Los procesos que no resolvió la exprocuradora Margarita Cabello
16 Enero 2025 05:01 am

Los procesos que no resolvió la exprocuradora Margarita Cabello

Margarita Cabello.

Crédito: Foto: Colprensa

CAMBIO recopila las investigaciones que no tuvieron mayores avances en la administración de Cabello. Indagaciones contra funcionarios de Iván Duque, políticos de Barranquilla y altos oficiales de las Fuerzas Militares por operación en Puerto Leguizamo son algunos de los casos. 

Por: Sylvia Charry

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La hoy exprocuradora Margarita Cabello fue rápida para proferir decisiones que involucraban a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, pero lenta en algunos casos contra sus cercanos.

En su administración, por ejemplo, culminaron ‘en tiempo récord’ los casos contra el excanciller Álvaro Leyva y el exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, que terminaron destituidos e inhabilitados. Y, aunque es el deber ser de las instituciones, la pasividad de su administración en otros casos muestra que la vara no fue la misma para todos. 

CAMBIO recopila casos que no tuvieron avances en la administración de Margarita Cabello.

‘Las Marionetas’ 

La Procuraduría de Cabello no se movió en el caso de ‘Las Marionetas’, que salpicó, al menos en la justicia ordinaria, a funcionarios del gobierno de Iván Duque. A finales de 2023, la Fiscalía le imputó cargos a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, por supuestamente haber hecho parte de un entramado de corrupción que también tiene tras las rejas al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez Cortés. 

Según la Fiscalía, García Jacquier participó en varias reuniones en 2021 en las que 'cuadró', junto con otras personas, la contratación de una gerencia especial por 49.000 millones de pesos y de la cual salieron 13 contratos por 24.000 millones de pesos. Ramírez entregó esos contratos a dedo a varias personas.

Cabe indicar que, según la investigación de la Corte Suprema de Justicia, esos contratos se entregaron en departamentos que se escogieron por ser del caudal político de Ramírez. Es decir, según la justicia, lo mismo que sucedió con el fallecido senador Mario Castaño, condenado por este caso, pasó con Ramírez. 

Sobre este tema, el órgano de control disciplinario no emitió sonido alguno. Es decir, contrario a la mayoría de los procesos, la entidad no informó siquiera de una indagación.

Centros Poblados

La Procuraduría también quedó en mora en el caso del proyecto Centros Digitales, iniciativa pública por un poco más de un billón de pesos, que tenía como objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en las zonas rurales del país, la cual le fue adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados. 

El único fallo que profirió el organismo de control disciplinario fue archivar el proceso contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen. Para la entidad, la exfuncionaria no cometió alguna conducta irregular. Y, aunque la decisión tuviese fundamento, el país merece que los funcionarios involucrados en el descalabro sean llamados a responder disciplinariamente. 

Álex Char, el sobrino de Cabello y otros

En 2023, la Fiscalía desarchivó una denuncia interpuesta contra el alcalde de Barranquilla, Álex Char, por hechos ocurridos durante su primera administración en el caso conocido como el predio La Loma, en donde se pretende edificar un mega complejo urbanístico. Ese caso había sido archivado por la Procuraduría de Cabello ese mismo año. 

Se trataba de una queja disciplinaria que fue radicada en 2017 e implicaba a Char, a Elsa Noguera y a Miguel Vergara, sobrino de Margarita Cabello, procuradora general.

Sobre el tema, El Espectador reveló que la Procuraduría archivó el caso bajo el argumento de que ninguna actuación en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 puede ser considerada como falta disciplinaria y que ya había caducado el tiempo de la Procuraduría para actuar.

Lo que no se entiende es cómo se demoró seis años en tomar una decisión y dejar que se vencieran los términos y, sobre todo, cómo la administración de Cabello pudo archivar una queja que involucraba a uno de sus familiares. 

El caso de Barranquilla

En julio de 2022, la Procuraduría informó que se les formuló cargos a 19 de los 21 concejales de Barranquilla por el caso del nombramiento de Angélica María Ávila Goldfarb, quien asumió la personería de la capital del departamento del Atlántico en febrero de 2020. 

El caso comenzó cuando Jaime Sanjuán, personero distrital, le notificó al Concejo de la ciudad que dejaría su cargo. Pero como en ese momento se encontraba inhabilitado por orden del Juzgado 13 Administrativo de la capital del Atlántico, se debía nombrar a un remplazo hasta que se diera el nuevo nombramiento oficial. 

En ese momento, el Concejo eligió y posesionó en el cargo a la señora Angélica María Ávila Goldarfb, entonces directora de Talento Humano de la Personería y quien seguía en el orden jerárquico de la entidad.

Por esa decisión, la Procuraduría les formuló cargos a los concejales al considerar que constituía una falta grave porque los cabildantes sabían que ella no cumplía con los requisitos para su posesión. La entidad señaló que violaron el régimen de prohibiciones al elegir y posesionar a una persona que no reunía los requisitos legales, a sabiendas de tal situación. Tres años después de esa decisión, el organismo de control disciplinario no ha fallado nada sobre el caso, es decir, no hay decisión de fondo.

Masacre de Alto Remanso

En mayo de 2023, la Procuraduría informó que había abierto investigación disciplinaria al brigadier general Walther Adrián Giraldo Jiménez y a otros oficiales del Ejército Nacional de Colombia, por las presuntas irregularidades en que incurrieron durante un operativo realizado en la vereda El Remanso. Los otros oficiales son: el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

El organismo de control ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones presuntamente irregulares y esclarecer la conducta y, hoy, casi cinco años después, la entidad no ha proferido fallo alguno por semejante tragedia.

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