Ataque y contraataque al Palacio de Justicia: "Las cosas todavía no se llaman por su nombre", dice Helena Uran

La jefe de Unidad para la No Repetición del Ministerio de Relaciones Exteriores, Helena Uran Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran, ejecutado durante el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, cuestionó que 38 años después, aún las cosas no se llamen por su nombre: no fue una "toma y retoma", sino como un "ataque y contraataque" al Palacio de Justicia. Y un hecho que partió la historia del país en dos.

En ese sentido, indicó que, en su criterio, es equivocado hablar de "toma y retoma del Palacio de Justicia" porque la reacción de las Fuerzas Armadas a la incursión guerrillera del M-19 no fue una acción que siguiera el orden constitucional.

“No se puede hablar de retoma del orden constitucional cuando se entra a un edificio que alberga una de las ramas de los tres poderes, la jurisdiccional, y entra con tanques de guerra, y se prende fuego y hay francotiradores y alrededor de 100 personas muertas al final”, dijo Uran. La funcionaria indicó que la sociedad colombiana parece no haber dimensionado realmente el debilitamiento profundo en la rama judicial que generó lo sucedido.

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Así lo dijo Uran en el marco del panel ‘Superación del Negacionismo: ataque a instituciones democráticas’ que organizó la Unidad de la Cancillería para Medidas de No Repetición para abrir un diálogo sobre tres hechos que tuvieron un impacto profundo en sus países: el ataque y contraataque al Palacio de Justicia en Colombia en 1985 y su grave impacto en la sociedad colombiana, la quema del Parlamento Alemán en 1933 que marcó la llegada de los Nazis del recien nombrado canciller Adolfo Hitler, y del bombardeo al Palacio de la Moneda de Chile en 1973 que llevó al derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende, elegido en democracia y la dictadura de Augusto Pinochet por 17 años.

Uran aseguró en el panel que en 1985 la prensa replicó la versión oficial de que la fuerza pública había "defendido la democracia", aún si esa versión implicaba "llevarse por delante" a los magistrados que fallecieron en el hecho. Además, recordó que se suele enfatizar en los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que eran víctimas de amenazas, y señaló que aún no se ha contado la historia completa de las amenazas que recibían integrantes del Consejo de Estado que estaban estudiando casos de violaciones de derechos humanos y que venían de condenar a la nación por un caso de tortura.

Incluso, Uran llamó la atención por el hecho de que la prensa, en su momento, no se preguntó por la posible participación de Estados Unidos en los hechos. “Era plena Guerra Fría, ¿por qué ningún periodista de la época se hizo esa pregunta? ¿Por qué ningún fiscal investigó? Son muchísimas cosas que se han ocultado”, dijo.

La funcionaria, además, enfatizó en que el Palacio de Justicia se reconstruyó en su momento sin hacer una reflexión ni un homenaje a las víctimas, “como si no hubiera pasado nada”, lo cual se ha venido haciendo pero solo hasta hace unos años. Primero, con las fotos de los magistrados de la Corte Suprema y, luego, con una placa que consiga todos los nombres de las víctimas.

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“Hasta hace dos años lo que había era unos cuadros de los magistrados titulares. A veces me doy cuenta de que no es de mala fe, es que siempre se ha hecho así”, dijo al indicar que se ha venido naturalizando lo sucedido, masacre tras masacre.

“Este ha sido el patrón en Colombia de negar, de esconder, de dar eco a una versión oficial incompleta y mentirosa”, agregó Uran al indicar que en este caso las mujeres han tenido un rol clave, especialmente el de las madres, hijas y hermanas de las víctimas y de los desaparecidos. Además, resaltó el valor de la entonces fiscal Ángela María Buitrago que investigó los hechos, logrando develar verdades que estaban ocultas. "Todas las personas que se han intentado acercar a la verdad han tenido repercusiones hasta hoy en su desarrollo profesional y en su seguridad muy extremas", precisó.

La funcionaria enfatizó en que el ataque del Palacio de Justicia sigue generando confrontación en la sociedad sobre quién tuvo la culpa, lo que lleva a no poder reconocer que la magnitud de lo que realmente pasó y que el ataque del M-19 no legitimaba la reacción que hubo. “Es un hecho que partió la historia de este país”, dijo.

Sobre el bombardeo a la Casa de la Moneda chilena

En el panel participó igualmente María Inés Ruz, embajadora de Chile en Colombia, quien aseguró que el bombardeo a la Casa de la Moneda, no solamente fue un “ataque”, fue el hito que comenzó la dictadura de 17 años de Pinochet, y que llevó a un cambio estructural social y económico drástico.

Ruz, quien fue asesora internacional del Ministerio de Defensa y analista de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, hizo énfasis en que a pesar de que el 'No' ganó en el plebiscito que empezó a dar el paso a la democracia, este movimiento no tuvo la fuerza suficiente para convertirse en una fuerza social que lograra cambios significativos en los primeros diez años de transición y para que en la Constitución se creara una protección mayor de derechos. “Lo que hubo fue un pacto político que dejó al dictador (Pinochet siguió en el Congreso)”, dijo.

Ruz señaló que a finales de los años 90 todavía en Chile se hablaba de “presuntos desaparecidos”, de “gobierno militar”, que los funcionarios del Ministerio de Defensa no usaban la palabra “dictadura” y que había un temor de decir las cosas por su nombre. También enfatizó en que no fueron los partidos políticos, ni el movimiento sindical que era bastante fuerte en Chile, sino las madres y las esposas de los presos políticos y de los desaparecidos y de los ejecutados los que lograron poner el tema sobre la mesa.

Además, llamó la atención sobre la importancia de la Comisión Valech y del reconocimiento en transición de graves violaciones de derechos humanos. Y dijo que apenas hasta el Gobierno actual de Gabriel Boric se aprobó una ley de búsqueda de personas desparecidas. Aún así, la embajadora dijo que los retos siguen presentándose en Chile para evitar que el negacionismo tome fuerza y puso como ejemplo reciente que en el gobierno del fallecido Sebastián Piñera, se cambió la palabra “dictadura” por “régimen” en los libros de texto.

A su turno, Thomas Krüger, presidente de la Agencia Federal Alemana para la Educación Política, puso de presente el rol de la sociedad civil tras la quema del Parlamento Alemán en 1933, que fue un punto de partida para el posterior régimen nazi, para ganar espacios de memoria y preservar lo que realmente pasó. Así, dijo que, si bien las cabezas fueron castigadas, muchos de los integrantes nazis siguieron en la economía y en la política y que el camino que se labró para volver a la democracia fue largo.

Krüger fue miembro fundador de los Socialdemócratas de la RDA, así como vicealcalde de Berlín del Este de 1990 a 1991, concejal de Asuntos Internos en el Ayuntamiento de Berlín en la época de la reunificación, así como Senador de Juventud y Familia en Berlín y miembro del parlamento alemán.

Krüger reseñó que los lugares de memoria llegaron tras el trabajo de la sociedad civil y señaló que los retos de educación política siguen ahora ante la amenaza que representa el auge de la derecha fascista.

El panel fue moderado por Stefan Peters, director Académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ y catedrático de Estudios de Paz en la Justus-Liebig-Universität Gießen (Alemania).