Viaje al corazón de la guerra en Buenaventura

A medianoche, cuando Colombia duerme, María Dolores está alerta y lista junto con sus dos pequeños hijos para salir a correr, cada uno con un par de galones. A esa hora cruza el carrotanque que transporta el agua para los habitantes de su barrio Matía Mulumba, en Buenaventura. Esa es la manera en que ella y buena parte de la comunidad se abastecen de agua potable para el uso diario.

Es una paradoja. Buenaventura, uno de los municipios con mayor riqueza hidrográfica de Colombia –con 11 cuencas que dan vida a siete grandes ríos y un centenar de quebradas– y uno de los lugares más húmedos del país, donde llueve casi todo el año, es el mismo municipio en el que la mayoría de sus habitantes no tienen acceso permanente al agua potable. Según datos oficiales, hay sectores privilegiados, pero la continuidad no supera las diez horas por día.

Un informe de ProPacífico señala que el acueducto de Buenaventura se diseñó hace más de 80 años y que desde hace más de 25 hay un clamor para modernizarlo. Así como el coronel de El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, pasó los últimos años de su vida esperando una carta con la pensión de veterano de la guerra civil, Alejandro Acosta, otro residente del barrio El Olímpico, dice que, a sus 50 años, lleva la mitad de su vida con la ilusión de poder abrir una llave en su casa y que salga agua.

Por estos días, sin embargo, esa no es su mayor preocupación. Lo que lo desvela es el miedo a la guerra abierta entre Los Shottas y Los Espartanos, que acaba de despedir marzo con 20 muertos. En lo que va del año, se han registrado al menos 50 homicidios en el puerto. La mayoría jóvenes.

Por eso, en cuanto cae el sol, Acosta baja de inmediato la reja de su modesta tienda y se encierra con su familia. Sus hijos no van al colegio estos días. En su vivienda reina el silencio. Este pueblo, alegre y musical, optó por apagar los equipos de sonido por miedo a incomodar a los violentos. “Es mejor no darles ningún motivo”. 

Aquí ya no se escucha música

Linda Posso Gómez, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y residente en Buenaventura, confiesa, triste, que ella hace lo mismo. “Me encanta poner música, pero con la situación como está, es mejor no hacerlo”. Sin embargo, eso no significa que el puerto permanezca en silencio. “Con frecuencia se escuchan ráfagas o disparos aislados”, dice.

Se trata de un toque de queda no decretado, pero que se paga con la vida. Vladimir Bravo Núñez salió de su casa la noche del domingo 30 de marzo para comprar unas salchipapas en el barrio La Independencia. El joven, de 24 años, jugador del Club Deportivo Oros del Pacífico de Buenaventura, fue asesinado a tiros por hombres que se movilizaban en motocicletas.

El crimen del talentoso futbolista estremeció hasta a la vicepresidenta, Francia Márquez, quien escribió que el Gobierno nacional rechazaba la violencia en el puerto.

Pero, ¿en qué momento y por qué llegó a su fin la tregua entre las dos estructuras de las que dependen la paz y la guerra en Buenaventura?

Los Espartanos tienen otro brazo, que en ocasiones actúa de forma autónoma, llamado Los Chiquillos. Su jefe es Robert Daniel Quintana, alias Robert. Varios testimonios señalan que un hijo suyo fue asesinado hace un par de días y que esa fue la chispa que encendió esta nueva ola de violencia.

Para entender la complejidad de esta situación, hay que volver la vista atrás. Antes del año 2000, durante la administración de Andrés Pastrana, Buenaventura estaba tomada por la guerrilla de las Farc. Era difícil hallar un local, un negocio, que no fuera boleteado. 

El horror paramilitar

La Comisión de la Verdad documentó que, en ese año, hubo una reunión entre Vicente Castaño, hermano de Carlos Castaño, jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y algunos empresarios del puerto en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Su propósito era crear una estrategia para “acabar con la guerrilla”.

La comisión consignó que “los acuerdos con comerciantes y empresarios locales incluían desde el mantenimiento de la nómina del grupo hasta el pago de fuertes sumas de dinero, que permitieron el sostenimiento del pie de fuerza paramilitar en el municipio”.

