La costumbre del presidente Petro de insultar a diestra y siniestra para encubrir las falencias de su propio gobierno, da lugar todos los días a más y más rectificaciones de quienes resultan afectados con sus infundados cuestionamientos.
El turno de la semana que acaba de transcurrir correspondió a los concesionarios de obras públicas a quienes Petro acusó de estarse quedando indebidamente con los recursos de las vigencias futuras.
Según el presidente, estos caballeros se estarían llevando indebidamente los dineros públicos de las vigencias futuras a fiducias, en vez de estar utilizándolos para construir las obras públicas como corresponde. Con lo cual, agregó, el Estado colombiano se ha quedado sin recursos que podrían estar financiando la campaña contra la fiebre amarilla.
Recordemos, en primer lugar, qué es una vigencia futura.
Cuando se suscribe un contrato de concesión, normalmente el contratista obtiene crédito externo o interno para financiar los avances de la obra. Y el Estado garantiza que dentro de una secuencia de tiempo que se establece en el correspondiente contrato de concesión que es aprobado por el Ministerio de Hacienda, consignará determinadas sumas en fiducias u otros mecanismos desde las cuales se irán desembolsando las sumas para pagar los avances de las obras, una vez que se vayan entregando los avances de obra a satisfacción del Gobierno. Ojo: a satisfacción del Gobierno, que es el que abre o cierra las llaves de las correspondientes fiducias.
Como bien lo señaló la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en un contundente comunicado que expidió a raíz de los temerarios señalamientos que hizo el jefe del Estado: “los proyectos de concesión, de cuarta y quinta generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo, y, por ende, ninguno de ellos está incumplido. Los recursos públicos girados a las fiducias tienen la función de pagar las obras que se han construido y que sean entregadas a satisfacción del Estado".
"Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado. Es evidente, y así lo puede comprobar una auditoria, que aquellas obras que no han podido culminar o que se encuentran paralizadas, presentan dicha situación por falta de decisión en instancias del Gobierno nacional”.
En efecto, la totalidad de las obras paralizadas a la fecha corresponden a proyectos en los que el Gobierno no ha otorgado oportunamente las licencias principalmente ambientales para continuarlos.
Para descongelar estos recursos, el Estado tiene la opción de actualizar los valores de las obras que obviamente han tenido sobrecostos por las demoras, o liquidar los contratos de conformidad con las normas previstas en los contratos correspondientes.
No hay tal, pues, que los concesionarios se estén quedando “codiciosamente” con recursos parqueados en fiducias, y que se nieguen a construir irresponsablemente los trabajos que les fueron encargados.
El responsable de las demoras en los cronogramas de las concesiones de obras públicas es el Estado, que no ha otorgado las licencias, principalmente ambientales, con oportunidad.
Tal es el caso de la perimetral oriental de Bogotá y la vía Bucaramanga-Pamplona, o la de Mulaló-Loboguerrero (aunque en este caso se trata de un impasse contractual mucho más complejo y antiguo).
Las demás concesiones se están cumpliendo correctamente dentro de los cronogramas establecidos, y las vigencias futuras están cumpliendo con su misión contractual.
Como son trabajos de gran envergadura, la misión de las vigencias futuras es asegurar que durante el periodo de construcción que se prolonga durante varias vigencias presupuestales, esté asegurado el flujo de recursos suficientes más allá del estrecho marco de un presupuesto anual.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado, pues, la mala costumbre de vituperar a los concesionarios privados, y dejar flotando la sombra de dudosos comportamientos financieros. Mal precedente. La buena fama de la ingeniería colombiana ante los bancos nacionales e internacionales está siendo socavada con un discurso infundado e irresponsable de la administración Petro.
Que no solo echa una mancha de sospecha sobre los contratos de concesión, sino que olvida que ha sido gracias a estos contratos que se ha logrado construir y mantener 7.369 kilómetros de carreteras modernas en el país, y que se ha movilizado el concurso por 140 billones de pesos del sector privado hacia el desarrollo de la infraestructura nacional que, de no ser por las concesiones, hoy estarían en los escaparates de los proyectos nunca ejecutados en Colombia.
