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Regaño a la Fiscalía por no crear la unidad especial de delitos contra menores de edad
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El Consejo de Estado le dio seis meses a la Fiscalía para que defina, reglamente, integre y ponga en pleno funcionamiento una Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra la Infancia y la Adolescencia. ¿Cuál fue la excusa de la entidad?
El Consejo de Estado le dio seis meses a la Fiscalía para que ponga en marcha la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra la Infancia y la Adolescencia que se creó en una ley de 2022, pero que hasta el momento no existe.
Según la Fiscalía, la Unidad no ha podido ser creada porque la ley solo creó la unidad, pero no fue incorporada como tal en la estructura orgánica y funcional de la entidad, no determinó su ubicación, ni su función, ni se crearon los puestos de personal.
“No es posible determinar qué tipo de Unidad se crea, si se trata de un grupo de policía judicial especializado, de una unidad de Fiscalía, o un comité interinstitucional de acción, y cuál es su misionalidad”, señaló la entidad.
Pero el Consejo de Estado, al revisar una acción de cumplimiento, dijo que eso no es excusa y que se debe crear la unidad con funcionarios del CTI de la Fiscalía y con “equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos del cuerpo técnico de investigación”.
En ese sentido, se le ordenó a la Fiscalía que sea esa entidad la que reglamente la “conformación, creación y ubicación de la unidad, de conformidad con el estudio de cargas propio y el que deberá requerirle al Consejo Superior de la Judicatura”.
“En todo caso, se advierte que la ausencia del estudio no podrá servir de excusa para justificar el incumplimiento del deber de reglamentación, pues la (Fiscalía) también puede atenderlo con su estudio propio de cargas, tal y como lo realizó para crear el equipo creado en la resolución 0409 de 25 de agosto de 2023”, agregó el Consejo de Estado.
La sentencia señala que la Fiscalía ya debía tener lista esta unidad con el personal que ya tenía, más si se tiene en cuenta que se trata de una unidad que “fue creada para la protección de sujetos de especial protección constitucional como lo son los niños, niñas y adolescentes, asunto que denota su relevancia y urgencia en su puesta en funcionamiento”.
