Imaginen ustedes a un hombre de 66 años con una afición particular. Los sábados se sube a su Toyota blanca, nueva, y se dirige hacia los sectores más pobres de su ciudad, ubicados, como ocurre con frecuencia en Colombia, en las laderas y los cerros que rodean las grandes urbes.
Allí entra en contacto con mujeres mucho más jóvenes que él. Algunas no superan los 22 años y viven en condiciones económicas precarias. Él, investido de poder; ellas, en busca de oportunidades o de una vía de ascenso. La relación, desde el comienzo, está marcada por una profunda desigualdad.
Alrededor del hombre se va formando un círculo de mujeres que, con el tiempo, obtienen algún tipo de retribución. De otra parte, en reuniones de trabajo, incluso delante de sus subalternos, él hombre de la Toyota se permite alardear de su vida íntima. Diciendo que es inolvidable en la cama y haciendo otros comentarios variopintos.
La imagen resulta perturbadora: un hombre poderoso, cuatro décadas mayor que algunas de esas mujeres, que exhibe su intimidad ante propios y extraños mientras su cercanía empieza a convertirse, para quienes lo rodean, en una posible vía de acceso al poder.
La escena podrá generar rechazo a más de una persona, incluso algo de asco.
Esta situación hipotética se me viene a la cabeza por la gravedad de ese tipo de relaciones desiguales. Académicas especializadas en género han llamado “negociación patriarcal” a las estrategias mediante las cuales algunas mujeres buscan seguridad u oportunidades dentro de estructuras machistas e inequitativas. El concepto no elimina su responsabilidad individual, pero obliga a examinar también la conducta de quien concentra el poder.
Hace un año, el equipo periodístico de CAMBIO le reveló al país quién era Juliana Guerrero: una joven de 22 años, sin título profesional y registrada en el Sisbén dentro del grupo de pobreza moderada, que concentraba un poder desproporcionado, pocas veces visto en el Estado colombiano y mucho menos en alguien con su edad y trayectoria. Había pasado de repartir volantes y organizar reuniones de las juventudes del Pacto Histórico en el Cesar a intervenir en la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Igualdad y la Universidad Popular del Cesar.
Según la investigación, el excoronel William Castellanos, entonces jefe de Seguridad de Petro, habría sido clave para llevarla, junto con su hermana Verónica, de Valledupar a Bogotá. Alrededor de ambas aparecía un círculo integrado por funcionarios como Ricardo Adolfo Suárez, entonces director de Fonigualdad, René Hernández, nombrado director de Consulta Previa, y Nhora Mondragón, directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior y ahora directora del poderoso DAPRE.
Según la investigación, Juliana no llamaba al presidente por su cargo; se refería a él como “Gus” y era descrita por fuentes de Palacio como una de las tres personas que le hablaban al oído y como una intermediaria para llegar hasta él. CAMBIO también documentó que ella y su hermana utilizaron un avión y un helicóptero de la Policía para desplazarse al Cesar bajo la explicación oficial de una misión reservada de orden público. Los registros demostraron que viajaron a Aguachica para asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde buscaban impulsar una reforma de los estatutos de la institución.
Esto está constatado en documentos; sin embargo, aún hoy persisten numerosas conjeturas sobre los que serían los otros motivos de dichos desplazamientos, en donde, hay que decirlo, los controles de equipaje a pasajeros son más laxos que los de las aerolíneas comerciales.
Desde ese descubrimiento hasta ahora han pasado muchas cosas. Gustavo Petro defendió públicamente a Juliana Guerrero y anunció que la nombraría viceministra de las Juventudes. La primera hoja de vida publicada no acreditaba el título profesional exigido; dos semanas después apareció una nueva versión en la que figuraba como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria de la Fundación Universitaria San José. La Fiscalía sostiene que obtuvo esos diplomas sin haber asistido a clases, presentado exámenes ni cumplido el requisito del Saber Pro. En marzo de 2026 fue imputada por fraude procesal, cargo que no aceptó, y en julio la Fiscalía radicó el escrito de acusación por ese delito y por falsedad ideológica en documento público.
La revelación más reciente la hizo la revista Semana: conversaciones de Verónica Guerrero con empresarios y otros elementos que, según la publicación, vinculan a Juliana con gestiones para conseguir contratos. Tres empresarios aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos sin recibir lo prometido.
Durante este año, los alfiles políticos del petrismo guardaron silencio frente a las escandalosas revelaciones sobre Juliana Guerrero. Con la última publicación, pronunciarse se volvió inevitable. Sus manifestaciones han tenido un punto en común: exigen que la justicia investigue a las hermanas Guerrero y a los empresarios, y las tildan de traidoras al proyecto, pero poco dicen sobre la necesidad de investigar al tal “jefe de jefes”. Fue desde la cúspide del poder donde Juliana habría recibido una autoridad tan desproporcionada que, según varios testigos, terminó influyendo en cambios de ministros, en nombramientos clave dentro de entidades que manejaban abultadas chequeras e, incluso, en el distanciamiento entre el presidente y su vicepresidenta, Francia Márquez, quien terminó fuera del Ministerio de la Igualdad.
A la publicación de Semana le siguió una serie de entrevistas concedidas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y actual gerente del Fondo Adaptación.
Lo dicho por Angie Rodríguez es de una gravedad enorme, pero quiero detenerme en el episodio que, según ella, provocó su ruptura irreconciliable con el presidente Petro: su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes, debido a unos títulos cuya autenticidad ya entonces despertaba serias dudas y que hoy son materia de un proceso penal.
En mayo de 2026, La Silla Vacía identificó a Vanessa Cortés, una mujer de 33 años que, antes de que comenzara a ser relacionada públicamente con Petro, había tenido empleos temporales e ingresos mensuales de hasta tres millones de pesos. Un mes después de la posesión presidencial creó una empresa con un capital de 200 millones, cuyo rápido crecimiento y conexiones indirectas con el entorno de Euclides Torres fueron documentados por el medio.
En una entrevista con Noticias RCN, Angie Rodríguez señaló un caso en la Aeronáutica Civil que comparó con el de Juliana Guerrero. El caso involucra a otra mujer cuya cercanía pública con el presidente está documentada en redes sociales. Rodríguez afirmó que “manejaba a su antojo” la entidad bajo el “mismo modus operandi”.
Rodríguez también habló de una “red” de mujeres y, durante la entrevista con Blu Radio de ayer, reiteró que varias de ellas buscaban incidir en nombramientos dentro de entidades públicas. Según su denuncia, habrían utilizado su acceso al poder para presionar decisiones administrativas.
Fuentes cercanas a Palacio que han hablado con esta columna le dan crédito a lo dicho por Rodríguez sobre la existencia de ese supuesto grupo. Las llaman “las mariposas amarillas”.
Las mujeres mencionadas son adultas y, si las denuncias tienen sustento, deberán responder jurídicamente por sus actos. Su edad, su origen o las desigualdades de esas relaciones no anulan su responsabilidad. Pero la posible investigación también debería establecer quién les abrió las puertas del Estado, les otorgó un poder desproporcionado y permitió que una cercanía personal se convirtiera en una patente para influir en puestos y contratos. Quien concede ese poder también debe responder por el uso que permitió hacer de él.
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