Navelena perdió en primera instancia este pleito en el Tribunal del Atlántico.
Crédito: Navelena.
Vuelve y juega: Navelena insiste en millonaria demanda contra Cormagdalena por la APP del río Magdalena
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Desde que Cormagdalena declaró la caducidad del proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena por incumplimientos de Navelena en 2017, esa entidad -ya liquidada-busca tumbar todas las multas que se le impusieron y recuperar así una millonaria suma para pagar las deudas que tiene con sus acreedores. El caso acaba de aterrizar en el Consejo de Estado.
En 2017, cuando estalló el escándalo judicial de los sobornos de Odebrecht, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, declaró la terminación de una Alianza Público Privada que se había suscrito con Navelena en 2014 por 1.3 billones de pesos, la cual buscaba la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena: un megaproyecto que prometía grandes dividendos económicos.
Un año antes, Cormagdalena ya había declarado varios incumplimientos por parte de Navelena S.A.S, conformada por Odebrecht y Valores y Contratos S.A (de Julio Gerlein). El primero, por no llegar al cierre financiero del proyecto que le valió una multa de 620 millones de pesos. Después, en marzo de 2017, se les impuso otra multa por 914 millones de pesos por el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
Además de la finalización del contrato, se hizo efectiva una cláusula penal por 55.328 millones de pesos, pero también se permitió que Cormagdalena pagara una compensación a Navelena por la finalización anticipada del mismo.
Navelena, hoy en liquidación judicial, presentó en 2019 una demanda (luego de que se surtiera y fracasara un trámite de conciliación ante la Procuraduría) que buscaba tumbar todo, argumentando que había irregularidades en las decisiones de la CAR y así obtener una jugosa indemnización con todos los intereses actualizados.
Se trata de una cifra estimada en 101.922 millones de esos en valores de 2018. Ese proceso duró cuatro años en el Tribunal Administrativo del Atlántico, que falló el 22 de agosto de 2023.
La sentencia del Tribunal no ahondó en las pretensiones de Navelena, que fueron apoyadas por la Constructora Norberto Odebrecht en liquidación, sino que dijo que la demanda de la empresa llegó demasiado tarde porque se presentó más de dos años después de que la última resolución de Cormagdalena sobre el caso quedara en firme.
“Al no haberse interpuesto la demanda oportunamente, no procede emitir pronunciamiento de fondo frente al litigio, lo que en modo alguno implica prohijar una conducta contraria a los principios de la contratación estatal (…), puesto que la parte demandante estaba obligada a interponer oportunamente la demanda para hacer valer sus derechos y someter a discusión sus pretensiones indemnizatorias”, dice esa decisión de hace pocos meses que pasó de agache.
Pero Navelena insistió y apeló la decisión. Sus pretensiones, ya con la entidad en liquidación, son evitar el pago de la plata derivada de las multas de Cormagdalena para poder pagarle lo que le deben tanto a la DIAN como a sus acreedores, entre quienes se cuentan Valores y Contratos y la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.
Esa esa la razón por la que esta última empresa apoya la apelación de Navelena: para que el Consejo de Estado revise el caso y falle a su favor. El expediente ya llegó al despacho de la magistrada María Adriana Marín, que tiene el caso en revisión desde el pasado 5 de febrero.
¿Qué alegan Navelena, Odebrecht y Cormagdalena?
Ambas empresas afirman que el Tribunal hizo mal el cálculo y que el plazo para presentar la demanda no se venció, porque la fecha que se debió contar, según ellos, era el 12 de octubre de 2017, cuando se suscribió un acta de liquidación bilateral con Cormagdalena acabando con todo este proceso.
De fondo, Navelena expone, entre otros argumentos, que hay irregularidades, ya que se habría hecho una doble sanción por no acreditar el cierre financiero del proyecto. Esto impidió desembolsar recursos y frenó todo el cronograma de las 160 obras que contemplaba la APP del río Magdalena.
“No cabe a Cormagdalena hacer uso de una facultad excepcional en el marco de un proceso administrativo sancionador, sin el lleno de los requisitos legales y contractuales, sobre todo su dicha interpretación hace parte de los fundamentos utilizados por la entidad para declarar la caducidad”, dice la demanda.
Navelena asegura que el citado cierre financiero en realidad se hizo y que Cormagdalena no quiso seguir con el proyecto.
Pero Cormagdalena dijo en este proceso judicial que no hay ninguna duda de que Navelena S.A.S incumplió con “los niveles de servicio a los que se comprometió al suscribir el contrato de APP No. 001 y por la no acreditación y obtención del cierre financiero del contrato. Tampoco existe duda respecto de la resolución que decretó la caducidad del contrato e hizo efectiva la cláusula penal”.
Además, la entidad indicó que cumplió con su deber y veló por el interés público, teniendo en cuenta, además, como hecho notorio, el escándalo de sobornos de Odebrecht, que empezó a tener trascendencia en Colombia desde diciembre de 2016. Y destacó el hecho de que el Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBV) no obtuvo las condiciones para seguir financiando el proyecto y cerró las puertas a un crédito.
“La demandante omite señalar que justamente en ese lapso de tiempo, saltó a la luz pública y como un hecho notorio, el escándalo de corrupción a nivel internacional del Grupo Odebrecht y que ello, alteraba la situación jurídica contractual e imponía a los funcionarios públicos, en cumplimiento de la función administrativa, adelantar todas las gestiones tendientes a evitar un daño antijurídico por cuenta de actos de corrupción que alterar el interés público y la moralidad administrativa”, dijo la entidad.
En este caso, tanto la Procuraduría como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aseguran que ya se venció el plazo para reclamar, por lo que Navelena debe pagar lo adeudado.
“En sus descargos (Navelena) invoca causa extrañas y ajenas al contratista como fenómenos meteorológicos, coexistencia de otros proyectos de infraestructura que requerían financiación, variación de condiciones en el dragado del río, comportamientos imprevisibles de los financiadores, problemas de estructuración en el proyecto, entre otros, que a su juicio impedían el cierre; cuando ya era de público conocimiento que lo que afectaba la financiación era el mundialmente conocido fenómeno de corrupción de las empresas Odebrecht que controlaba a Navelena”, dijo, por ejemplo, la Agencia.
Darío Laguado, liquidador de la Constructora Norberto Odebrecht y quien presentó los alegatos a nombre de Navelena, le dijo a CAMBIO que inicialmente la demanda se presentó por 89.000 millones de pesos. Y explicó que como ya se hizo la liquidación de Navelena, los derechos litigiosos de este proceso quedaron en cabeza de los acreedores, entre quienes está Odebrecht, que esperan obtener una cifra cercana a los 101.000 millones de pesos.
“El proceso está vivo (...) Si sale a favor, esas platas irían a la Dian porque la Constructora le debe más de 10.000 millones. Lo que sacare de allí, iría para la DIAN", dijo.
