Iván Name y Andrés Calle se encuentran detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Se les investiga por un presunto soborno por el que habrían apoyado iniciativas del gobierno de Gustavo Petro.
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UNGRD: con Name y Calle presos, crece el escándalo de corrupción que permea al Gobierno y salpica sus reformas
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Con los expresidentes de Senado y Cámara, considerados por la Corte Suprema como un peligro para la sociedad, ya son nueve los detenidos por el presunto desvío de 228.000 millones de pesos en recursos en la UNGRD. CAMBIO le cuenta cómo avanzan las pesquisas judiciales por este caso que compromete al menos a diez alfiles del Gobierno y al mismo número de congresistas.
Por: Ana María Cuesta
A sus 67 años, el barranquillero Iván Name Vásquez pasó de alcanzar la cumbre en su carrera como legislador, en la que logró en 2023 la presidencia del Senado, a tocar fondo en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá, tras ser señalado como uno de los presuntos integrantes del esquema de corrupción que utilizó dineros para la atención de emergencias y desastres como una bolsa particular de ‘mermelada’.
Lo mismo le ocurrió a su compañero en la presidencia de la Cámara de Representantes, el cordobés de 33 años Andrés David Calle Aguas, quien también salió del Capitolio a pernoctar en la prisión más grande del país. Desde el 7 de mayo cesaron los privilegios que el Estado les brindaba a ambos, pues esa tarde se convirtieron en los primeros congresistas presos, por orden de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por su supuesto rol en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Una acción inédita, teniendo en cuenta que nunca antes se había ordenado la detención simultánea de los directivos del Congreso de un mismo periodo.
Ambos son considerados por la Sala de Instrucción de la Corte como un “peligro para la comunidad", porque a pesar de su influyente posición social y política en la Alianza Verde y el partido Liberal, presuntamente recibieron 4.000 millones de pesos en sobornos para concretar su apoyo a los proyectos de reformas pensional y de salud, que impulsó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2023.
De acuerdo con la Corte, Name se habría comprometido a “impulsar o no entorpecer la aprobación de las reformas legislativas” y Calle en “continuar apoyando las aludidas reformas”. Las millonarias coimas por las que los investigan se habrían desembolsado a mediados de octubre y habrían servido como gasolina a las campañas políticas de la hija de Name al concejo de Bogotá y del padre y hermano de Calle a la Alcaldía de Montelíbano y a la Gobernación de Córdoba.
“No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos y una justicia en la que confiamos. Dispuestos a cambiar el traje de la investidura parlamentaria por el que pueda ser, debo decirle al Congreso que me siento orgulloso [...] de haberme ubicado este Senado en su lugar de presidencia”, dijo Name ante la plenaria del Senado un día antes de su captura por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, aunque también está siendo investigado por el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas.
Las pruebas que provocaron la detención de Iván Name y Andrés Calle
La decisión proyectada por el magistrado Francisco Farfán, con la que la Corte cobijó con medida de aseguramiento a Name y Calle, dice que el primero se habría quedado con 3.000 millones de pesos y el segundo con 1.000 millones, en entregas que se habrían hecho días antes de las elecciones regionales de octubre de 2023. Ello, en el marco de un posible acuerdo que se fraguó desde septiembre de dicho año para lograr el apoyo de algunos congresistas, dice la Corte.
El alto tribunal le dio total credibilidad al testimonio que efectuaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, que emprendieron desde mayo de 2024 una estrategia para confesar sus crímenes a cuentagotas ante la prensa, como la llave para poder negociar beneficios jurídicos con la Fiscalía, en un momento en el que se vieron asfixiados por la investigación sobre los carrotanques de La Guajira, que cada día los hundía más, y que fue revelada por la periodista de la W Radio, Paula Bolívar.
Según lo obtenido por la Corte, los sobornos presuntamente pagados a Name y a Calle habrían salido de los sobrecostos del contrato de los 40 carrotanques varados y ellos habrían estado al tanto del origen de los recursos recibidos.
Para apresar a los parlamentarios, la Sala de Instrucción practicó otras pruebas para corroborar los testimonios de López y Pinilla, quienes aseguraron haber seguido “directrices de algunos altos funcionarios del Gobierno nacional” como Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones -actualmente presa- y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre -sin vinculación formal en el caso-.
