Pros y contras de la tributaria, según los empresarios

Las reformas tributarias suelen presentarse en octubre con mensaje de urgencia para que sean discutidas y aprobadas por el Congreso antes de finalizar el año. Dice la sabiduría popular de la política macro que un día más en el Congreso es un día más de discusión pública y un día más en el que cualquier cosa puede pasar con la reforma. 

José Antonio Ocampo, que es ministro de Hacienda por segunda vez, presentó su reforma tributaria el 8 de agosto, como había prometido el nuevo gobierno al que pertenece, un texto de solo 48 páginas si se cuenta únicamente el articulado del proyecto, que ha generado revuelo durante toda la semana. 

En los primeros días, los gremios prefirieron ser cautos con sus declaraciones sobre el proyecto, pero a medida que la reforma se ha estudiado y discutido en los medios, se han lanzado un poco más al agua. 

Fenalco, por ejemplo, le pidió al ministro de Hacienda que no elimine los tres días sin IVA, por el impacto positivo que han tenido sobre el sector, y le ha planteado otras alternativas para compensar ese recaudo. El problema, según algunos expertos, es que esta medida de descuentos termina beneficiando a quienes más ingresos tienen, justo lo contrario de lo que se pretendía. En contraste, Sylvia Escobar, directiva del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dice que “eliminar los días sin IVA es un acierto, pues fue una medida tomada en un momento de coyuntura muy diferente al que vivimos hoy”.

Otra es la discusión de las micro, pequeñas y medianas empresas, representadas en Acopi. Su presidente, Rosmery Quintero, insiste en que se les asignen tarifas diferenciales para el impuesto de renta, ya que el 35 por ciento para personas jurídicas es alto para las empresas que representa. Las tarifas rondarían el 25 por ciento. 

Por su parte, Julio César Vera, expresidente de Acipet, advierte que el impuesto adicional a las exportaciones de petróleo, sumado a la eliminación de la deducción del pago de regalías en el impuesto a la renta, que mantendrá la tarifa de 35 por ciento, y el impuesto por carbono ponen en peligro las futuras inversiones en el sector extractivo.

Sylvia Escobar también aplaude que se cobre el IVA a los combustibles líquidos en las zonas de frontera, así como la eliminación de las demás exenciones y deducciones, “pues generan muchas distorsiones y reducen el recaudo”. 

Escobar añade: “El impuesto de bebidas azucaradas y comida ultra procesada es una medida que, más que recaudo, busca reducir riesgos en salud, lo cual es positivo. Por otra parte, no comparto el introducir nuevamente el impuesto al patrimonio; considero que puede gravarse con mayores tasas el ingreso, pero no el patrimonio, que es resultado de ingresos que ya fueron gravados y que no necesariamente generan ingresos adicionales”. 

En cuanto al impuesto de renta para las personas naturales, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que hasta hace poco dirigía Luis Carlos Reyes, destaca como positiva la eliminación de beneficios tributarios para el 1 por ciento más rico, lo que hace más progresivo y equitativo el sistema, pero advierte que se queda por fuera otro 9 por ciento de ciudadanos de altos ingresos que podrían pagar más y muchos otros contribuyentes que podrían empezar a declarar renta. En ese sentido, Sylvia Escobar agrega que “la base de contribuyentes debería crecer para que no sean los mismos pagando más”.

Al Observatorio Fiscal también le preocupa que el proyecto de ley le otorga facultades extraordinarias al presidente Petro para “modificar la carrera administrativa y la gestión del talento humano de la Dian. Sin embargo, en la exposición de motivos no se dice cuáles serían los cambios específicos que se realizarían con estas facultades y solo se mencionan como parte de las medidas que buscan reducir la evasión y la elusión”.

Finalmente, la Andi, a través de Bruce Mac Master, le advirtió al ministro Ocampo que tenga cuidado con gravar demasiado las utilidades del sector empresarial ya que esto puede desincentivar futuras inversiones, lo que termina en menor crecimiento económico y empleo, claves para el desarrollo del país. 

El debate será largo, tardará cuatro meses si el proyecto no se retira.