Trasteos Barbosa

Esta es una denuncia menos sexapilosa que las investigaciones pasadas. Más técnica. Pero no por eso deja de ser muy alarmante. Varios investigadores han sido castigados por el fiscal general, Francisco Barbosa, con traslados a sitios remotos y complejos simplemente por hacer su trabajo: avanzar en indagaciones penales.

Un común denominador tiene ese tema y es que los fiscales trasladados y degradados han manejado casos en los que Barbosa no ha querido avanzar. Procesos en los que hubiera resultado mejor dejar las investigaciones quieticas. Y los casos no son pocos.

Empecemos.

A mediados de septiembre del 2020, cuando el fiscal Barbosa no llevaba ni un año en el cargo, decidió trasladar a Bolívar, Valle del Cauca, Meta y Atlántico a fiscales delegados ante tribunal que tenían Bogotá como sede. Paulina Morales Amado, Patricia Ladino Gaitán, Esperanza Peña Redondo y Olga Tristancho Suárez fueron algunos sobre los que hubo orden de traslado.

Existen más casos. El fiscal Giovanni Bolaños Martínez, quien en 2020 fungía como fiscal delegado ante el tribunal en Popayán fue enviado a la seccional de La Guajira, a 1.400 kilómetros de distancia de su familia. Y Mauricio Quintero López de La Guajira al Cauca.

El funcionario Roberto Lozada Camacho también recibió resolución de traslado esta vez de Neiva a Valledupar. Mientras que Carlos Eduardo Cuenca, quien estaba en la capital del Cesar, debió empacar sus maletas para irse al Huila. Jorge Ricardo Usta de León, de Montería a Bucaramanga; y John William Sotomonte de Santander a Córdoba.

El listado sigue y sigue, y aunque la entidad ha justificado esos movimientos por las “necesidades del servicio”, lo que realmente hay detrás es la intención de frenar el avance de procesos que han estado en contravía de los intereses y alianzas políticas del fiscal Barbosa.

Varias resoluciones, firmadas por la directora ejecutiva del ente investigador, Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento, han estipulado esos movimientos administrativos, que terminan ocasionando el traslado de los expedientes de un fiscal al otro, o simplemente, la renuncia y pérdida de conocimiento del fiscal del proceso. 

Eso le ocurrió al fiscal Daniel Cardona, a quien le notificaron en diciembre de 2020 que sería trasladado de Bogotá a Nariño. Cardona estaba en ese momento en licencia de paternidad por el nacimiento de dos mellizos y no quiso irse a Pasto, lejos de su esposa y de sus hijos recién nacidos. Por ese motivo renunció el 7 de octubre siguiente.

La decisión de traslado de Cardona se habría dado como castigo por una imputación contra Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia y condenado parapolítico, Luis Alfredo Ramos Botero.

En su investigación, el fiscal Cardona pudo determinar que el señor Esteban Ramos y la señora Alejandra González, hijo y nuera respectivamente del investigado, compraron unos tiquetes aéreos a otro fiscal, el señor José Ignacio Umbarila.

El propósito era que Umbarila viajara de Pereira a Medellín y buscara un preacuerdo con el testigo Carlos Areiza, quien terminó asesinado. Areiza fue un declarante importante para la Corte Suprema de Justicia en la etapa de juicio contra Luis Alfredo Ramos. Básicamente querían que el testigo cambiara su versión.

El equipo del fiscal Cardona llegó a tener toda la evidencia del caso, incluso un chat de WhatsApp que demostraba que la persona que había pagado los tiquetes fue el señor Esteban Ramos. El señor Ramos lo terminó confirmando a los medios. 

Pero el día que el fiscal Cardona anunció que llevaría a Ramos ante un juez por soborno y haber ofrecido dádivas para favorecer al exgobernador de Antioquia, Cardona recibió una llamada del director del CTI, en la que le decía que la vicefiscal Martha Janeth Mancera había dado la orden de retirar la audiencia de imputación, porque se iba a realizar un comité técnico jurídico. Cardona no hizo caso e imputó a Ramos. Lo que vino después fue su castigo con la orden de
traslado en su contra.

Es importante aclarar que el pasado 5 de octubre de 2022, otro fiscal especializado señaló que hay suficientes elementos de prueba para que el Tribunal Superior de Bogotá emita una condena contra el fiscal Umbarila por haber recibido estos sobornos de parte de la familia Ramos.

Sigamos.

Otro testimonio recogido por el equipo investigativo de esta columna, demuestra que existe un caso más preocupante o doloroso.

Este funcionario, de quien no vamos a revelar su identidad por razones de seguridad, contó que trabajó en el despacho del fiscal Barbosa, y que, por diferencias con su estilo y sus órdenes, ha sido trasladado cuatro veces en dos años.

Uno de esos traslados ocurrió cuando salió del despacho de Barbosa y fue enviado como fiscal a una oficina en Bogotá que llevaba un año abandonada.

Para poder cumplir las metas impuestas por la entidad, le tocó pagar de su salario, de más o menos 10 millones de pesos mensuales, a cuatro recién graduados de derecho, quienes tenían como tarea ayudarle a poner al día el despacho. Cada uno recibía entre 700 y 800 mil pesos por enviar citaciones, programar audiencias, hacer el inventario de los expedientes y realizar actas.

