decisión final le va a corresponder al Presidente.

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Lo más conveniente es que la sociedad colombiana opine sobre por lo menos los perfiles y la orientación de los candidatos, sobre cuál es el perfil que más le conviene al país para que tenga respetabilidad la decisión. Esa es la invitación.

CAMBIO: Un proceso con audiencia pública, con oportunidad de hacer comentarios a las hojas de vida de los candidatos, como se han hecho otro tipo de elecciones a nivel nacional, y que haya claridad de que la persona que nos va a representar tenga la idoneidad y no solo la capacidad; que esté libre de escándalos. ¿a eso se refiere?

HSP.: ¿Por qué es conveniente hacerlo? Porque ha pasado, no ha sido el caso de Colombia, que se presentan candidatos y allá, en el sistema interamericano, los muelen. Si no se ausculta adecuadamente los perfiles acá, termina haciéndose en el exterior. 

CAMBIO: ¿Usted ya sabe algo de cómo va esta carrera? Por ahí suenan nombres entre los académicos y las cortes que no se sabe si son personas que se quieren postular haciéndose sonar o si, en efecto, han sido consideradas ya por el Presidente.

HSP.:  La verdad es que no. Es una decisión del Presidente y hasta que el Presidente decida, no hay nada definido. Por eso es que este tipo de procesos no deben ser manejados por las secciones de secretos, de un periodismo de chisme que ni siquiera confronta. Ese no es el mecanismo para que se ausculte la posibilidad de los candidatos, debe ser una cosa institucional y menos informal, como hasta ahora se ha estado haciendo.

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CAMBIO: Ciertamente son indicativos de lo que quiere el Presidente la terna que presentó para la Fiscalía y la que presentó para la Corte Constitucional. Esta última fue criticada y la elección fue bastante rápida. ¿Cuál es su opinión sobre esa terna de Cielo Rusinque, Gerardo vega y Vladimir Fernández, en la que finalmente fue elegido Fernández?

HSP.: Sería poco sensato de mi parte señalar cómo se tiene que hacer una terna. En Colombia, dos tercios de los integrantes de la Corte Constitucional tienen que tener origen en la Rama Judicial, en el Consejo de Estado y la Corte Suprema, y un tercio por parte del Presidente, dándole un mayor realce al tema jurídico respecto de la orientación política que puede ser determinante en el Congreso. Entonces, la idea es hacer un equilibrio y creo que el equilibrio se sigue manteniendo. El doctor Vladimir es un jurista. Creo que de lo que se trata ahora es de darle la mejor de las energías, de desearle lo mejor en su ejercicio y esperar que efectivamente haga bien su trabajo. Es una persona que viene del derecho administrativo y es importante que alguien que sepa de esos temas aporte a la Corte Constitucional. Siempre hay criticas de todas las ternas, de momento no hubo mayor debate en el Congreso. Creo que ese parte del asunto, creo que hay que hacer más efectiva la posibilidad de contrastar opiniones, permitir que no solamente el Congreso realice una audiencia, sino que se hagan audiencias públicas para tratar de revisar hasta el máximo el recorrido de los candidatos. Ahora, insisto, sobre lo que se ha hecho hasta ahora, es la costumbre y es lo que nos ha funcionado.

CAMBIO: ¿Ha hablado con el Presidente sobre el candidato para su reemplazo? ¿Lo hablaron ahora que vino la Corte IDH a sesionar en Colombia?

HSP.: No, para nada. Esa fue una reunión institucional de la Corte y no fue una reunión de decisión de políticas nacionales. 

Las discusiones que siguen vivas y las que se aproximan

CAMBIO: Para anticipar un poco de su balance, ¿usted cree que Colombia acude mucho al Sistema Interamericano?

