¿Y al final, cómo marcha la paz total?

En Colombia, suele ocurrir que un hecho concentre la atención de todos durante un par de días y luego sea olvidado por otro distinto que, a su vez, caerá en el olvido ante uno nuevo. En medio de la crisis política provocada por el naufragio de la reforma laboral y el anuncio de la consulta popular, poco se volvió a saber de la paz total, bandera principal del gobierno del presidente Petro para que, por fin, después de más de medio siglo de confrontación, reinara la reconciliación.

En el ambiente reina el pesimismo. Es natural, entre otra razones por la suspensión de las conversaciones entre el Estado y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo armado ilegal, con al menos 6.000 militantes.

Además, la guerra abierta en el Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño y Arauca provocan una sensación de repetición. Hay escenas con imágenes similares a las sufridas en las décadas de los 80 y 90, cuando la guerrilla ponía en jaque a los gobiernos de turno.

Sin embargo, en los últimos días se han abierto oportunidades en algunas de la decena de mesas que el Gobierno tiene activas simultáneamente, lo que genera cierto optimismo sobre la posibilidad de un cambio, especialmente en los territorios.

La lista de los hechos que dan esperanza

¿Cuáles son los hechos para esta luz de esperanza? Con Alexander Díaz Mendoza, también conocido como Calarcá Córdoba, uno de los principales comandantes de las disidencias de las Farc -Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF)-, está previsto un nuevo ciclo de diálogos en la primera semana de abril.

“Esta prórroga del cese al fuego se vence el 15 de abril. Están dadas las condiciones para que tengamos un nuevo periodo de cese al fuego, en el cual nos enrutemos precisamente hacia un acuerdo marco y una hoja de ruta para la paz que nos dé certezas, no solamente en lo que resta de este gobierno, sino también para los próximos gobiernos”, dijo Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno nacional.

Con José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, comandante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), también se reanudaron las conversaciones, pese a que está en camino la posible extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien fue detenido en Bogotá al término de un ciclo de negociaciones.

“La delegación del Gobierno nacional y la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano reafirmaron su compromiso de reactivar la mesa, continuar los diálogos de paz, definir las garantías para restablecer la confianza, aportar en la transformación territorial y fortalecer la autonomía de las comunidades”, dice un comunicado firmado por las partes.

A pesar de la confrontación abierta entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, estos llegaron a un acuerdo con el Gobierno para cesar el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en sus actividades ilegales.

En este caso, las bandas también firmaron un documento en el que se comprometen a no ejercer ningún tipo de violencia física, psicológica o sexual contra los menores, lo que supone un avance en la protección de la niñez en medio de la violencia que sacude a este puerto sobre el Pacífico.

Del Pacífico a la Sierra Nevada

En otro punto de la geografía nacional, en la costa Caribe, el Gobierno y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) establecieron también los primeros temas de la hoja de ruta para el inicio de negociaciones.

“La paz en la Sierra Nevada se construye mediante la transformación del territorio; se trata del tránsito de las comunidades que habitan el corazón del mundo hacia el Estado Social de Derecho”, se lee en el documento firmado por Óscar Silva, jefe de la delegación del Gobierno, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, principal vocero de ese grupo armado.

Para un experto en temas de negociación que trabaja en el Gobierno nacional, hoy, a 16 meses de la finalización del gobierno Petro, la política de paz total puede aspirar a concretar los procesos con los Comuneros del Sur, la Coordinadora Guerrillera Bolivariana en el triángulo del Telembí-Tumaco y en el Medio y Bajo Putumayo, y con el Estado Mayor de Bloques y Frentes en el sur del Meta y Caquetá.

También se espera avanzar con las ACSN, que están acosadas por el Clan del Golfo y ven en un acuerdo con el Estado la posibilidad de proteger su santuario de este enemigo poderoso.

Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, en Barranquilla, y experto en temas de paz, dice, sin embargo, que pese a la enumeración “son resultados muy limitados para el esfuerzo que se ha realizado y los objetivos que se planteó el Gobierno”.

Pero, ¿por qué el Estado se embarcó en resolver tantos frentes al mismo tiempo? Diego Arias, experto en resolución de conflictos armados, señala desde Cali que, en principio, la estrategia de paz total acierta en varios enfoques fundamentales, como el de buscar el cese de la violencia con todos los grupos al mismo tiempo, mediante figuras diferentes (negociación política y sometimiento a la justicia).

También destaca el enfoque en la transformación territorial y la transición de economías ilícitas a lícitas como eje central. No obstante, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán popular. En los distintos diálogos y negociaciones se han pactado acuerdos cuyos resultados no han sido los mejores, como en el caso de los ceses al fuego.

El difícil tránsito a la legalidad 

En este punto coincide Sebastián Guerra, asesor experto del Instituto de Paz de los Estados Unidos, quien afirma que no hay un modelo de cambio definido en los procesos, lo que dificulta hablar de avances sustantivos. Se logran algunos acuerdos menores en términos de transformación territorial, pero no es claro cómo estos acuerdos van a influir en la voluntad de los grupos para transitar hacia la legalidad. “Eso no fue claro desde el principio y aún no se ha encauzado. Es el caso de la negociación con la facción de Calarcá”, afirma.

Desde la óptica del Gobierno, Colombia debe seguir perseverando en la construcción de un orden democrático de calidad, lo que implica un Estado social y de derecho en todo el territorio nacional, algo que hoy no existe en amplias regiones. 

En este diagnóstico, en la actualidad hay nueve territorios donde imperan órdenes autoritarios impuestos por organizaciones que ejercen violencia de manera sistemática, vulnerando los derechos de miles de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esto debe ser resuelto por el Estado y la sociedad colombiana.

El presidente Petro, dicen los defensores de la paz total, ha hecho una afirmación acertada: la paz es la transformación democrática de los territorios donde hoy imperan los grupos armados ilegales.

Sin embargo, también es cierto que no ha desarrollado las políticas y estrategias adecuadas para llevar adelante esa enorme tarea. Es comprensible que semejante desafío no se puede lograr en un solo cuatrienio, pero sí se pudo haber marcado un rumbo de acción claro, mostrando mejoras significativas en las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de esos territorios.

Allí hay un enorme déficit de este gobierno, una tarea pendiente que se observa, por ejemplo, en los desaciertos en el Catatumbo, donde se ha perdido tiempo y ha quedado en evidencia la falta de políticas y estrategias para la transformación territorial.

¿Cuáles han sido los errores?

La política de paz total ha sido errática al no contar con una apuesta profunda por la transformación territorial, que es el eje central, como lo expresó el presidente Petro desde el primer día. Desafortunadamente, esto no se tradujo en una acción efectiva y abarcadora.

Las mesas de negociación debieron ser subsidiarias de la política de transformación territorial, y no el centro de la acción transformadora. Por supuesto, es mejor contar con los actores ilegales en el proceso de cambio, pero los protagonistas reales son las sociedades locales, los actores económicos y sociales con intereses en esos territorios, y la acción del Estado.

Armando Novoa, quien está al frente de la mesa con una de las disidencias de las Farc, ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, dice que hay que persistir porque los “grupos ilegales están instalando gobernabilidades en territorios’.

“Tal vez el éxito de la política de paz total debe medirse por el de lograr arrebatarles el territorio a las comunidades de esas gobernabilidades criminales”, asegura.

Carlos Arturo Velandia, analista del conflicto armado y conocido en su época en el ELN como alias Felipe Torres, afirma que hoy la paz total debe ser entendida desde la dimensión de la paz territorial en los procesos de diálogo político con Comuneros del Sur, la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de Bloques y Frentes, liderado por Calarcá Córdoba y Andrei.

