'Invitamos al Gobierno a una mesa de diálogo y a repensar la cifra', Unión de IPS Colombia

Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS Colombia (UNIPS), se muestra profundamente preocupado por el “efecto negativo” que tendrá esta medida en “el sector de la salud” y sobre “todos los colombianos”. La decisión del Gobierno de aumentar solo un 5,36 % en la UPC para 2025, según Toro, acentúa un problema ya existente. “Veníamos de un desequilibrio enorme y ahora se le suma este desfase. ¿Cómo vamos a pagar una gran parte del talento humano que depende de este ingreso?”, pregunta.

Pero no solo se verá afectado el bolsillo de los trabajadores, sino que también es probable que haya un estancamiento en el sector debido a la falta de recursos. “Las dificultades en la financiación también implican que las IPS no podrán realizar mejoras o adquirir nuevas tecnologías, lo que afectaría la calidad de la atención brindada a los pacientes”, explicó.

Al sufrir el ecosistema, el impacto recaerá directamente sobre los usuarios. “A medida que las clínicas y hospitales se ven obligados a cerrar servicios y reducir personal, la oferta de atención en salud podría verse comprometida”, agregó.

Por esta razón, Toro invita al Gobierno a abrir mesas de diálogo para repensar esta cifra. “Con el diálogo todo es posible”, asegura. “Se trata de encontrar soluciones que beneficien a toda la sociedad”, afirma.

Según Toro, la crisis impactará principalmente los servicios ambulatorios y las cirugías programadas, ya que las instituciones deberán priorizar los recursos para emergencias.

CAMBIO: ¿Por qué se llegó a esta situación?

JORGE TORO: El insumo para calcular el monto de los presupuestos máximos que se debe destinar para cada vigencia, como el mismo cálculo de la UPC, es un ejercicio que debe empezar en junio del año inmediatamente anterior, con cálculos también del año inmediatamente anterior.

CAMBIO: ¿De entrada hay un retraso de un año?

J. T.: Exactamente. Es una situación que hemos criticado porque debería ser corregida. Los cálculos para definir esa cifra siempre están desfasados un año. En este caso, se hacen no con los datos de 2024, sino con los cálculos, frecuencias, gastos y costos de 2023. Siempre hemos puesto el énfasis de que la UPC esté un año desajustada, porque la decisión se toma con los datos del año inmediatamente anterior.

CAMBIO: ¿Cómo mejorar esto?

J. T.: Lo primero que hemos pedido históricamente es que actualicen la metodología para que sea más precisa, y el aumento se resuelva con los indicadores, las tarifas y los costos del año inmediatamente anterior. La discusión pasa por el hecho de que el aumento se hace en diciembre. Es un tema técnico en el que se deberían hacer proyecciones y ser muy precisos en los cambios semestrales para ver claramente hacia dónde van los indicadores y, a partir de ahí, tomar decisiones.

CAMBIO: ¿Esta es una decisión de este Gobierno?

J. T.: No. Si bien la decisión de hoy la toma el Gobierno actual, tradicionalmente ha sido un tema tratado así por gobiernos anteriores. Muchos gobiernos han entendido que efectivamente podríamos mejorar los tiempos y los procedimientos para la definición y cálculo de estas cifras, pero no se ha hecho de la manera indicada.

CAMBIO: ¿Qué ha sido diferente con este gobierno?

J. T.: Este gobierno ha tenido una tesis desde su llegada: no se debe entregar más dinero a las EPS porque no lo están utilizando de manera adecuada.

CAMBIO: ¿Es así?

J. T.: Desafortunadamente, no podemos tapar el sol con un dedo. Todos los escándalos relacionados con las EPS intervenidas, lo que pasó con la Nueva EPS, lo que está pasando ahora con Coosalud, y la misma historia que tuvimos con Salucop, son claros ejemplos de cómo se ha mal manejado el dinero en casos puntuales. Esto ha dado argumentos al Gobierno para decir que efectivamente el dinero destinado a la salud no se utiliza correctamente. Estos fueron los fundamentos de la resolución que emitió el Gobierno este año, en la que, al no tener cifras claras, decidió actuar de esta manera.

CAMBIO: ¿Cree que el gobierno actuó de manera arbitraria?

J. T.: El Gobierno tiene acceso a toda la información. Si algún actor del sector está haciendo mal uso de los recursos, debe llevarlos a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General de la Nación. No solo debería ser su tarea, sino su obligación, porque los delitos deben ser castigados. El Estado tiene todas las instancias de inspección, vigilancia y control para poner en cintura a los responsables. Decir que se están robando el dinero no significa que haya que recortar los fondos.

CAMBIO: ¿Pero si hay algunos actores que han cometido delitos?

