
El entonces presidente del Congreso Juan Diego Gómez convocó la Comisión de Acreditación para llevar a cabo el proceso de elección de contralor general durante el receso legislativo, al hacerlo creó un vicio de trámite. A pesar de esto, esa misma comisión se reunió y creó la primera lista de los diez elegibles, lista que profundamente viciada no cumplió con la cuota de género ni con el principio de meritocracia.
Dos fallos, uno del Tribunal Superior de Medellín y otro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tumbaron la lista. El primero, al tratarse de la violación de un derecho fundamental ordenó armar una nueva lista en 48 horas, el segundo le otorgó esa responsabilidad al nuevo Congreso.
Juan Diego Gómez, acatando el fallo del Tribunal Superior de Medellín en 48 horas, armó una nueva lista corrigiendo los vicios de mérito y de género, dejando a un lado el vicio principal, el de trámite. Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato. Le pidió respuesta al nuevo Congreso, preguntando si la nueva lista logra incluir los criterios pedidos. Criterios cumplidos pero que la actual mesa directiva intenta contradecir, al decir que la renuncia de Karol González afecta la cuota de género y al no realizar la entrevista para ponderar junto al examen y la hoja de vida se violó el criterio de meritocracia.
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