Aparentemente hay varios grupos e instituciones que están trabajando descoordinadamente en la programación de las políticas públicas que deberían ponerse en práctica en el gobierno que se iniciaría en 2026 con un nuevo presidente, y posiblemente con un cambio de rumbo en política y en política social y económica. Me imagino que la mayoría de esas iniciativas no cuestionan ni proponen cambiar el papel del Estado, su esencia o su forma, aunque por ahí se oyen voces aisladas que proponen cambios políticos radicales encaminados a reducir el poder de la Presidencia y del Estado central. La izquierda posiblemente pondrá sobre la mesa propuestas para que se adopte una mayor estatización y hasta una estatización absoluta, dependiendo de quien provenga la ideología predominante.
Hay dos o tres temas que ninguno de estos esfuerzos podrá desconocer: el primero es la seguridad y la paz. Ya parece que hay consenso tanto en el centro como en la derecha sobre la necesidad de fortalecer al Estado de derecho a fin de que pueda dominar a los grupos armados ilegales que desafían su autoridad en el territorio. Como estos grupos se nutren del narcotráfico y de otras actividades indeseables e ilícitas, se tendrá que reducir la producción de coca e idealmente liberar al país de estas plagas. El otro imperativo ineludible será rediseñar y reconstruir tanto el servicio público de salud como la seguridad social que han sufrido un significativo deterioro causado por políticas mal diseñadas y peor tramitadas por el Gobierno y el Congreso. También parece esencial acabar la pobreza, rediseñar la educación pública y privada, la justicia y la política. En otras palabras, la situación parece exigir una renovación total del Gobierno y necesariamente una reorientación de su papel y sus políticas.
No estoy seguro de si en materia de política económica se está trabajando solamente en política fiscal, que es urgente, y parece ser la obsesión de los jóvenes doctores que ahora manejan la discusión, o de si la política económica que se esta revisando abarca también una discusión sobre el papel del Estado en la economía y una visión práctica de cómo sería su intervención en la Colombia post 2026. En Estados Unidos y en buena parte del mundo se tramita esa cuestión, motivada entre otras razones por el regreso de la política económica de los Estados Unidos a la protección de la producción doméstica y al neomercantilismo, acompañado de cañoneras y otras manifestaciones que hacen recordar cómo eran las relaciones entre países poderosos y otros débiles o menos poderosos en las primeras décadas del siglo XX y las últimas del siglo XIX. Las cañoneras frente a Venezuela no son un invento de Marco Rubio, sino una reedición de la Doctrina Monroe en el mismo sitio.
Dos ilustres economistas norteamericanos han escrito una muy sentida evocación de las políticas que de verdad hicieron grandes y (feroces) a Estados Unidos primero, y poco después a Alemania. Ellos piensan que la discusión del papel y la intervención del Estado en la economía no es cuestión de modelos o de ideologías, sino de lo que funciona o no lo hace, de lo que es práctico, y echan de menos cuando el Gobierno “señalaba la dirección, despejaba el camino, establecía la ruta y, cuando era necesario, proporcionaba los medios. Y luego los empresarios se apresuraron, innovaron, asumieron riesgos, se beneficiaron y expandieron esa nueva dirección de maneras que no se habían pensado ni podrían haberse previsto. Los sectores nuevos o recientemente transformados crecieron, a menudo rápidamente. Al crecer, crearon otras actividades nuevas a su alrededor. El efecto fue revitalizar, redirigir y remodelar la eeconomía”. Dicen que esto dejó de funcionar mas o menos en 1973 o en 1980, cuando se impusieron los matemáticos con sus modelos. (Stephen S. Cohen , J. Bradford DeLong, Concrete Economics: The Hamilton Approach to Economic Growth and Policy, Harvard Business Review Press, March 2016). No creo que estos autores estén de acuerdo con la intervención actual del Gobierno norteamericano en la economía.
Me gustaría invitar a un dialogo sobre cómo poner al Gobierno y a los empresarios en la misma onda, y cómo manejar la corrupción si se decide que es necesario que el Gobierno intervenga, muestre el camino y “proporcione los medios”.
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