J. T.: Eso lo deben definir las autoridades correspondientes. El Estado debe ser competente en todo su conjunto: hacer las investigaciones necesarias, llevar a los culpables ante la justicia, pero no sacrificar todo el sistema con ese argumento.

CAMBIO: ¿Con base en qué información el Gobierno tomó esta decisión?

J. T.: El Gobierno tiene la facultad de actuar de esta manera cuando no tiene información clara, la metodología definida y la cifra que debe aplicar la UPC. La ley se lo permite. En este caso, el Gobierno optó por la cifra del IPC. Sin embargo, ya veníamos advirtiendo sobre un déficit de 9 billones de pesos.

CAMBIO: En estas condiciones, ¿qué va a pasar en 2025?

J. T.: Para nosotros, los prestadores, para la red prestadora, es muy complicado. Nosotros estamos obligados a atender urgencias y hospitalizaciones. No podemos negarnos a atender ni urgencias ni hospitalizaciones. Es el único sistema del mercado en Colombia que te obliga a vender a crédito.

CAMBIO: ¿Está el sistema en cuidados intensivos?

J. T.: En este momento, el sistema está en una situación financiera muy compleja. Es como si tuviéramos que trabajar con empresas que están quebradas. Es una situación muy difícil porque no podemos más que decir que cerramos servicios de forma definitiva o temporal, o que simplemente no le vendemos a las EPS. Al final, quien queda absolutamente perjudicado es el usuario, porque se está quedando sin opciones de atención.

CAMBIO: Dentro de la cadena del sistema, ¿qué papel ocupan ustedes?

J. T.: En el sistema de aseguramiento, existen las EPS, que manejan el plan de beneficios y el sistema de aseguramiento universal. También están las excepcionadas, que son un grupo pequeño, como los maestros, las fuerzas militares, la Universidad Nacional, etc. Estas excepciones son solo cuatro o cinco. El resto son las EPS que aseguran a la mayoría de la población, y son ellas las que nos compran los servicios.

CAMBIO: ¿Es ahí donde acuden la mayoría de los ciudadanos?

J. T.: Así es. Es allí donde el usuario ve cristalizado su acceso y derecho a la salud. Somos nosotros, los prestadores, quienes garantizamos ese acceso. Todas estas entidades, las administradoras de planes de beneficios, contratan con la red de clínicas, tanto públicas como privadas, para que toda la atención de salud en el país sea cubierta. Algunos de estos actores tienen integración vertical, es decir, también son IPS, pero no dejan de ser EPS. La preferencia por contratar con ellas existe, pero siguen siendo EPS.

CAMBIO: ¿La red prestadora garantiza el acceso universal?

J. T.: Sí, la red prestadora es la que garantiza el acceso universal a la atención en salud, las tecnologías y los medicamentos. Somos los encargados de asegurar que el usuario reciba la atención médica.

CAMBIO: ¿Qué es su gremio, cierto?

J. T.: Sí, la Unión de IPS de Colombia (UNIPS).

CAMBIO: Para el ciudadano común, ¿qué significa esto?

J. T.: El término IPS no es claro para los usuarios. Ellos entienden que la clínica es privada y el hospital es público. No hacen una distinción más allá de eso. Para ellos, no hay diferencia, aunque la norma nos define como instituciones prestadoras de servicios de salud que pueden ser públicas o privadas. Cuando un usuario va al hospital en las grandes ciudades o a una clínica en el pueblo, sabe que el hospital es público y la clínica es privada. 

CAMBIO: ¿Cuántas instituciones agrupan ustedes?

J. T.: Nosotros agrupamos a 530 instituciones prestadoras de salud, todas de carácter privado, y tenemos presencia en 19 departamentos.

CAMBIO: ¿Qué significa, desde el punto de vista del mensaje, que todos estos movimientos se hayan dado sin la presencia del ministro de Salud? ¿Hay algún mensaje que usted interprete en esta decisión?

J. T.: No quiero calificar esto como una decisión intencional. No me quiero meter en ese terreno porque, al final, lo importante es que el actor es el mismo Gobierno. Se ha querido calificar como que el ministro no quiso asumir el papel de firmar la resolución, pero el año pasado tampoco lo hizo. La firmó el secretario general. Los funcionarios también tienen derecho a descansar unos días.

CAMBIO: El año arranca con esta noticia, ¿cómo se vislumbra que será el año para el sector?

J. T.: Muy complicado. Pongamos el ejemplo de la economía de una casa. Si en un año te ganas un millón de pesos y distribuyes ese monto en todos los gastos que tienes, pero te dicen que el próximo año solo ganarás 500.000 pesos, tienes que hacer ajustes en todos los gastos.

CAMBIO: ¿Así de drástico fue el recorte?

