Detalles de la orden de detención contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la UNGRD.
Las reformas de Petro por las que habrían sobornado a Iván Name y Andrés Calle: las pruebas en poder de la Corte
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CAMBIO conoció la decisión de 183 páginas en la que la Corte Suprema de Justicia se basó para ordenar la captura de los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. La Sala de Instrucción da plena credibilidad a los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Por: Ana María Cuesta
CAMBIO conoció el documento de 183 páginas con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
En la decisión, proyectada por el magistrado Francisco Farfán, y que contó con los votos de los magistrados César Reyes, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda, y con la disidencia parcial de Cristina Lombana y Héctor Alarcón, la Corte dictó detención preventiva contra los actuales parlamentarios por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio (aunque variaron este último delito, pues antes los habían llamado a indagatoria por peculado por apropiación en favor de terceros).
El alto tribunal advierte que Name y Calle “presuntamente recibieron una millonaria suma de dinero”, 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones de pesos para Calle, con el fin de que respaldaran las reformas pensional y de salud impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, la primera de ellas convertida actualmente en ley.
¿Enlaces del Gobierno para sobornar legisladores?
Los recursos habrían sido entregados, con la mediación de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y por la supuesta orden del director entonces del Dapre, Carlos Ramón González, los días 12 y 13 de octubre de 2023, para el caso del senador de la Alianza Verde, y el 14 de octubre por el lado del representante liberal, y salieron de la millonaria bolsa de la UNGRD.
"Circunstancias examinadas dentro de la pequeña historia del proceso muestran la muy probable participación de funcionarios del gobierno nacional, como enlace para sobornar a legisladores, en procura de conseguir apoyo a sus iniciativas legislativas y de alguna manera comprar la gobernabilidad del Congreso", dice el documento de la Corte en poder de CAMBIO.
En la misma determinación, la Corte se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, al considerar que “no se encuentran acreditados aún los requisitos sustanciales y probatorios para sustentar la misma”. En este punto exaltan que, hasta el momento, solo se cuenta con la aseveración de Olmedo López.
Cabe recordar que, según lo que expusieron Olmedo López y Sneyder Pinilla, las coimas que recibieron los directivos del Congreso en 2023 fueron a parar en la financiación de las campañas al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del senador, en las de la Gobernación de Córdoba de Gabriel Enrique Calle, hermano del representante, y para la Alcaldía de Montelíbano de su padre, Gabriel Alberto.
En la deliberación que realizó la Corte también se analizaron datos de georreferenciación de los vehículos de los implicados en la entrega de las coimas por 4.000 millones de pesos, lo que "explicaría que Sandra Ortiz habría actuado como la intermediaria o mensajera para hacer llegar el dinero".
Las reformas por las que habrían sobornado a Name y Calle
La Corte advierte que, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, “posiblemente se habría fraguado un acuerdo” para que Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces directivos de la UNGRD, utilizaran los recursos de la entidad para “comprar la función de algunos congresistas, en procura de que estos ayudaran en el trámite y aprobación de proyectos de reformas legislativas presentadas por el Gobierno nacional”, refiriéndose concretamente a las reformas pensional y de salud.
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"Los testimonios de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Olmedo de Jesús López Martínez constituyen pruebas suficiente y necesaria para imponer en este caso una medida cautelar en la medida en que se encuentran revestidos de un importante mérito suasorio, por cuanto provienen de coimputados, de dos personas sobre las cuales pesa la más grave atribución de cargos criminales por la presunta apropiación de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y quienes han confesado que utilizaron recursos de esa entidad para entregarlos a los aforados (...) suministrando datos precisos sobre el monto de las sumas dinerarias entregadas, las fechas para las cuales esto se hizo, las circunstancias que antecedieron la entrega, entre otros aspectos que evidencian la credibilidad de sus dichos", expresa el documento de la Corte.
Cuestionan los alegatos de Name y Calle
En la decisión, la Sala de Instrucción de la Corte además desvirtuó los alegatos que dieron durante su indagatoria el senador Name y el representante Calle: el primero aseguró que había animadversión de Olmedo López y el segundo dijo que existía un complot en su contra y 'bronca' contra su padre. Name y Calle coincidieron en cuestionar a sus denunciantes por ser unos "confesos delincuentes".
"No se encuentra acreditada a esta altura la supuesta conspiración que ha pretendido construir Calle Aguas como la causa que habría motivado los señalamientos en su contra. Dice este congresista que las sindicaciones de Olmedo López Martínez constituyen una retaliación de este por un debate de control político, para el cual se citara al entonces director UNGRD, Olmedo López Martínez", agrega el alto tribunal.
Corte valida la amistad de los implicados
Otro de los componentes de la extensa decisión de la Corte va ligado al vínculo de amistad que existía entre Sandra Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name con ocasión de su rol en la Alianza Verde.
"Existen importantes datos fácticos que corroboran los señalamientos de los testigos de cargo y que operan por tanto como elementos suasorios de corroboración. El primero, la pertenencia de Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, así como la de Name Vázquez al partido Alianza Verde, y el segundo, el vínculo de amistad entre los dirigentes políticos antes mencionados, pero además el acreditado vínculo de amistad entre Sandra Ortiz y María Clara Name", agrega la decisión.
Esos vínculos de amistad política, dice la Corte, "constituyen datos fácticos que apuntalan la posibilidad cierta de que Carlos Ramón González Merchán, más cuando tenía un marcado interés por sacar adelante las reforma legislativas por ser parte del Gobierno nacional, haya auspiciado y ordenado la entrega del dinero a su amigo y copartidario político el referido senador Name Vásquez, para financiar la campaña política de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá en octubre de 2023, también de su mismo partido, buscando además que este apoyara dichas reformas, y es probable que dentro de este contexto Sandra Liliana Ortiz haya intervenido como mensajera para la entrega del dinero", puntualiza el alto tribunal.
