Política, ignorancia y moralismo: las razones del mal viaje del cannabis en Colombia

“Felicitaciones a los 45 senadores que con su voto impidieron la legalización del consumo recreativo de la marihuana”, escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X el pasado 12 de diciembre, horas después de que el proyecto para regular el uso del cannabis en adultos se hundiera otra vez en el Senado. Los senadores del Centro Democrático celebraron a rabiar su “triunfo”, golpeando sus pupitres en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.

El trino del expresidente fue el retrato perfecto de la constante desinformación que ha rodeado la discusión sobre la regulación del cannabis en Colombia. En realidad, nadie impidió “la legalización del consumo recreativo de la marihuana” porque este ya está permitido en Colombia desde 1986 gracias a la Ley 30 de ese año, la cual reguló el porte de la dosis mínima de sustancias como la marihuana y la cocaína. Lo que buscaba el proyecto, que lleva cinco intentos fallidos en el Congreso, era saldar una paradoja perversa en Colombia: se puede portar y consumir marihuana legalmente, pero es ilegal comprarla.

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El mensaje de Uribe fue uno más entre las decenas de publicaciones de políticos, líderes de opinión y hasta algunos medios de comunicación que inundaron las redes durante la última semana, desinformando abiertamente sobre el consumo de cannabis en Colombia, no solo con motivo del debate del proyecto en el Senado, sino con el ya célebre decreto de la discordia del presidente Petro del 7 de diciembre pasado.

El decreto de Petro derogó –por inconstitucional– otro decreto de 2018 expedido por el expresidente Iván Duque mediante el cual se le había otorgado facultades a la Policía para imponer multas a portadores de marihuana, heroína, cocaína y drogas sintéticas. El documento se filtró y en plena resaca de la noche de velitas aparecieron trinos explosivos y titulares rimbombantes que incluso llegaron a hablar de la inminente legalización del microtráfico de drogas en el país.

“Gustavo Petro le hace un gran daño a la sociedad colombiana prohibiendo que la Policía impida la venta de drogas ilícitas en las calles. En la práctica es una especie de legalización del microtráfico”, dijo el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez, mientras que RCN Radio tituló:  “Petro defiende su decreto de la venta de drogas”. La directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, no se quedó atrás y salió adelante con otro “estremecedor” mensaje:

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“Están felices los narcotraficantes que se dedican también al microtráfico de cocaína, marihuana, heroína, éxtasis y ahora hasta fentanilo en ciudades, colegios y universidades, y demás. El Gobierno Petro derogó el decreto que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas. La Policía quedó desarmada para luchar contra este flagelo”, escribió Dávila en su cuenta de X.

Tardía y atropelladamente el Gobierno intentó contener los daños de su nula estrategia de socialización del decreto. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró que la decisión presidencial “lo único que hace es derogar una sanción de multa que había impuesto el Gobierno anterior para el porte de dosis personal”. Pero el daño ya estaba hecho y, con la polémica a cuestas, el proyecto para regular el cannabis de uso adulto llegó a la plenaria del Senado, que se convirtió en el cementerio de varias iniciativas claves del Ejecutivo.

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Al final de la jornada, el proyecto se hundió gracias a los votos de casi todas las bancadas en el Congreso; de oposición, de la independencia y hasta de la coalición de Gobierno como algunos “liberales” y el senador de la Alianza Verde JotaPe Hernández. “Con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras familias no se metan”, dijo Hernández, reciclando los emotivos argumentos sobre la familia, la niñez, la juventud y los parques que se han utilizado desde hace décadas por los sectores opositores a la regulación y la legalización del cannabis y otras sustancias.

La mezcla entre desinformación, conservadurismo vergonzante y voto-castigo al Gobierno derivaron en que el proyecto no pudiera superar la traba eterna a la que se ha enfrentado desde hace varios años.

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“Hay unas posiciones muy retrógradas, muy conservadoras y hasta generacionales en el Senado, pero lo más grave es que están todas mal informadas”, le dijo a CAMBIO la senadora María José Pizarro, quien impulsó activamente el proyecto de regulación del cannabis en su más reciente intento.

Pizarro, visiblemente molesta y decepcionada de sus colegas en aquella plenaria del 12 de diciembre, considera que probablemente para superar la obstinación en el Legislativo sea necesario un nuevo Congreso.

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“Me parece triste porque los números los tenemos, pero en este momento prima más el castigo al Gobierno que una necesidad del país”, dijo la senadora del Pacto Histórico.

Y los votos están. Algunos senadores consultados por CAMBIO expresaron que cambiaron su voto a último minuto por culpa de la controversia del decreto y la poca conveniencia política de haber apoyado el proyecto del cannabis justo en esa coyuntura. “Lo del decreto fue un papayazo del Gobierno y no podíamos jugarnos nuestro capital político así como así”, explicó un senador liberal.

Por su parte, el senador David Luna, el único congresista de los partidos de oposición que apoyó el proyecto de regulación del cannabis, le dijo a CAMBIO: “Hace 30 años en Colombia consumir marihuana es legal. Lastimosamente en este momento en los entornos escolares y deportivos están azotados por el microtráfico. La única forma de controlar que a los niños no les llegue esa sustancia es establecer unas reglas no solo de venta, sino de distribución y de consumo”. Sin embargo, Luna sí considera que el decreto del 7 de diciembre fue un error:

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“Es una equivocación total, porque precisamente lo que se busca con el proyecto es evitar que el consumo o que la distribución llegue a los menores. Claramente lo que está haciendo el decreto es permitirlo”, dijo el senador de Cambio Radical.