Los paramilitares, que en ese entonces desplazaban escuadrones de la muerte por todo el país ante la mirada casi indiferente del Gobierno nacional, dejaron claro cuán importante era su ofensiva en esta ciudad por donde pasa el 40 por ciento de la carga del país cuando enviaron a Éver Veloza, alias H.H., uno de sus hombres más despiadados, con el Bloque Calima.

En solo tres años, entre 2000 y 2003, se cometieron 19 masacres con 118 víctimas y se desplazaron a 36.165 personas. El gobierno de Álvaro Uribe logró una negociación que produjo la desmovilización de los paramilitares. El 15 de agosto de 2006, se desmovilizaron 31.671 combatientes, según un reporte de la Alta Consejería Presidencial.

En los tribunales de Justicia y Paz, los paramilitares empezaron a relatar lo que habían hecho en esta ciudad: “Desaparecimos a muchas personas porque, cuando comenzamos, a la gente se le daba muerte en las veredas y en el pueblo, y los cuerpos quedaban ahí. Pero la fuerza pública nos dijo que no dejáramos los muertos tirados en la carretera, porque eso les subía los índices de homicidios y los perjudicaba. Entonces empezamos a desaparecer la gente”.

¿Y qué hacer sin el brazalete de las AUC?

Con la desmovilización, el ejército de jóvenes que habían reclutado para sus sangrientas acciones –con las casas de pique incluidas– quedó en el aire. Como en muchos de los procesos de paz que se han hecho en el país, el aplauso por el logro de retirar de la violencia a los actores se escuchó nítido hasta el momento en que se tomó la foto oficial.

La pregunta es: ¿qué hacer con todos esos combatientes cuya única experiencia era matar? ¿Qué pasó con aquellos criminales que antes actuaban con las siglas de las AUC en sus uniformes? Uno de ellos, Diego Fernando Bustamante Segura, alias Diego Optra, se convirtió en uno de los mandos de la banda La Local.

“La Local se formó cuando jefes de distintas agrupaciones decidieron crear una organización criminal local sin subordinación a líderes externos. Con este propósito, tomaron el control de los barrios de Buenaventura a sangre y fuego, expulsando a La Empresa, otro grupo ilegal que dominaba parte de la ciudad. A partir de esta victoria, La Local se estableció en todo el distrito”, dice Dennis Arley Huffington en una investigación publicada en el portal Razón Pública.

Sin embargo, como toda organización criminal, La Local era muy frágil, y el grupo se fragmentó en diciembre de 2020. De allí surgieron Los Shotas y Los Espartanos.

Las fronteras invisibles

“A medida que estas facciones se enfrentaban por el dominio de los barrios de la ciudad, surgió el fenómeno de las fronteras invisibles: divisiones entre zonas controladas por bandas opuestas que restringían gravemente el movimiento de los residentes”, señala InSight Crime, un grupo de investigación especializado en crimen organizado y seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.

“La violencia de las bandas y los frecuentes tiroteos dieron lugar a toques de queda informales. Los residentes de los barrios con una fuerte presencia de grupos criminales rara vez salían de sus casas después del atardecer para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado, mientras que las escuelas se veían obligadas a ajustar sus horarios para garantizar que los estudiantes pudieran regresar a casa antes de que comenzara el toque de queda”, agrega InSight Crime.

Ambas organizaciones, impulsadas por el narcotráfico, iniciaron un camino sin límites. El problema, según la experta Posso Gómez, es que, en el diagnóstico, el Estado considera que hoy son solo bandas criminales, cuando en realidad son estructuras que han expandido su influencia más allá del departamento del Valle.

Por eso, cuando hace un tiempo hubo una reunión de altísimo nivel para analizar la situación, alguien preguntó quién manda en Buenaventura, las respuestas fueron esquivas. Solo el obispo Rubén Darío Jaramillo se atrevió a reconocer que en el puerto el poder “lo tienen fuerzas oscuras”.

“Lo que ocurre hoy en Buenaventura es que la seguridad depende, lamentablemente, de la voluntad de las bandas y las estructuras criminales –afirma Posso Gómez–. Eso hace que ahora, a las siete de la noche, las calles estén desoladas, la gente se encierre y se perciba un confinamiento tanto evidente como palpable”.

