El presidente puede declarar la guerra, pero no encarcelar a ‘Timochenko’

A pesar de su política de guerra, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no puede llevar a la cárcel a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, sin cambiar o violar la Constitución que ha jurado defender y preservar. 

Lo que sí puede es acabar la Oficina del Comisionado de Paz o suprimir la Consejería para los Derechos Humanos, como lo anunció recientemente.   

Una cosa es el discurso de guerra y otra es el poder real.  Hay una distancia grande entre lo que el presidente electo puede decir y lo que puede hacer como gobernante.  

Y en eso hay que centrar la atención para disipar la incertidumbre que está provocando la retórica populista que caracteriza a De la Espriella. El presidente electo sabe, como abogado que es, que tendría que saltarse el Estado de derecho o entrar en un largo proceso legal para acomodarlo a sus deseos y poner preso al antiguo jefe de las Farc, como irresponsablemente prometió por su canal de YouTube durante su tercera alocución desde que fue elegido. 

“Ese bandido de 'Timochenko' merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello”, dijo. 

Claro, también sabe que llevar a la cárcel al exjefe de las Farc es un planteamiento muy popular ante la mitad de los colombianos que dijeron ‘No’ en el plebiscito por la paz en octubre de 2016, y que probablemente votaron por él. 

Como han explicado varios juristas, el Acuerdo de Paz con las Farc fue incorporado a la Constitución (por el Acto Legislativo 02 de 2017) y esto obliga a las instituciones del Estado a cumplirlo durante varios períodos presidenciales, incluido el que va del 2026 al 2030. El que encabezará De la Espriella.

De hecho, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ya tiene una sentencia de la JEP por secuestro que lo condenó a trabajar durante 8 años -a partir del próximo 15 de agosto- en desminado humanitario, construcción de infraestructura vial rural y comunitaria, localización de personas desaparecidas y restauración ambiental. 

No es una sanción de cárcel, porque así se pactó en el Acuerdo de Paz, pero desconocer la sentencia del tribunal creado para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado con las Farc, no es solo ir contra la Constitución, sino también violar una decisión judicial ya confirmada.

En todo caso, la referencia del presidente electo a ‘Timochenko’ es apenas la más ilustrativa del característico voluntarismo político con el que ha ido vendiendo la engañosa idea de que sus deseos como gobernante son suficientes para cambiar las cosas.  

No. De la Espriella tiene límites institucionales. Y en medio de la desazón que le produce a una buena parte del país con su discurso, es útil tener claro qué puede hacer y qué no puede hacer el presidente electo. 

Sí tiene la potestad para cambiar el enfoque de la política de seguridad y dar el viraje de la Paz Total a la guerra total.  Fue justamente esa oferta la que lo llevó a ser elegido, pues el país estaba agotado por la inseguridad que produjeron las improvisaciones y las concesiones gratuitas del Gobierno de Gustavo Petro a las organizaciones criminales en su fallido intento de desarticularlas a través del diálogo.  

También, en su lógica de apostar por la guerra, el presidente electo puede estrechar la mano de Washington, como lo está haciendo, y profundizar su cooperación con Estados Unidos para fortalecer la capacidad militar, tecnológica y de inteligencia de las Fuerzas Armadas para combatir al Eln, a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo y a otros grupos armados ilegales del país. 
De la Espriella puede emplazar a los cabecillas de esas organizaciones criminales a someterse a la justicia en 30 días o de lo contrario enfrentar el despliegue militar del Estado, como lo ha hecho en sus viajes a las capitales de varios departamentos para los empalmes regionales, en los que incluso se ha dirigido a los alias específicos.  

No es la primera vez que un gobierno prioriza la fuerza sobre el diálogo. Iván Duque lo hizo y Colombia no se convirtió en un país más seguro. Cuando dejó el cargo, en el 2022, los grupos armados habían crecido en número y en capacidad militar, como lo documentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe ‘Ni paz ni guerra: inseguridad y violencia en el Gobierno Duque’. 

Es decir, es amplio el margen de incertidumbre en el resultado de la apuesta por la guerra total, pero el presidente electo tiene potestad para apostar por ella. 

Como presidente, De la Espriella también puede cambiar la arquitectura del Ejecutivo, eliminar consejerías y oficinas y crear figuras como la del Comisionado Nacional de Seguridad, algo que anunció el 13 de julio. 

Por supuesto, el presidente electo puede endurecer el lenguaje contra la JEP -a la que también le ha declarado la guerra- y quitarle recursos. Pero no puede suprimirla por decreto ni reversar las sentencias de ese tribunal para cambiarlas por otras, como tampoco puede decretar el fin del Acuerdo de Paz con las Farc o el encarcelamiento de ‘Timochenko’. 

Podría impulsar una reforma constitucional contra la JEP y el Acuerdo de Paz, pero el trámite en el Congreso, donde tiene contrapesos, no es fácil y sería largo. 

En conclusión, De la Espriella puede subir el tono y tomar decisiones administrativas, pero tiene límites judiciales y constitucionales. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, de manera racional, cuando comienza a cundir el pánico por su discurso populista.