Imagen de la más reciente cumbre de gobernadores en Yopal, Casanare.
Crédito: Cortesía FND.
Departamentos ponen sobre la mesa un borrador de la ley de competencias: estos son los puntos clave
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El Gobierno, que espera presentar el proyecto de la ley en el Congreso el próximo 20 de julio, tiene dos meses para evaluar las distintas ideas que reciban. ¿Cómo funcionaría?
Por: Redacción Cambio
La ley de competencias, que es la “llave maestra” —como dicen los gobernadores— para poner en marcha la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), debería llegar al Congreso el próximo 20 de julio. Esto lo confirmó el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti. Hasta ahora, hay una sola propuesta sobre la mesa: el borrador hecho por los departamentos.
Pero, ¿por qué es clave la ley de competencias? Primero, porque es necesario que los municipios y departamentos tengan claras sus responsabilidades en su proceso de pasar a recibir el 39,5 por ciento de los dineros corrientes de la nación. Esto significa que las entidades territoriales recibirán más recursos del Gobierno y tendrán más autonomía.
Entonces, en la construcción del proyecto de ley de competencias, el Ministerio del Interior debe recibir varias propuestas, entre esas las de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que hasta ahora es la primera.
La apuesta: “garantizar la autonomía”
El foco principal del articulado que debe llegar al Congreso es explicar qué funciones va a asumir cada municipio y cada departamento por cada peso adicional que les girará la nación.
Los focos son salud, educación y saneamiento básico. Y por ejemplo, si a Bogotá van a pasar de girarle 20 pesos a 25 pesos, en esta ley debe especificarse en qué funciones se gastarán esos cinco pesos adicionales, dentro de esas áreas específicas.
Así, la apuesta del borrador que presentó la FND es “lograr una consonancia entre las competencias y la financiación de las entidades territoriales, para garantizar la autonomía. Además, busca cerrar las brechas económicas, sectoriales y territoriales”, como se lee en el documento.
Las claves: categorización y distribución
Uno de los elementos destacables de la propuesta es que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) deberá determinar la categorización de los territorios teniendo en cuenta los criterios que se establecen, que incluyen desde las capacidades de concentración, accesibilidad, desarrollo y gestión de recursos, entre otros.
Otra de las propuestas del borrador es que el periodo transitorio para que la nación gire los recursos a los municipios y departamentos, que pasarían de 22,5 a 39,5 por ciento, sea de 12 años. Empezando el aumento en 2027.
Los recursos adicionales que se transfieran a través del SGP, que son producto de la reforma, deberán distribuirse en los municipios de categorías cinco a la diez. Claramente, esos recursos deberán destinarse a temas relacionados con la salud, el agua potable y el saneamiento básico.
Distribución de las competencias en educación
Otra de las claves de la propuesta de la FND es que la nación se quede con algunas funciones y los municipios y departamentos asuman otras.
Así, en educación, el Estado deberá mantener tareas como la garantía en la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico, medio y superior en el área urbana y rural, mientras que los departamentos deberían asumir tareas de apoyo técnico, pedagógico y financiero a los municipios. También tendrían que certificar que los municipios cumplan con los requisitos y que se ejecuten los recursos de manera correcta, entre otros.
Los municipios, por su parte, deberán asumir tareas como planificar y prestar los servicios de educación, administrar y distribuir los recursos y hacer labores de inspección, vigilancia y supervisión, entre otros.
Salud, las competencias de la nación y las nuevas que tendrán los territorios
La propuesta que recibió el Ministerio del Interior señala que el sistema de salud se mantendrá organizado con una parte a nivel nacional y otra a nivel subnacional. Entonces, las responsabilidades que tiene la nación se mantendrán, pero a nivel regional se podrán tener nuevas funciones.
“En el nivel territorial, el sistema de salud está conformado por las Direcciones Territoriales de Salud (DTS) Departamentales, Distritales o Municipales. En el nivel territorial el sistema de salud está conformado por prestadores de servicios de salud públicos, creados por asambleas departamentales o concejos distritales y municipales y cuyas juntas directivas son presididas por el respectivo jefe de la administración territorial”, como se lee en el documento.
En esto también resulta importante la distribución de recursos para asumir esas funciones. Así, los recursos del SGP que se transfieran se deberán destinar a tareas como las competencias de los entes territoriales en materia de aseguramiento, en planes de intervenciones, cofinanciación, entre otros.
Agua potable y saneamiento básico
Este es otro de los puntos en los que se deben enfocar los recursos que se transfieren del SGP a los departamentos y municipios. Frente a esto, la propuesta de los gobernadores establece que la competencia de la nación será la de formular políticas públicas que garanticen este servicio. En cambio, los municipios y departamentos tendrán tareas más de ejecución y promoción de esas políticas.
Frente a la asignación de recursos, la propuesta dice que “los departamentos recibirán el 45 por ciento de los recursos destinados a estos componentes para financiar las acciones de autoridad sanitaria y de salud pública de su competencia, incluyendo la operación y mantenimiento de los laboratorios de salud pública y administrará el 100 por ciento de los recursos asignados a las áreas no municipalizadas. Los municipios y distritos recibirán el 55 por ciento de los recursos asignados a este componente, con excepción del distrito capital, que recibirá el 100 por ciento asignado”.
Lea el documento que la FND le entregó al ministro del Interior:
La propuesta de los departamentos ya está en manos del ministro del Interior, Armando Benedetti. Por lo pronto, el jefe de la cartera política aseguró que se reunirá con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar este y otros documentos. Con lo que se empieza a mover el camino final del proyecto antes de su llegada al Congreso en julio.
