Reclamo de la nación a Odebrecht ya va por 2,7 billones de pesos
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Aunque inicialmente la demanda de la Agencia Nacional de Infraestructura pedía 17.000 millones a la Concesionaria Ruta del Sol, una nueva revisión de los daños sufridos indicó que la cuantía va en 2,7 billones. Si el caso no se gana “el Estado quedaría en una situación muy complicada”, dice la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
La próxima semana se realizará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una audiencia de pruebas en el marco de un proceso que inició la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en contra de la Concesionaria Ruta del Sol, Episol S.A.S, y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S por las afectaciones sufridas por cuenta del escándalo de sobornos que envolvió a la multinacional.
La audiencia se centrará sobre un dictamen que presentó la ANI sobre el impacto económico que generó para la nación la nulidad del contrato de concesión 001 de 2010 que se había firmado con la concesionaria para la rehabilitación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del Sector II del Proyecto Vial Ruta del Sol, comprendido entre Puerto Salgar y San Roque.
Ese contrato, que inicialmente se vencía en 2035, se logró con la entrega de sobornos y coimas a funcionarios encargados de la licitación, como se descubrió luego que en 2016 la justicia de Estados Unidos identificara las maniobras de corrupción de Odebrecht en 12 países.
Como se sabe, ese caso llevó a la condena, entre otros, del exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, y a la suspensión definitiva del contrato y a que el Invías tomara las obras asociadas.
La ANI tuvo que asumir todos los cargos y pagos de diferentes asesorías por culpa de todo este lío y aunque inicialmente se había fallado favorablemente una acción popular para la nación, el Consejo de Estado la revocó el año pasado. Con esa decisión, una demanda que la ANI presentó ante el Tribunal en 2019 se convirtió en la única vía posible para que el Estado logre recibir una reparación por los daños causados.
Ahora, este proceso es considerado vital para el Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) apoya a la ANI en el caso, en el que se alega que los actos de corrupción más que probados en el país generaron daños billonarios que deben ser reparados por la multinacional.
La prueba más importante, ahora, es un dictamen pericial de la ANI que dice que el daño más grande fue todo el dinero que tuvo que pagarse por las nuevas concesiones. En enero pasado, CAMBIO reveló ese informe. Allí se dice que las interventorías para mantener la obra en buen estado ascendieron a 632.000 millones de pesos, que se tuvieron que hacer dos nuevos contratos para concesionar otra vez la Ruta del Sol y que la ANI tuvo que pagar otros 11.293 millones de pesos por estudios y diseños para pagar estudios y diseños de proyectos.
Ahora, los daños actualizados que piden ser reconocidos son:
- Lo pagado por concepto de abogados y asesoría jurídica: $ 1.160.423.554,83
- Valor de las adiciones al contrato de interventoría: $ 18.677.928.801,40
- Consultoría para la estructuración de las nuevas concesiones y su interventoría: $11.293.138.223,90
- La diferencia entre el valor de la concesión original y los nuevos contratos que se debieron realizar para efectuar la obra: $ 2.694.750.417.027
- Lo que se debió pagar de más en el proceso de arbitraje por causa de la nulidad: $19.263.000.000
En total, esas pretensiones son de 2,7 billones de pesos.
Odebrecht se defiende
Odebrecht ha querido controvertir ese informe y también pretende que se niegue la demanda bajo el argumento de que lo que pasó es atribuible a particulares y no pueden involucrar a las empresas. En su criterio, el responsable es el Estado colombiano porque los actos de corrupción también fueron cometidos por servidores públicos.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado va a pedir que se sumen al proceso como pruebas las multas que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) impartió en agosto de 2023 al Grupo Aval y a Corficolombiana, esta última, socia de Episol.
CAMBIO habló con el director de la Andje encargado, Jhon Jairo Camargo Motta.
CAMBIO: ¿Por qué debería ser condenada la concesionaria?
Jhon Jairo Camargo: La razón principal es que el contrato fue anulado por actos de corrupción desplegados por directivos de las empresas que integraban la concesionaria, y esa anulación ha generado un perjuicio de fuerte impacto en las finanzas públicas del país. La ANI tuvo que asesorarse jurídicamente, adicionar los contratos de interventoría, contratar una consultoría para estructurar una nueva concesión. Realizar dos nuevas concesiones para atender la vía en el estado que se dejó y asumir un pago adicional en el proceso de arbitramento. Todos estos son gastos en los que no se hubiese incurrido si el contrato no hubiera estado rodeado por los actos de corrupción que llevaron a su anulación.
CAMBIO: La concesionaria dice que no debe responder por actuaciones personales, ¿qué responde?
J.J.C.: El propio reconocimiento que Odebrecht hizo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con ocasión del acuerdo de colaboración que suscribieron en 2016, con base en el cual se iniciaron las investigaciones en Colombia, las decisiones penales y la del Tribunal de Arbitramento dan cuenta de que estas conductas fueron desplegadas por directivos, como representantes de las empresas, que se trató precisamente de un entramado complejo, de alto nivel y que beneficiaba a las empresas. No fueron actuaciones delictivas individuales, sino de empresa, promovidas por sus dirigentes (Marcelo Odebrecht, Amilton Hideaki y otros).
CAMBIO: Para que no haya dudas: ¿acá no se está pidiendo plata que ya se gastó?
J.J.C.: Hay recursos que ya se usaron, como lo relativo a la asesoría jurídica, a la adición de los contratos de interventoría, la consultoría para estructurar las nuevas concesiones, y lo pagado fuera del patrimonio autónomo en el tribunal de arbitramento. Hay otros dineros que se están gastando, como son aquellos relativos a las nuevas concesiones. Incluso hay un perjuicio adicional, que ojalá el Tribunal pueda valorar, que es el relativo al impacto económico y social de los colombianos, por no poder acceder a las mejoras viales.
CAMBIO: ¿Qué pasa si se pierde este pleito?
J.J.C.: El Estado quedaría en una situación muy complicada, dado que este es el espacio para reclamar a las empresas, que son las que tienen el capital para responder. Existen otros procesos, pero podrían no ser eficientes, frente a los recursos que se espera recuperar.
