La bala que mató a Yuranis y el debate sobre el porte de armas en el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Yuranis Romero pasaba la tarde del domingo electoral del 21 de junio en la terraza de su casa junto a su prima. Afuera, el país seguía pendiente de los resultados de las urnas. En un momento, una vecinita les avisó que frente a un bar cercano había una riña y que un primo de ellas estaba involucrado. Se encaminaron rápidamente hacia el lugar, pero cuando llegaron, extrañadas, no encontraron ninguna pelea. Entonces, mientras especulaban qué pudo haber pasado, una bala atravesó el cráneo de Yuranis.

Tenía 20 años, le gustaba el fútbol, vivía con sus padres y tres hermanos, estaba en grado once del colegio, quería ir a la universidad y soñaba con visitar otros países, incluido Venezuela, donde tenía varios familiares que nunca pudo conocer. Sus seres queridos la recuerdan como una joven “tímida y dulce”.

Todo indica que un hombre que consumía alcohol en la discoteca Dulcinea, en el corregimiento Hatogrande (Calamar, Bolívar), disparó la bala, pese a la ley seca decretada por la jornada electoral. Aunque en redes se decía que el responsable estaba festejando el triunfo en las urnas de Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, pero los familiares de la víctima desmienten esa versión.

“Él sacó el arma de fuego apuntando a un muchacho y se le escapó la bala. La bala rozó al muchacho, pero le llegó a la cara a mi prima y le salió en la parte de atrás de la cabeza”, contó otra prima de Yuranis a CAMBIO.

Sus familiares intentaron auxiliarla de inmediato. La trasladaron al municipio de Arroyohondo, pero allí los médicos confirmaron lo que su familia no quería escuchar: llegó sin signos vitales. El responsable de disparar huyó del lugar y hasta el momento no ha sido capturado por las autoridades. La familia de Yuranis teme que logre escapar hacia Bogotá o salir del país.  

La muerte de Yuranis ocurrió apenas unas horas después de que Colombia eligiera presidente. Aunque las circunstancias exactas del disparo siguen bajo investigación, el lamentable caso coincide con un momento en el que vuelve a debatirse si se debe flexibilizar el porte de armas y qué hacer con las armas en manos de civiles.

La discusión adquiere especial relevancia porque Abelardo de la Espriella llega a la Casa de Nariño con una visión distinta sobre la seguridad y el porte de armas, una de las banderas que defendió durante la campaña electoral.

Durante la campaña, el hoy presidente electo defendió la posibilidad de ampliar el porte legal de armas para ciudadanos que demuestren idoneidad física y mental, una propuesta que presentó como parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad, una preocupación que según encuestas es una de las predominantes entre los colombianos.

De la Espriella considera que el problema no son las armas. Su propuesta contempla exámenes y controles para quienes soliciten permisos de porte, así como una revisión del sistema de autorizaciones vigente. El mandatario electo sostiene que permitir que ciertos ciudadanos puedan portar armas tendría un efecto disuasorio frente al crimen y serviría como complemento de las funciones de la fuerza pública.

La iniciativa hace parte de una agenda de seguridad más amplia que incluye la creación de redes de cooperación ciudadana con las autoridades, el fortalecimiento del pie de fuerza y una mayor utilización de tecnologías de vigilancia.

Sin embargo, la propuesta también ha despertado preocupación por  los riesgos de aumentar la circulación de armas en una sociedad ya afectada por altos niveles de violencia.

El mercado de armas y la realidad colombiana

Actualmente, en Colombia rige una restricción desde el gobierno de Juan Manuel Santos que establece la suspensión a los permisos para armas de fuego en todo el país, pero eso podría cambiar el 31 de diciembre de 2026, cuando termina la vigencia de la prórroga del decreto y De la Espriella ya ejerza como presidente de Colombia. 

Mientras el país está a la expectativa si eso sucede, el monopolio de las armas legales está en mano únicamente del Estado, con sus fuerzas militares y policiales, así como algunas entidades y empresas de seguridad y vigilancia. Sólo pueden exceptuarse de la restricción, sin requerir permiso especial, militares activos y veteranos, congresistas, magistrados de las altas cortes, jueces de la República y fiscales de todos los niveles.

Más allá de la restricción, el principal problema de seguridad en Colombia está relacionado con el mercado ilegal de armas que abastece a organizaciones criminales, delincuencia urbana y alimenta buena parte de la violencia armada en el país. 

El mercado ilegal se nutre de diferentes fuentes, entre ellas el contrabando y el desvío de armas que originalmente fueron comercializadas de manera legal. Un ejemplo reciente es el arma utilizada en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay: las autoridades confirmaron que la pistola fue adquirida legalmente en Estados Unidos en 2020, pero aún investigan cómo ingresó a Colombia.

Si el nuevo Gobierno decide no prorrogar el decreto, volvería a regir el régimen ordinario previsto en el Decreto 2535 de 1993, que permite solicitar permisos de porte bajo determinadas condiciones.

Aunque no hay datos actualizados, estimaciones apuntan a que en Colombia circulan 4.2 millones de armas ilegales en manos de civiles en Colombia, de acuerdo con un trabajo publicado por la Fundación Ideas para la Paz en 2020, y las armas con algún tipo de permiso serían unas 800.000.

“El 99.9 por ciento de los crímenes que se cometen con armas se dan cuando las personas no tienen permisos. En cambio, menos del 1 por ciento de estos crímenes se cometen con armas amparadas”, dijo el entonces candidato en una entrevista con Semana. La misma cifra ha sido replicada por la senadora de derecha María Fernanda Cabal, quien también defiende el porte de armas en un modelo similar al de Estados Unidos.