Él también incluye los procesos socio jurídicos en Buenaventura con los Shotas y los Espartanos, el de Quibdó con las bandas Locos Yam, RPS, Los Zeta, Los Mexicanos y Revolución Cabí; además de las bandas de macrocriminalidad del Valle de Aburrá, el proceso iniciado con las ACSN y el Clan del Golfo.

Las tres condiciones de la paz total

“Estos procesos están activos, aunque con ritmos diferentes y particularidades propias. Todos operan bajo la lógica de las tres condiciones fundamentales de la paz territorial: transformación del territorio, desescalamiento de las violencias hasta el cese definitivo y desarme con tránsito hacia la civilidad y el Estado social y de derecho”, asegura Velandia.

Para este experto, en todos los procesos se registra voluntad de las partes, pero faltan marcos jurídicos sólidos y seguros. ¿Qué hacer? Se busca superar el punto de no retorno, para lo cual el gobierno deberá agilizar la creación de garantías jurídicas y sociales que permitan a los armados abandonar las armas y la violencia, responde.

El problema es complejo. Porque a pesar de que hasta ahora los resultados no son los esperados, otras dimensiones de la paz total incluyen la acción liberadora del Plateado, liderada por las Fuerzas Militares y combinada con una fuerte presencia del Estado y un plan de inversión social en ese territorio. Asimismo, la intervención de la Fuerza Pública y el Estado para resolver la crisis humanitaria en el Catatumbo y recuperar ese territorio para el Estado social y de derecho.

Pero, ¿se hizo la tarea? “A estas alturas, el Gobierno no puede seguir enfocado únicamente en las transformaciones territoriales sin activar, en paralelo, una conversación real sobre el tránsito a la legalidad y las vías jurídicas para lograrlo”, asegura el analista Sebastián Guerra.

Para este experto, sin un modelo de cambio claro y sin una conversación activa sobre la legalidad, existe el riesgo de que los procesos 'avancen' hacia un mayor control social y territorial por parte de los grupos armados, en lugar de facilitar su salida de la ilegalidad o la reducción de su gobernanza criminal.

¿Dónde está la estrategia militar?

Diego Arias subraya un punto vital. Dice que, si los resultados de la paz total son mínimos, también se debe a la falta de una estrategia militar sólida que coloque al Estado en una posición de ventaja estratégica.

“Como bien lo ha defendido Otty Patiño, este no es el mismo contexto en el que se dio la negociación con las Farc, pero, en cualquier caso, la aproximación del gobierno para lograr la paz no puede ser fruto de la ingenuidad ni, mucho menos, de la debilidad”, argumenta.

Al mirar el horizonte, Arias se muestra escéptico: “Con excepción del proceso con Comuneros del Sur y quizá el de la disidencia de la Segunda Marquetalia, no se lograrán los resultados que todos quisiéramos. Esto implica replantear la estrategia de paz, que enfrenta el enorme reto de poder ser continuada en el próximo gobierno”.

Y es que al observar el panorama, hay elementos muy inquietantes. El capítulo sobre Colombia en el último informe mundial de Human Rights Watch advierte que los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en el país. 

Añade que la Fuerza Pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados.

Para junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos disidentes de las Farc, en 299. Estas cifras representan un aumento aproximado del 55 por ciento, 23 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, en comparación con el año anterior.

La Defensoría del Pueblo reportó 159 casos de reclutamiento de niños en el primer semestre de 2024, en comparación con los 184 registrados en todo 2023. Muchos de los niños reclutados pertenecen a comunidades indígenas.

Más de 71.000 personas fueron confinadas en sus comunidades entre enero y julio, una situación conocida como “confinamiento”. Esto representa un aumento del 39 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. Las principales causas del confinamiento son el miedo a minas antipersona, las amenazas de grupos armados y el riesgo de ser alcanzados por fuego cruzado.

Porque mientras los actores políticos se enfrascan en agrias discusiones en los centros urbanos, en la Colombia profunda la violencia campea.