Como ese castigo no hizo renunciar al funcionario, el 28 de diciembre volvió a ser trasladado, esta vez a la seccional de Magdalena Medio. Viajó con su pareja, quien decidió acompañarlo, pero tuvo que dejar a su abuelo de 82 años en un hogar para ancianos en Bogotá. Esa situación le generó depresión al octogenario, porque su soporte emocional era su nieto el fiscal, quien en cinco meses no lo pudo visitar. El abuelo murió en mayo pasado.

El fiscal terminó solo en la calurosa oficina a la que fue trasladado, puesto que su pareja debió regresar de nuevo a Bogotá, porque las condiciones de temperatura afectaron su salud.

Como respuesta a la resistencia del funcionario, ha sido trasladado y degradado, dos veces más. La interpretación de este fiscal es que han hecho todo esto “para ver si lo hacen renunciar como castigo a sus diferencias con Barbosa”. Pareciera que la pérdida de su pareja y de su abuelito debieran ser ya suficiente condena.

Retomemos.

Algo similar ocurrió con el fiscal auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Zetien, que investigaba un caso en el que el expresidente Álvaro Uribe debería ser imputado. La respuesta al trabajo juicioso del funcionario fue una resolución en la que le informaban de su súbito trasladado a una unidad de menor jerarquía en la Fiscalía del Catatumbo.

Para remplazarlo en el caso del expresidente Uribe fue nombrada la funcionaria Maritza Herrera Orjuela, quien hizo parte del primer anillo del procurador Alejandro Ordóñez, al igual que Gabriel Ramón Jaimes, jefe de esa unidad como coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema.

Y cómo olvidar el famoso caso de la fiscal seccional Angélica Monsalve Gaviria, que involucra a Rodrigo Noguera Calderón, exrector de la Universidad Sergio Arboleda, donde el fiscal Barbosa recibía un salario como profesor sin dictar clase. Después de una decisión contraria a los intereses de Barbosa por parte de Monsalve, recibió copia de la resolución 1232 del 14 de marzo de 2022, en la que la obligaban a reubicarse de Bogotá a la dirección seccional del Putumayo.

Terminemos y para hacerlo volvamos a la persona que firma todas estas resoluciones a nombre de Barbosa y es la directora ejecutiva Astrid Torcoroma Rojas. Resulta que la funcionaria, según las fuentes de esta investigación, ha estado aprovechando el remesón causado por los traslados castigo que firma, para nombrar funcionarios y asesores que no tienen el perfil para trabajar en la Fiscalía, como odontólogos y otras personas sin carrera. Algunos de estos funcionarios trabajaron junto a ella en el Ministerio de Defensa y ahora reciben interesantes salarios por ser cercanos a la dirección ejecutiva.

Vaya, vaya, vaya.

Mientras tanto, otra resolución firmada por esa misma directora administrativa, ordenó la cancelación de 135 líneas de celular que se usaban para las investigaciones de la delegatura para las Finanzas Criminales; la Dirección Especializada contra los delitos Fiscales; la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos; la entidad Especializada de Extinción de Dominio; y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras. La razón, dice el documento de la Fiscalía, se debe a contribuir con la ejecución de las políticas de austeridad en el gasto público.

Pero esas políticas de austeridad, solo aplican para unos y no para el fiscal, como hemos visto en las columnas anteriores. Tampoco para su vicefiscal Mancera. Resulta que, según una denuncia realizada al sindicato de la Rama Judicial, el hermano de la vicefiscal, el señor Alexander Suárez Mancera, que cuenta con una experiencia limitada en las tareas de arreglar computadores, fue nombrado fiscal local poco tiempo después de que sacó un grado express de abogado en la Institución Universitaria Colombia. No bastó con un buen sueldo, sino que el señor también cuenta con esquema de seguridad pagado por la Fiscalía. 

Como si todas estas contradicciones con el presupuesto y los traslados no fueran suficientes, el fiscal Barbosa presentó un proyecto de ley el pasado 1 de septiembre pidiendo 6.000 empleados adicionales para la entidad. La ambición burocrática del fiscal les costará a los colombianos anualmente un billón de pesos más.

Según el fiscal esto se justifica, ya que con estos nuevos cargos se fortalecerá la labor judicial que desarrolla el ente acusador y se pretende avanzar en las investigaciones estancadas. La evidencia y las denuncias demuestran que, bastaría con que el fiscal Barbosa deje de castigar con traslados y degradaciones a los funcionarios que están investigando a sus aliados políticos, o les quite sus instrumentos de trabajo a las diferentes direcciones para poder seguir pagando todos sus descaros como el carro oficial asignado y esquema paseador de funcionarios de la Fiscalía para sus mascotas Bell y Laica.

Es posible que la descendencia rusa del nombre de uno de sus perritos, Laica, nos dé pistas sobre dónde se ha inspirado el señor fiscal en sus delicadas maneras. El libro Archipiélago Gulag, del premio nobel de literatura Aleksandr Solzhenitsyn, que denunció el sistema de represión política en la Unión Soviética, cuenta cómo el régimen enviaba sistemáticamente a los jueces que consideraba enemigos políticos a zonas frías y apartadas del país.

Era una estrategia que Solzhenitsyn llamó Perpetuum mobile, o el castigo del perpetuo movimiento. El fin era que, por medio de privaciones, los jueces se convertían en funcionarios dispuestos a condenar  o a absolver respondiendo a los intereses de los funcionarios y no respondiendo a los parámetros de la ley ni de la justicia. Bastante parecido al implacable modus operandi de Trasteos Barbosa.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com