Pero esa cifra no es comprobable. Colombia no tiene cómo saber cuáles homicidios se llevaron a cabo con armas legales o sin los permisos correspondientes.  Pedro Piedrahíta, profesor de ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en seguridad y defensa, explica que tanto las armas legales como las ilegales funcionan con los calibres avalados por el Estado colombiano, por lo que es prácticamente imposible saber qué porcentaje de los homicidios son cometidos con armas legales e ilegales. 

Además, tampoco hay estadísticas disponibles para determinar si las armas con las que se cometen los asesinatos son legales o ilegales pues Medicina Legal solo sabe con qué clase de mecanismo se cometió el delito, pero no tiene información sobre la procedencia o el permiso de porte del arma.

En Colombia se registraron 13.726 homicidios intencionales durante 2025, un aumento de 2 por ciento comparado con 2024. De esos casos, 10.900 se perpetraron con arma de fuego, según las cifras consolidadas del Ministerio de Defensa. 

El impacto de las armas de fuego no se limita a los homicidios. También son una herramienta recurrente para intimidar y ejercer control, como el hurto a personas y establecimientos comerciales o la extorsión.

La principal justificación de quienes defienden el porte de armas más libre es el efecto de disuasión: la idea de que un delincuente podría abstenerse de cometer un delito si existe la posibilidad de que la víctima esté armada. Esa hipótesis ha sido defendida ampliamente por figuras como el economista John Lott, uno de los asesores de seguridad del primer gobierno Trump, aunque sus investigaciones han sido ampliamente cuestionadas por académicos y estudios estadísticos.

De la Espriella también comparte esa teoría. El presidente electo de Colombia sostiene que las armas “tienen un efecto disuasivo y, si el bandido sabe que estás armado, lo piensa dos veces”.

Para Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana y exsecretario de Seguridad de Bogotá, la evidencia disponible apunta en la dirección contraria. "Está demostrado que el porte generalizado de armas de fuego en manos de los ciudadanos incrementa los hechos de violencia homicida y las lesiones graves. Esto no mejora la seguridad ciudadana y menos reduce la violencia", afirmó para CAMBIO.

Como sustento de esa posición, Acero cita la experiencia de Bogotá entre 1994 y 2003, cuando la ciudad implementó una política integral de seguridad que incluyó restricciones al porte de armas, el fortalecimiento de la Policía y la Fiscalía, así como programas de prevención y cultura ciudadana. Durante ese periodo, la tasa de homicidios pasó de 72 a 23 por cada 100.000 habitantes.

Para Andrés Nieto, analista de seguridad ciudadana y convivencia, no hay ninguna experiencia internacional —ni quiera en Estados Unidos— que demuestre una incidencia directa entre la flexibilización para conseguir armas y municiones y la mejora de condiciones de seguridad. "Estas armas terminan activadas, no en situaciones donde la vida esté en riesgo o usadas por lo bandidos, sino entre la ciudadanía en casos de problemas de convivencia".

Pero para Margarita Martínez, experta en gestión del riesgo y seguridad, el debate no debería centrarse únicamente en si flexibilizar el porte es una buena o mala idea. "La pregunta es si el Estado colombiano cuenta hoy con las capacidades regulatorias, operativas y de supervisión necesarias para administrar los riesgos que una mayor circulación de armas generaría". En ese sentido, sostiene que la discusión trasciende el plano jurídico y se convierte en un problema de capacidad institucional.

Exámenes psicológicos y armas

"Conmigo va a haber porte legal de armas para los ciudadanos que prueben la idoneidad física y psicológica. Los camioneros, los comerciantes...”: Abelardo de la Espriella

Si el gobierno cumple su promesa de campaña,  la expedición de permiso de tenencia (comprar) y porte regresaría, bajo unas condiciones que incluirían antecedentes penales, exámenes aptitudinales y una solicitud en la que se debe argumentar detalladamente la necesidad de estar armado. 

Este tipo de tramitación ya ha sido puesta en duda por otros países.  Entre los cuestionamientos de esa afirmación se cuenta que ese tipo de pruebas, aunque podrían evaluar malos hábitos o trastornos mentales, solo permiten conocer el estado de una persona en el momento en que son practicadas, pero no predecir con certeza su comportamiento futuro. Así lo concluyeron investigaciones de la Universidad de Cambridge sobre enfermedades mentales y permisos para uso de armas.

La predicción individual de la violencia es una tarea inherentemente compleja. Aunque las evaluaciones pueden identificar algunos factores de riesgo, no existen herramientas capaces de determinar de manera fiable si una persona desarrollará conductas violentas meses o años después. 

"No existe un sistema de monitoreo continuo que cruce automáticamente ese permiso con situaciones posteriores como una denuncia por violencia intrafamiliar, una hospitalización psiquiátrica, una medida de protección o un proceso penal en curso. En el mejor de los casos, es un filtro de entrada sin continuidad", señala Carolina Barrios, politóloga y voluntaria de la red de mujeres sobre seguridad y defensa, Amassuru.

La experta agrega que, además, Indumil no cuenta con el personal ni con los recursos suficientes para realizar ese tipo de seguimiento permanente.

Los cuestionamientos a esa condición también señalan que los médicos generales o psicólogos carecen de la especialización, las herramientas forenses y el tiempo de consulta necesarios para hacer una predicción precisa del riesgo individual. Por esa razón, lo que un examen de idoneidad no constituye una garantía de que el portador seguirá siendo apto para portar un arma durante toda la vigencia de su permiso.

Meses después, el responsable sigue prófugo. La silla de Yuranis en la terraza permanece vacía. Mientras el nuevo gobierno se prepara para reabrir el debate sobre el porte de armas, su familia solo espera que ninguna otra bala perdida termine con los sueños de otra joven de 20 años.