Cuatro años de confrontación nos dejaron un país fracturado y las cuentas en rojo. El nuevo gobierno hereda una nación partida en dos mitades que comparten los mismos problemas. Ahora viene lo difícil: construir país en serio.
Por: Luis Alberto Arango
Colombia votó el pasado domingo y el lunes amaneció exactamente igual.
El mismo déficit fiscal, la misma informalidad, la misma inequidad regional, los mismos hospitales sin insumos, las mismas escuelas sin techo. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ganaron con 251.000 votos de diferencia, y el país apareció partido en dos mitades que se miran con desconfianza. Pero hay algo que esas dos mitades comparten sin saberlo: los mismos problemas. Y esos problemas no esperan a que nadie termine de celebrar ni de lamentarse.
Durante cuatro años vivimos bajo un liderazgo que encontró en la confrontación su combustible principal. Petro gobernó para sus seguidores, no para todos los colombianos. La polarización fue su método. Y ese legado —un país fracturado, una conversación pública envenenada, una desconfianza mutua instalada en el tejido social— es el pasivo más difícil de recibir, porque no aparece en ningún balance fiscal, aunque lo contamina todo.
Durante cuatro años vivimos bajo un liderazgo que encontró en la confrontación su combustible principal.
Pero seamos justos con la historia completa. Petro no inventó los problemas estructurales de Colombia ni es el único responsable de lo que no se construyó. Antes de él, y durante décadas, la clase política colombiana ha gobernado en ciclos de cuatro años, pensando en la próxima elección, sembrando lo que alcanza a cosechar en un período y dejando para después lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa siempre tarda más de cuatro años.
Las cifras actuales son brutales y, hay que decirlo, son también el resultado del mal gobierno de Gustavo Petro. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4 por ciento del PIB, un nivel que históricamente solo se había observado en momentos de crisis extraordinarias. Según The Economist, Colombia tuvo el segundo déficit más alto entre 41 países analizados, solo superado por Egipto. Y se estima que este año podría llegar al 7,4 por ciento. Este, que parece ser un dato técnico solo para economistas, es la más clara prueba de que el Estado gastó lo que no tiene y le va a pasar la cuenta a los ciudadanos, sin distinguir si votaron por el ganador o por el perdedor.
A ese hueco hay que sumarle una informalidad que se niega a ceder. Más de la mitad de los trabajadores colombianos siguen en empleos sin protección social: la informalidad cerró 2025 en 55,7 por ciento. En zonas rurales escala al 83,5 por ciento: en el campo, el empleo informal no es la excepción sino la regla casi absoluta. Sin empleo formal no hay pensión sostenible, no hay salud financiada, no hay forma de que una familia construya patrimonio, por ejemplo, accediendo a un crédito hipotecario. Además, la informalidad no es solo un problema económico: es la raíz de la desigualdad que alimenta el populismo de todos los colores, de izquierda y de derecha.
Frente a esto, Colombia necesita algo que ningún gobierno reciente ha logrado construir: una agenda de desarrollo industrial y empresarial de largo plazo. No un plan de cuatro años diseñado para el siguiente ciclo electoral. Una visión de país que entienda que la educación tarda, que la infraestructura tarda, que la formalización del empleo tarda. Que lo que vale la pena siempre tarda, y que, si no sembramos hoy, no hay cosecha posible.
Que lo que vale la pena siempre tarda, y que, si no sembramos hoy, no hay cosecha posible.
Aquí los empresarios tenemos una responsabilidad que no podemos seguir delegando en el gobierno de turno. No se trata solo de generar utilidades, crear empleo y pagar impuestos. La empresa tiene que entenderse como el agente de transformación social. Es vital, por ejemplo, conocer cuántos de nuestros trabajadores están en condiciones de pobreza, apostar por generación de capacidades desde adentro, abandonar la lógica de la maximización a cualquier costo. Ya algunos empresarios lo hacen, y hay que reconocerlo. Pero para quienes todavía no: una empresa que no se legitima ante la sociedad le regala argumentos al populismo. Y ya vimos lo caro que nos sale ese regalo.
También necesitamos reconciliación, pero no para un abrazo en una foto. Es algo más difícil: una reconciliación con la realidad. El déficit fiscal no tiene ideología. La informalidad no tiene color político. Las dificultades en salud y educación no se resuelven gobernando para la próxima elección. Se resuelven construyendo para la próxima generación.
Esa es la Agenda País. No una frase vacía sino una exigencia al nuevo gobierno, al empresariado, a la oposición y a nosotros mismos. Gobernar para todos significa tomar decisiones que no aplauden en ningún mitin, pero que en diez años definen si Colombia fue capaz de romper este ciclo eterno de polarización, promesas y frustraciones.
También necesitamos reconciliación, pero no para un abrazo en una foto.
La fórmula no es un presidente mesías. Pero sí necesitamos un líder que gobierne para todos, que no encuentre en la confrontación permanente su combustible, que tome decisiones audaces sin miedo a perder aplausos, y que entienda que su legado no se mide en cuatro años sino en la generación que viene. Eso, combinado con una ciudadanía y un empresariado que decidan que el país les importa más que tener la razón, es la única fórmula que Colombia no ha terminado de intentar.
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