Reforma a la educación: el Gobierno logra consensos presionado por el tiempo y la oposición

Entre tantas reformas estancadas en el trancón del Congreso, hay una que ha pasado inadvertida. Se trata del proyecto para regular la educación como derecho fundamental. Aunque su paso por la Cámara de Representantes no tuvo inconvenientes, en el Senado el panorama se le está complicando. Ahora el futuro de la iniciativa depende del éxito y la velocidad de las negociaciones entre el ejecutivo, coalición, oposición e independientes. 

El trámite de la reforma a la educación ha esquivado las controversias y confrontaciones que sí han padecido otros proyectos como la reforma a la salud, la laboral y la pensional. Al fin de cuentas, es un proyecto cuyo fin último es indiscutible. Nadie podría oponerse a que la educación sea un derecho fundamental. Pero el ‘diablo’, dice el refrán, siempre está en los detalles.

La Cámara de Representantes le dio el visto bueno a la iniciativa sin mucha oposición. La aprobación en plenaria en el segundo debate fue casi unánime.  Fue entonces cuando se empezó a hablar de la reforma a la educación como un ejemplo de consenso y pragmatismo del Gobierno. 

Sin embargo, su llegada a la Comisión Primera del Senado, célula en la que están los pesos pesados de los partidos, ‘aterrizó’ a la reforma en un escenario menos prometedor. Han pasado casi 20 días y el proyecto no ha podido superar la talanquera de la Comisión.

El baño de realidad de la reforma a la educación en el Senado

El primer revés para el proyecto fue por falta de quórum para proceder a la votación. La decisión de varios congresistas de oposición e independientes fue no permitir el trámite, con el argumento de que no hay aval fiscal para el proyecto. Así lo dijo en ese momento el senador de Cambio Radical David Luna.

“Llegó un oficio del Ministerio de Hacienda en donde se señala que no tienen las cuentas claras y mucho menos si tiene el dinero para poder financiar la ley estatutaria de la educación [...] El ministro de Hacienda le dio un golpe blando a la ministra de Educación”, dijo Luna.

El oficio al que se refirió el senador opositor es un primer pronunciamiento del Ministerio de Hacienda del pasado 21 de mayo. “Esta cartera no cuenta a priori con información que permita establecer el posible impacto fiscal de dar cumplimiento a un plan con las características propuestas”, dijo Hacienda en ese entonces.

Luego, una semana después, al Congreso llegó otro oficio de la misma cartera. En la carta se asegura que la reforma a la educación no tiene impacto fiscal.

Según el ministerio de las finanzas, aunque la reforma sí plantea cambios que en el fondo incurren en inversiones, no ordena ningún gasto. En otras palabras, el impacto fiscal estaría en las leyes posteriores que se deriven de la ley estatutaria.

Pero además de las dudas sobre el costo del proyecto, las dos polémicas que involucran al Ministerio de Educación no han ayudado en nada al trámite de la reforma. Una de ellas es el fallido cambio en el sistema de salud de los maestros, que ya produjo la salida de Mauricio Marín de la presidencia de Fiduprevisora. El caos de las últimas semanas le ha dado gasolina a la oposición para alertar sobre la importancia de planificación y planeación de cambios sustanciales.

La otra coyuntura que ha preocupado a la ministra Aurora Vergara es la elección de rector en la Universidad Nacional: la más grande del país. La decisión del ministro ad hoc, Juan David Correa de “ordenar” al Consejo Superior de la Nacional nombrar una rectoría encargada y no reconocer a Ismael Peña, avivó la discusión sobre la autonomía universitaria. De hecho, ese es uno de los puntos críticos de negociación entre el Gobierno y los partidos.

Entre los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de La U hay preocupación por artículos como el 5, el cual habla del gobierno interno de las universidades en uno de sus literales.

“El gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos, pluralistas y directos acordes con la regulación aplicable. Los establecimientos e instituciones educativas garantizarán la participación real y efectiva de los sujetos integrantes de la comunidad educativa para la toma de decisiones”, dice parte del proyecto.

Las referencias a democracia directa que tiene el articulado no caen bien en algunos senadores. Así lo expresó Paloma Valencia, congresista del Centro Democrático:

“El presidente quiere convertir este país y las universidades en feudos políticos para elegir los rectores dizque por voto popular de los estudiantes, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo ni ninguna universidad seria y de calidad se atrevería a irse hasta allá”, dijo Valencia.

Las universidades privadas y públicas también han manifestado sus preocupaciones frente a la autonomía. “(La reforma) puede abrir la puerta a un modelo homogeneizador del Gobierno y de la gestión de las universidades, autorizando al Gobierno de turno a definir las formas y las reglas de gobierno y dirección”, dijo Rolando Roncancio, rector de la Universidad de la Sabana, que participó en las audiencias públicas del proyecto.

A pesar de las críticas y la política menuda, el Ministerio de Educación y los senadores de la coalición de Gobierno han mantenido una voluntad de diálogo. Este 4 de junio, los ponentes del proyecto estuvieron reunidos durante más de cuatro horas para llegar a un consenso. La reunión obligó a cancelar la sesión de la Comisión y reprogramar para el 5 de junio.

Sobre la mesa hay dos opciones: llegar a la sesión sin los acuerdos suficientes y medirse a voto limpio entre la ponencia de la oposición y los independientes y la del Gobierno. En ese escenario, los votos no alcanzan para que el proyecto sobreviva y pase a la plenaria del Senado.

El otro camino es que de las reuniones de estos días resulte un acuerdo para hundir la ponencia alternativa y así aprobar la ponencia del Gobierno con modificaciones sustanciales. Por ahora, según conoció CAMBIO, no es lejana una concertación. El Ministerio de Educación no quiere perder el camino recorrido ni replicar la debacle de la reforma a la salud.

El senador del Partido de La U Alfredo Deluque dejó ver que las reuniones con la ministra y los ponentes dieron frutos. "Después de una mesa de trabajo con la ministra y los senadores de la Comisión Primera, hemos alcanzado un consenso sobre la totalidad del articulado", dijo el congresista de La Guajira.

Por otro lado, el tiempo también apremia. Al ser un proyecto de ley estatutaria, la reforma a la educación debe superar los cuatro debates antes del 20 de junio. Además, no puede ser discutida en unas eventuales sesiones extraordinarias. 

Finalmente, del avance de esta reforma depende que siga el debate de la reglamentación de la jurisdicción agraria, otro proyecto que tambalea por los tiempos ajustados y la falta de votos positivos.