J. T.: Sí. Este ajuste es prácticamente de la mitad, porque el año pasado fue del 12%. Todos en el sistema estábamos pidiendo un aumento del 16,5 % para poder compensar el desequilibrio que venía de atrás, y nos salen con un aumento del 5,36%. Basta imaginar lo que implica hacer todo un ejercicio de reingeniería de procesos y costos para ajustarnos a lo que vamos a recibir realmente.

CAMBIO: ¿Cómo se afecta directamente al usuario?

J. T.: Pensando en el usuario, lo que ocurrirá es que se van a aplazar muchos servicios. El sistema se va a enfocar en atender emergencias, pero todo lo que es ambulatorio, todo lo que pueda ser aplazado, se va a postergar, porque no hay dinero para pagarlo.

CAMBIO: Señor Toro, ¿hay alguna posibilidad de que se abra una negociación?

J. T.: Todavía mantenemos la esperanza de que el Gobierno pueda reflexionar y abrir mesas técnicas en las que podamos trabajar conjuntamente. Se trata de encontrar soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad.

CAMBIO: ¿En las mesas no estuvieron presentes las EPS?

J.T.: En este momento, ha habido un grave problema, y es que las EPS argumentan que no tuvieron las reuniones técnicas para poder defenderse. El argumento del Ministerio de Salud, según la resolución, es que la información proporcionada por las EPS fue insuficiente o de mala calidad. Pero, ¿qué se hace en ese caso? Llamas a la EPS y le dices: “Oye, la información que me enviaste no me cuadra, ¿me la puedes explicar?” ¿No hubiera sido más fácil? El Gobierno no convocó esas mesas técnicas, y eso dejó a las EPS sin la oportunidad de decir: “Efectivamente cometí un error, ahora te mando los datos correctos” o “Esas son mis cifras”. Haberse dado ese intercambio de información, ese feedback, habría permitido verificar si la información era insuficiente o si se podía corregir.

CAMBIO: ¿Cómo leen ustedes que el presidente haya aumentado el salario mínimo un 9,5% y las UPC un 5,36%?

J.T.: Para nosotros, los empleadores, nos pone en una situación muy complicada. En este momento, entre el 60% y el 70% del personal que labora en una clínica está en salario mínimo: auxiliares de enfermería, técnicos de radiología, personal de aseo, mantenimiento, vigilancia, entre otros. Por ley, debemos aumentarles el 9,5 % de salario mínimo, pero lo que vamos a recibir en las UPC es solo la mitad de eso. ¿Qué implica esto? Como patrono, nos obliga a tener que ajustar la cantidad de personal necesario para poder pagar ese incremento con los ingresos que recibimos. Esto nos llevará, obligatoriamente, a hacer reingeniería interna, ajustar los servicios o despedir personal.

CAMBIO: En este contexto, ¿cómo ve la discusión sobre la reforma a la salud?

J.T.: Estamos manejando una retórica que no deberíamos mezclar. La reforma a la salud está pensada para corregir problemas a futuro, pero el problema es que no sabemos si tendremos futuro si seguimos con el presente en el que estamos.

CAMBIO: ¿La crisis es hoy?

J.T.: Sí. Nos estamos olvidando de que el problema es actual, no solo futuro, y nos estamos enfocando demasiado en el mañana. Al mirar el articulado de la reforma, veo que en su estructura general no está resolviendo los problemas financieros. No hay ningún mecanismo claro en el proyecto de ley para inyectar al sistema los recursos que realmente necesita.

CAMBIO: Desde su punto de vista, ¿no corrige los problemas actuales?

J.T.: No, es una reforma que, en este momento, está cambiando el modelo de prestación de servicios y atención, pero lo hace quitándole la responsabilidad financiera a las EPS. Pero ahí se queda. La reforma no trae cambios que permitan corregir los problemas financieros inmediatos. No genera mecanismos claros para solucionar el déficit, ni ofrece una solución financiera real. El proyecto de ley introduce un cambio en el modelo de atención y modifica la estructura jurídica de las EPS y las Empresas Sociales del Estado, convirtiéndolas en gestoras de salud. Pero hasta ahí llega la reforma.

CAMBIO: Doctor Toro, ¿cuál es la perspectiva para la salud de los colombianos en 2025?

J.T.: Bueno, debemos estar todos muy vigilantes y preparados para lo que suceda. Hay que dejar abierta la posibilidad de que el Gobierno se siente en una mesa de diálogo y repiense esta cifra. No cerremos esa puerta. Si todos tenemos voluntad, las cosas se pueden hacer. Si el Gobierno abre esa puerta, podría ser posible pensar en una UPC que realmente refleje la realidad financiera y los costos del sistema de salud.