Sin regulación del cannabis pierden los consumidores y ganan los jíbaros

Aunque los gritos en el cielo de sectores críticos a la regulación del mercado del cannabis se han soportado en el argumento de proteger a los niños, jóvenes y los consumidores y no a los traficantes, lo cierto es que la ausencia regulatoria y el empecinamiento en la criminalización impactan principalmente a las poblaciones vulnerables.

Miguel Samper, exviceministro de Justicia y expresidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis, le dijo a CAMBIO que "para mi hija de 9 años es más fácil hoy acceder a un porro que a una cerveza", en referencia a que la regulación de sustancias como el alcohol y el tabaco permite imponer restricciones rigurosas para mantener alejados a los niños y jóvenes del consumo. 

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"El del cannabis es un mercado que actualmente existe y que las reglas de juego las ponen los narcotraficantes, quienes son los que llevan el cannabis ilegal a las puertas de las universidades y los colegios (...) si queremos quitarle la oferta a los niños y jóvenes hay que regular", dijo Samper.

Para el senador David Luna, la nuez del debate no debe ser lo ideológica sino la protección, a través de la regulación, de los menores en riesgo de ser consumidores o que ya han dado el paso, como ya se ha hecho con otras sustancias. "Ahí es donde deberíamos estar concentrados en el debate, en cómo proteger a los menores y cómo sacarlos del consumo. La pregunta es: ¿Por qué pudimos hacerlo con el cigarrillo? ¿Por qué estamos ad portas de hacerlo con los vapeadores? ¿Por qué lo pudimos hacer con el alcohol", cuestionó Luna. 

En ello coincide la senadora Pizarro, quien además advierte sobre los riesgos de la ausencia de regulación para los consumidores en términos de calidad del producto: "Estamos lanzando a los jóvenes a la criminalidad con la prohibición porque el que quiera consumir debe recurrir al jíbaro o a la olla, en donde no va a conseguir una sustancia regulada y de buena calidad; por el contrario, se expone a sustancias modificadas probablemente mezcladas con cocaína o tusi", dijo la congresista.

Justamente, la urgente necesidad de una pedagogía adecuada para un consumo responsable ha hecho surgir proyectos como el de Échele Cabeza, una iniciativa que ha sido fundamental para que los jóvenes vulnerables y no vulnerables tengan información rigurosa que les permita un consumo responsable y la disminución de riesgos al momento de hacerlo. Julián Quintero, fundador de esta iniciativa, explicó que, con la ausencia de regulación, pierde principalmente el consumidor.

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"Pierden los consumidores porque seguirán siendo perseguidos y acosados por la fuerza pública, porque dejan de acceder a productos de calidad sin sangre y sin violencia. Y pierden porque sigue el estigma y el prejuicio sobre ellos", afirmó Quintero a CAMBIO.

Quintero agregó que con la regulación del mercado del cannabis se le puede quitar el dinero a las mafias y con ello disminuir la violencia, dinero que puede ingresar a las arcas públicas, aunque las cifras del potencial en Colombia no son muy claras. "Las cifras sobre el potencial del mercado del cannabis en Colombia las tienen los grupos narcotraficantes, ellos podrán decir de cuánto han sido sus ganancias", dijo Miguel Samper.

Sin embargo, las experiencias internacionales de regulación del cannabis de uso adulto dan ideas sobre el potencial económico de regular el mercado. Es el caso de Canadá, que en 2018 dio el paso hacia la legalización de la marihuana recreativa. En los cinco años que han pasado desde el giro regulatorio en ese país, la industria del cannabis recreativo de uso adulto en Canadá se valora hoy en día en 4.000 millones de dólares y ha generado cerca de 98.000 empleos. Además, el país norteamericano ha recaudado 3.787 millones de dólares en impuestos entre 2018 y 2023 de la industria de la marihuana recreativa. Eso sí, Canadá enfrenta otro problema y es el de la sobreoferta, que ha obligado a varios productores a destruir inventario.

En el caso de Uruguay, que cumplió este 2023 diez años con la marihuana recreativa legalizada, las empresas habilitadas para exportar cannabis facturaron 5,3 millones de dólares en 2022. Sin embargo, también son numerosos los casos de las empresas que han quebrado o tenido serias dificultades financieras para continuar en el negocio, según lo reseñó la BBC el 13 de diciembre pasado.

Los dos "peros" de la regulación del cannabis en Canadá y Uruguay representan una alerta para Colombia, pero también una oportunidad para corregir errores del pasado, especialmente con el mercado del cannabis medicinal, que desde 2016 se empezó a regular en el país y que hoy en día está "en coma", como dice Miguel Samper. "La industria del cannabis medicinal en Colombia no está ni siquiera en cuidados intensivos, ya está en coma", por la falta de una regulación completa del sector en los dos últimos gobiernos (Duque y Petro).

Samper criticó duramente al Gobierno Petro por su pasividad para avanzar en el campo del cannabis medicinal: "Si este Gobierno no impulsa la industria, va a terminar sepultándola".

Así, la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia sigue estando en un mal viaje del que no hay todavía una certeza de volver. Mientras tanto, los consumidores, así como los jóvenes y niños, seguirán a merced los traficantes, que son los que de facto regulan el mercado de la marihuana sin ninguna traba efectiva.