La Corte advierte una “probable participación de funcionarios del Gobierno nacional, como enlace para sobornar a legisladores en procura de conseguir apoyo a sus iniciativas legislativas y de alguna manera comprar la gobernabilidad del Congreso". En el documento de 183 páginas que define la situación jurídica de Calle y de Name no se especifican nombres de otros funcionarios que pudieron interceder en esa operación.
Entre las pruebas hay múltiples inspecciones, datos de georreferenciación de los vehículos y de los celulares de los implicados en la entrega de las coimas por 4.000 millones de pesos, así como testimonios practicados, entre otros, al presidente de la República Gustavo Petro -por declaración juramentada-, a varios de sus funcionarios y exfuncionarios y a numerosos congresistas.
La defensa de Iván Name y de Andrés Calle: ¿un complot?
Calle y Name engrosaron esta semana el puesto número nueve entre los detenidos por el escándalo de corrupción de la UNGRD, después de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Rodríguez Melo, del contratista de los carrotanques Luis Eduardo López Rosero ‘El Pastuso’ y del abogado Édgar Riveros.
Name y Calle han sostenido su inocencia y han alegado ante la Corte que son víctimas de los dichos de López y Pinilla, "corruptos confesos". El senador de los Verdes, por ejemplo, aseguró que no respaldó las reformas pensional y de salud y que por ello es “irónico, inadmisible e insólito, honorable magistrado, que el hombre que combatió al señor Petro en su gobierno, que levantó la sesión para protestar por sus señalamientos al parlamento que me tocó presidir, y al que dice respetar, ahora concurra por cuenta de una banda de criminales ante la justicia de mi patria”.
Calle, quien antes de ganar su curul en la Cámara trabajó en la unidad de trabajo legislativo de la representante Sarah Piedrahita Lyons -llamada a juicio en la Corte por la presunta financiación de su campaña con el 'cartel de la hemofilia'-, aseguró que todo se trata de un complot político contra la actividad de su familia en Córdoba. “Existe una relación entre los grupos políticos con los que mi hermano disputó la Gobernación y quienes hoy me acusan de manera injusta”, dijo Calle, en referencia a un supuesto vínculo entre la representante del partido de La U Saray Robayo, con José Moreno, el abogado de Olmedo López.
“Me duele profundamente en el alma, honorable magistrado, que digan que entregaron dinero para financiar la campaña de mi padre, donde este señor tiene una animadversión no solo conmigo sino claramente con mi familia”, agregó en referencia a Olmedo López.
Los funcionarios y exfuncionarios con pendientes por el caso UNGRD
De forma alterna a la detención de los expresidentes de Cámara y Senado, la Sala de Instrucción de la Corte avanza en las pesquisas contra otros siete congresistas y un excongresista. Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Astrith Manrique, junto al excongresista Juan Diego Muñoz, son investigados por haber avalado operaciones de crédito del Gobierno, en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de contratos que se tramitaron de la UNGRD con la presunta participación del entonces ministro de hacienda Ricardo Bonilla, su exasesora María Alejandra Benavides y el asesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo.
Así mismo, el representante Julio Elías Chagüi es indagado por presuntamente haber recibido un contrato de la UNGRD con la mediación del entonces ministro del interior, Luis Fernando Velasco. Y la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, también está siendo indagada por presuntamente recomendar a contratistas de maquinaria amarilla en la UNGRD.
Por los lados del Gobierno, la Fiscalía adelanta indagaciones contra Velasco y Bonilla, por los hechos mencionados, y contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de Función Pública, quien apareció desde las audiencias iniciales como cabeza del organigrama criminal de la UNGRD junto a Olmedo López. Manrique Soacha fue señalado de gestionar coimas de recursos que se liberaron de la Agencia Nacional de Tierras con la mediación de su ficha o 'ahijado político' Luis Carlos Barreto Gantiva. Hay otros mencionados de manera incipiente, como el exministro de Hacienda Diego Guevara, quien habría asistido a encuentros con María Alejandra Benavides.
El ente acusador avanza en la segunda etapa de la investigación por el entramado corrupto de la UNGRD y anunciará, próximamente, nuevas imputaciones. La Corte deberá definir si llama a juicio a Name y Calle y deberá resolver la situación jurídica de los demás investigados.
