Juan Pablo Barrientos, periodista colombiano.
Crédito: X @JPBarrientosH
Pederastia: las diócesis que no le han entregado información al periodista Juan Pablo Barrientos
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La Corte Constitucional estudia 48 tutelas acumuladas que ha presentado el periodista Juan Pablo Barrientos en medio de las investigaciones que adelanta sobre casos de pederastia que involucran a integrantes de la Iglesia católica. ¿En qué va el caso?
Uno de los procesos más grandes que lleva la Corte Constitucional en este momento envuelve los 137 derechos de petición y de tutela que ha elevado el periodista Juan Pablo Barrientos, con los que busca acceder a los archivos de la Iglesia católica que tienen información de sus integrantes denunciados o involucrados en casos de pederastia.
Solo 17 han sido respondidas. Por esa razón, presentó junto al periodista Miguel Ángel Estupiñán 120 tutelas de las cuales ganó 75, aunque esto no implica que le hayan respondido, y perdió 45. La Corte Constitucional tiene la facultad de revisar todos los fallos de tutela que se emiten en el país por razones de importancia jurídica, y seleccionó en el año 48 tutelas, las últimas tres el pasado lunes.
Ese megacaso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Las tres tutelas seleccionadas involucran a las diócesis de Pereira, Málaga (Santander) y a la Congregación para la Fraternidad Sacerdotal. ¿Cuáles son las otras que se han negado a darle información al periodista?
Se trata de las diócesis de Neiva, Apartadó, Caldas (Antioquia), El Espinal, Girardot, Tunja, Granada (Meta), Santa Rosa de Osos, Valledupar, Sincelejo, Yopal, Socorro y San Gil, Chiquinquirá, Cúcuta, Garzón, Buga, La Dorada-Guaduas, Pasto, Palmira, Cartago, Montelíbano y la diócesis de Mocoa-Sibundoy
Igualmente, tampoco han respondido las Arquidiócesis de Popayán, Bogotá, Medellín, Tunja y Nueva Pamplona, así como el Obispado Castrense, la Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de Medellín, los Padres Vicentinos, el Instituto Misionero San Juan Eudes, los Hijos de la Sagrada Familia y la Compañía de María Padres Montfortianos.
La petición del periodista incluye conocer el listado de sacerdotes ordenados, su fecha de vinculación, denuncias en su contra por violencia sexual contra niños y cuántas de esas denuncias se han remitido a la Fiscalía. Tampoco han respondido los Padres Asuncionistas, los Clérigos de San Viator, la Compañía de Jesús en Colombia, la Orden de Frailes Siervos de María y los Misioneros Javerianos de Yarumal.
Igualmente, no han respondido el Vicariato Apostólico de Tierradentro, la Congregación de Jesús y María-Padres Eudistas, los Josefinos de Murialdo, la Congregación de los Sagrados Corazones, los Misioneros Scalabrinianos y los Agustinos Recoletos-Provincia Nuestra Señora de La Candelaria.
El reclamo que se hace en este asunto es que ya la Corte Constitucional ha fallado en dos oportunidades en favor de Barrientos en la sentencia T-091 de 2020 y en la SU-191 de 2022, que unificó jurisprudencia indicando que las peticiones del periodista sobre datos semiprivados no son objeto de reserva alguna. En diálogo con CAMBIO, Barrientos aseguró que espera que se mantengan los precedentes y se ordene entregar la información, que hace parte de una investigación periodística de la cual ya se han publicado dos libros.
“Esta revisión que hace ahora la Corte es contra todos los obispos de Colombia, ya no solo Medellín, aunque entró de nuevo el arzobispo de Medellín por negarse a cumplir dos precedentes de la Corte y entró el cardenal, que es el arzobispo de Bogotá que ha encubierto a curas pederastas”, señaló Barrientos.
El periodista agregó que espera que la Corte obligue a la Iglesia a entregar el archivo secreto que, dijo, es “en donde reposan las denuncias por violencia sexual infantil contra sacerdotes, denuncias que en su mayoría no han sido remitidas a la Fiscalía, que es el único órgano en Colombia que puede y tiene obligación de investigar estos casos”.
De hecho, Barrientos publicará en próximos días su tercer libro sobre esta investigación, llamado El Archivo Secreto. Según indicó, en esos archivos se han escondido “cientos” de denuncias que involucran a menores de edad, en un fenómeno que se ha identificado a nivel mundial.
“Los obispos están en la obligación de revelar lo que hay en esos archivos secretos y entregárselos a la Fiscalía y esperamos de la Corte que nos garantice el acceso a estos datos semiprivados”, señaló.
¿Qué ha pasado en el proceso?
En medio de este trámite judicial, también se han visto casos en que obispos han presentado tutelas, en contra de las decisiones de tutela que habían salido favorables para el periodista Barrientos. Así ha pasado en los casos de las diócesis de Caldas, El Espinal, Istimina, Quibdó y el Obispado Castrense, bajo el argumento de que debían ser vinculados en el trámite todos los curas de sus organizaciones.
Y una de esas tutelas, presentada por el obispo de Caldas, también será revisada por la Corte en este expediente.
La Corte también dictó el pasado 19 de octubre un auto en el que ordenó vincular a todas las personas que han sido mencionadas en este proceso y en el que avisa a esas personas y a la ciudadanía en general que, en caso de querer hacerlo, pueden pronunciarse en este proceso.
Además, en un plazo de diez días un grupo de diósesis deben informar si ya dieron respuesta a las peticiones de información de Barrientos y enviarlas a la Corte. Esto aplica para la diócesis de El Espinal, Pasto, Mocoa-Sibundoy, La Dorada-Guaduas, Buenaventura, Cartago y Palmira; así como a la Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de Medellín, a la Arquidiócesis de Bogotá y de Nueva Pamplona, a la Congregación de Jesús y María-Padres Eudistas, a la Congregación de los Josefinos de Murialdo, a la Congregación de los Sagrados Corazones, a la Congregación de los Misioneros Scalabrinianos, a la Congregación de los Misioneros Javerianos de Yarumal y a la Congregación de Padres Vicentinos.
En este caso, a la Corte igualmente han llegado peticiones de Gabriel Ángel Villa, arzobispo de Tunja, y de los sacerdotes que hacen parte de la Arquidiócesis de Tunja Leopoldo López Vega, Javier Rodríguez Betancourt, Joaquín Quiroz Gutiérrez, Jeison Fernando Albarrán Ruiz y Jaime Alejandro Barón Monguí, en las que están solicitando que se suspenda la orden que les dio un juzgado de entregar la información a Barrientos.
Ellos primero dijeron que no había una obligación de dar información de sacerdotes que no estén relacionados con abuso sexual y luego pidieron suspender la orden de responder en 90 días, insistiendo en que hacerlo violaría los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre y al hábeas data de aquellos sacerdotes que no tienen antecedentes ni fueron vinculados al proceso judicial.
La Corte les concedió la petición, mientras hay solución en el alto tribunal, diciendo que ya han pasado cinco años y el tiempo de espera adicional “no genera un daño desproporcionado”. Mientras sigue el estudio en la Corte, se espera que, de a poco, otras 40 tutelas lleguen eventualmente al alto tribunal.
Entre tanto, Barrientos explica que las tutelas que ganó no han sido efectivas, pues solo el 13 por ciento de obispos y comunidades religiosas le han respondido.