La ilusión de una paz esquiva

Hace unos meses, el ambiente era otro. Tras el arribo del presidente Gustavo Petro y su política de paz total, renació la esperanza. En octubre de 2022, las dos bandas acordaron una tregua tras entablar negociaciones con el Gobierno, que buscaba negociar acuerdos de desmovilización con los principales grupos armados y organizaciones criminales del país. El pacto condujo a 92 días consecutivos sin homicidios en Buenaventura, lo que representó una drástica reducción de la violencia.

El de Buenaventura fue uno de los procesos que despertó más expectativas en la paz total, la política de negociar simultáneamente con todos los grupos ilegales para pacificar el país. De hecho, esto llevó a la vicepresidenta Márquez a dar un parte de victoria:

“En Buenaventura no hay muertos. Decirlo desde aquí, desde esta institución, es muy cómodo, pero que lo diga la gente que está allí es distinto. Es la gente diciendo: ‘Para nosotros es un alivio poder salir a la calle sin que en cualquier momento te maten, para las mujeres, que no les asesinen a sus hijos, que las barreras invisibles se hayan ido quitando’”, declaró a finales de 2022, entusiasta, al ver caer las hojas del calendario sin homicidios.

Atrás quedó esto. “Esto es muy triste”, dice Paula Tobón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz y conocedora de la situación en Buenaventura. “El avance que había dejado la tregua era significativo, especialmente, en un escenario donde a los diálogos de la paz total les ha costado mucho generar mejoras en la seguridad y en la percepción de los habitantes”.

“Buenaventura había logrado avances. Claro, no era un logro completamente atribuible al Gobierno, ya que la tregua fue un acuerdo entre ambas bandas, pero sí se había generado un escenario positivo para avanzar en otras prioridades de pacificación”, argumenta.

¿Quién es ahora el responsable?

Ella defiende la tesis de Fabio Cardozo, representante del Gobierno en la mesa sociojurídica de Buenaventura, quien sostiene que la responsabilidad no solo recae en la mesa de conversación, sino en todas las autoridades encargadas del mantenimiento del orden público. Desde principios de año, se veía venir la confrontación por enfrentamientos aquí, balaceras allá, confinamientos un día sí y el otro también.

“Uno de los factores que pudo haber influido en la reactivación de la violencia armada en Buenaventura es que el espacio de diálogo sociojurídico se desarrolló sin un marco legal que lo respaldara, por lo que nunca fueron claros los objetivos de esa mesa de negociación. Por otro lado, también ha sido evidente el desinterés del comisionado de Paz, Otty Patiño, respecto a estos espacios de diálogo”, afirma Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en conflictos armados.

Él anota que, si bien las treguas logradas entre estas dos organizaciones criminales redujeron temporalmente los homicidios en la ciudad, el manejo de las rentas ilegales no se incluyó en las negociaciones de paz, lo que terminó sirviendo como factor de persistencia del conflicto.

Un punto que también comparte la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro: “No han dejado de extorsionar, siguen con el microtráfico y han asesinado a personas ajenas al conflicto”, dijo este miércoles.

El tráfico de drogas es la columna vertebral de las operaciones tanto de Los Espartanos como de Los Shotas. Controlan la seguridad de los cargamentos de droga que pasan por los puertos y estuarios de Buenaventura. Los humedales de la ciudad y los pantanos adyacentes a los ríos forman una red de vías fluviales que los lugareños utilizan para el transporte y que las bandas explotan para trasladar la droga hacia alta mar.

Todo hace prever que la situación va a empeorar. ¿Por qué? Porque mientras el Estado actúa con una lentitud que sorprende para tomar el toro por los cuernos de un problema tan grave, los grupos ilegales se han movido con rapidez porque saben que allí hay materia prima disponible para aumentar su poderío. Por eso, se prevé que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como las disidencias de las Farc ya estén en conversaciones con Los Shottas y Los Espartanos.

¿Cuánta gente está hoy confinada? Es un dato tan difícil de determinar como el real de pobladores del puerto. Aunque las cifras oficiales hablan de 500.000 habitantes, varios líderes de las comunidades negras cuestionan este número y sostienen que son más, y que el Estado los invisibiliza para minimizar la magnitud del problema. Así, quedan relegados a esta tierra del olvido, donde ni siquiera llega el agua potable.