Reforma pensional: los detalles del otro expediente que saca ventaja en la Corte Constitucional

La discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional está en la mira de los colombianos que esperan una decisión pronta, ya que la ley empieza a regir el próximo 1° de junio. El expediente que iba más avanzado, entre más de 56 demandas en la Corte, era el recurso que presentó la senadora Paloma Valencia y que está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

CAMBIO reveló el sentido de la ponencia de Ibáñez Najar, que busca declarar inconstitucional la reforma, asegurando que se presentaron vicios insalvables de forma. Esto debido a que la Cámara de Representantes, en cuarto debate, optó por acoger el texto completo del Senado sin discusión alguna ni revisar más de 500 proposiciones. Cuando se esperaba que la Sala se reuniera para emitir la decisión esto no ocurrió y, desde entonces, solo han surgido tropiezos.

Con la revelación de la ponencia, múltiples recusaciones contra todos los magistrados llegaron. Varias en contra del magistrado Ibáñez, tanto porque hace más de 30 años estuvo en las juventudes conservadoras, como porque aseguró en una entrevista que él nunca iba a pedir la pensión. Además, la Sala se dio cuenta de que no resolvieron a tiempo el impedimento de la magistrada Diana Fajardo, lo cual hizo que lo avanzado desde septiembre se anulara: eso incluía el concepto que presentó la procuradora Margarita Cabello y la radicación de la ponencia.

Es decir que ese expediente ahora está demorado, pues se necesita que el nuevo procurador haga su concepto, para que así Ibáñez ajuste su ponencia y vuelva a presentarla. Además, deben resolverse peticiones de audiencia pública que hicieron el presidente Gustavo Petro, la Defensoría del Pueblo, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y varias organizaciones sociales.

La demanda que sigue

Entre tanto, las otras demandas que cursan contra la pensional siguen avanzando. Ahora, una que presentaron 19 congresistas contra la pensional es la segunda en la lista y podría 'sacar ventaja en la carrera', por decirlo en términos coloquiales.

La demanda fue presentada por los congresistas Carlos Edward Osorio, Andrés Forero Molina, Luis Miguel López, Hernán Darío Cadavid, Oscar Villamizar, Oscar Darío Pérez, Holmes de Jesús Echeverría, Hugo Lozano Pimiento, Yénica Acosta Infante, Marelen Castillo, José Jaime Uscátegui, Yulieth Sánchez Carreño, Jhon Jairo Berrio, Eduar Alexis Triana, Juan Felipe Corzo, Christian Munir Garcés, Luz Ayda Pastrana, Juan Fernando Espinal y Edinson Vladimir Olaya Mancipe.

Esa demanda dice que en el trámite en el Congreso se presentaron múltiples irregularidades, y no solo la supuesta elusión del debate por parte de la Cámara de Representantes.

Por ejemplo, según Osorio, el texto aprobado por el Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 del 29 de abril de 2024 contiene un título y 95 artículos, mientras que el de la Cámara tiene seis artículos que se votaron en bloque, tal como venían en la ponencia propuesta para segundo debate y publicada en la Gaceta del Congreso 700 del 29 de mayo de 2024, más los 95 artículos aprobados por la Plenaria del Senado en su sesión del 23 de abril, publicada en la Gaceta del Congreso 794 del 29 de abril de 2024. Así se lo dijeron a la Corte:

El recurso dice que si se hace un análisis detallado de la sesión del viernes 14 de junio de 2024, queda "la convicción clara e inequívoca de que minutos antes de haber sido aprobada la proposición de adoptar en bloque el texto aprobado el 23 de abril de 2024 por parte del Senado de la República, la propia Cámara de Representantes había considerado, discutido y aprobado, los artículos 51, 62, 66, 68, 84 y 88".

En palabras sencillas, no es que se hayan votado esos seis artículos dos veces, sino que hay diferencias entre las gacetas del Senado y de la Cámara, tanto en la numeración de los artículos como en su contenido.

"Independiente de la numeración, de los seis artículos aprobados por la plenaria de la Cámara de Representantes en la sesión del 14 de junio de 2014, por lo menos dos son diferentes en su alcance y contenido a los aprobados por la plenaria del Senado en la sesión del 23 de abril de 2024: el 51 y el 68. Así las cosas, no es dable precisar de manera inequívoca cuál fue la verdadera voluntad del legislador al aprobarlos", indicó.

Esa bancada de oposición alega que, en consecuencia, el proyecto no fue debatido de manera rigurosa, ni meditada ni democrática.

Procurador sí conceptuará

CAMBIO estableció que la Sala Plena de la Corte Constitucional negó el impedimento que había presentado el procurador Gregorio Eljach, quien alegaba que no podía participar en el debate porque era secretario del Senado cuando se hizo ese trámite. La Corte no consideró que esto le impidiera dar una opinión y, en consecuencia, correrán 30 días de plazo para que Eljach emita su concepto.

En este expediente en particular, el Gobierno ha defendido la reforma, asegurando que "el trámite legislativo y el contenido normativo de la ley respetaron los principios constitucionales de consecutividad, publicidad y unidad de materia, garantizando un proceso deliberativo y democrático".

"El proceso de aprobación de la ley respetó los principios de publicidad y consecutividad. Los textos fueron publicados oportunamente, entregados a los congresistas y debatidos ampliamente en las cámaras legislativas, garantizando transparencia y deliberación democrática", indicó.