HSP.: Cada día tiene más resonancia, más importancia, lo que se dice en el Sistema Interamericano, se utiliza en las decisiones de los jueces. Pero que se utilice mucho el sistema en Colombia no es tan cierto, porque es un sistema diseñado para tener muy pocas sentencias. La Corte Interamericana hace 30-35 sentencias al año como máximo y Colombia es uno entre muchos otros. Tenemos más de 500 millones de personas que hacen parte del Sistema Interamericano, con lo cual es difícil que sea la Corte Interamericana la que decida cada uno de los casos. Lo que sucede es que la gente utiliza políticamente el acceso al Sistema Interamericano. Un político, cuando está inconforme con alguna decisión, dice: 'voy a acudir al Sistema Interamericano'. Cualquier alcalde, cualquier gobernador que tiene algún tipo de problema de carácter jurídico dice: 'voy a acudir al Sistema Interamericano'. Es como una especie de mecanismo para decir que no se puede hacer de cualquier manera la protección de los derechos, sino que hay que tener en cuenta los criterios generales que se están manejando a nivel internacional.

CAMBIO: También es percibido como que, si en Colombia no se puede, allá sí. Incluso, entidades como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, acudieron a la CIDH a pedir medidas cautelares por las elecciones regionales. ¿Ha visto un incremento del uso político del Sistema?

HSP.: Lo que pasa es que acudir al Sistema Interamericano puede ser leído de dos formas. Una es la que usted señala, de indicar que la insuficiencia que se puede dar a nivel interno puede ser corregida por un tribunal internacional. La otra lectura es que las decisiones del Sistema Interamericano generan efectos positivos en Colombia, efectos de transformación. Es que la presión internacional que subyace en las sentencias de la Corte IDH genera un efecto catalizador positivo, de transformaciones. Ese debate sobre la corrección del proceso disciplinario por parte de la Procuraduría, ¿la tendríamos en Colombia si no existiera la sentencia del caso Petro? Probablemente no. ¿Por qué se modificó el sistema de juzgamiento en la Corte Suprema? Por la jurisprudencia de la Corte IDH. 

CAMBIO: La Corte IDH dijo que solo un juez penal puede afectar los derechos políticos de los elegidos por voto popular. La Corte Constitucional dice que puede ser cualquier juez y dispuso que las sanciones de la Procuraduría a estas personas por la justicia administrativa y el Consejo de Estado está definiendo si cumple ese mandato o no...

HSP.: Yo creo que hay que mirarlo desde cierta distancia. Cuando uno mira el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que hace la jurisprudencia de la Corte IDH, y mira el trabajo que ha hecho la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los jueces colombianos, hay prácticamente una total armonía, una plena coherencia entre los desarrollos a nivel interno y a nivel interamericano. Es más, Colombia es un país líder en materia de desarrollos jurisprudenciales. Entonces, de todo el universo de temas comunes, hay un punto, menos del 1 por ciento, en donde se están generando ajustes con el debate del caso Petro. Entonces, sí, es un debate interesante, apasionante, pero estamos en un proceso, que es complejísimo, entre la armonización entre los de los temas internacionales con los temas nacionales y eso va a ser el futuro.

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CAMBIO:  Ahora se viene en la Corte IDH la sentencia, en un caso en el que usted no participa como juez pero que conoce, que tiene que ver con el exministro Saulo Arboleda, quien fue condenado en el 2000 en única instancia porque en ese momento no había doble instancia, y él está reclamando la posibilidad de revisar esa sentencia. Ahí ya la Corte Suprema se plantó y el Estado la respaldó y un fallo podría abrir la puerta a que sentencias dictadas incluso desde el 2000 o más atrás sean revisadas cuando ya son cosa juzgada. ¿Hay un límite?

HSP.: Eso es parte del ejercicio que tendremos que hacer, de cuál es el alcance del principio de favorabilidad cuando se modifican las leyes y  se dan mayores garantías para un juzgamiento penal, por ejemplo. Si eso es solamente hacia el futuro o hacia el pasado y cómo se va a compatibilizar el principio de favorabilidad en materia penal con la estabilidad necesaria para que los procesos, una vez se decidan, sean firmes y no tengan que ser reconsiderados. Eso ya ha pasado en Colombia en más de una ocasión con el principio de doble conformidad o cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional que quien juzga sea el que investiga. Son temas que deben ser definidos, hay muchas alternativas y no me gustaría referirme en detalle, es mejor esperar que sea definido.