Amazonía: pasado asombroso, presente insostenible, futuro incierto

Por: Rafael Negret, ecólogo

Los testimonios más antiguos de la historia social y ambiental de la cuenca amazónica se encuentran descritos en los petroglifos de las serranías de la Macarena y Chiribiquete en los departamentos del Meta y Guaviare. Son reconocidos como la Capilla Sixtina de la Amazonía. Más de 250.000 pictografías rupestres, sobre 36 abrigos rocosos que atesoran esas historias, con más de 20.000 años de antigüedad.

Chiribiquete debería ser un centro de turismo histórico cultural y de investigación nacional e internacional, como lo son Stonehenge en Inglaterra, las cavernas de Lascaux en Francia y el parque arqueológico Serra de Capivara, en Piauí, Brasil. Pero en Colombia, Chiribiquete y La Macarena están abandonados a los intereses mezquinos e ilegales de colonos, bandas criminales cultivadoras de coca y comerciantes de la tierra, que someten a los parques a devastaciones, quemas y aniquilamiento de ese patrimonio único.

Esos macizos rocosos o tepuyes, aislados en medio de la selva, son vestigios de los planaltos guyanés y brasilero que quedaron como testimonio de un continente precámbrico. Durante el carbonífero fue una enorme planicie bañada por ríos que desembocaban en el océano Pacífico. Hace aproximadamente 70 millones de años, se erigió el sistema montañoso andino que represaba un extenso lago de agua dulce. En el pleistoceno antiguo, la presión del agua rompió las uniones entre los planaltos formando el río Amazonas con un profundo canal que alcanzó más de 100 metros en diversos lugares aguas abajo de Manaos.

La cuenca de ese majestuoso río dio origen a la selva tropical y el sistema fluvial más extensos del planeta, con 670 millones de hectáreas de bosque y 100 millones de hectáreas de ecosistemas de agua dulce. Tiene una extensión de 6,7 millones de kilómetros cuadrados y cubre el 44 por ciento de América del Sur. Pertenece a nueve países: Brasil (59 por ciento), Perú (11 por ciento), Colombia (8 por ciento), Venezuela (7 por ciento), Bolivia (6 por ciento), Guyana (4 por ciento), Surinam (2 por ciento), Ecuador (2 por ciento) y Guayana Francesa (1 por ciento).

Arroja al océano Atlántico 180.000 metros cúbicos de agua dulce por segundo; tiene 5 kilómetros de ancho frente a Manaos y 11 faltando 1.600 kilómetros para desembocar en el océano; su planicie se encuentra a 82 metros sobre el nivel del mar cuando todavía faltan 3.160 kilómetros para llegar a la desembocadura; las mareas del océano pueden observarse hasta 800 kilómetros aguas arriba del cauce principal y hasta allá suben tiburones. Llueve hasta 4.000 mililitros anuales y en promedio 1.500, lo que hace que sus más de 1.100 afluentes le entreguen al cauce principal aproximadamente las dos terceras partes del agua dulce del planeta. Conforma un sistema ecológico de cinco pisos diferentes de vegetación a partir del suelo hasta 40 metros de altura de los árboles emergentes del dosel, como caobos, ceibas y castañeros. Alberga aproximadamente el 20 por ciento de todas las plantas del continente suramericano; lianas y bejucos que pueden medir hasta 200 metros de longitud subiendo por los árboles en busca de la luz; infinidad desconocida de orquídeas, musgos, líquenes, bromelias y otras epifitas que viven en las luces y las sombras de ese desconcertante paraíso.

Hay un promedio de 280 especies de plantas por hectárea; aproximadamente 3.000 especies de peces, o sea más especies que las sumadas por todas las de agua salada de los océanos y mares de la Tierra; más de 1.300 especies de aves, con 30 endémicas; 80.000 especies de plantas; 650 especies medicinales identificadas solamente en Brasil; 430 anfibios, entre los cuales hay 20 especies de tortugas aproximadamente y 370 especies de reptiles. Imposible saber el número infinito de especies de insectos y vegetales menores, muchísimos todavía no identificados. Se estima que se almacenan entre 90.000 millones y 140.000 millones de toneladas métricas de carbono en los árboles del Amazonas. Si ese carbono se libera a la atmósfera a través de la deforestación, el calentamiento global podría acelerarse significativamente. De hecho, con la tasa actual de deforestación actual la región podría estar actuando como fuente productora de carbono en lugar de un sumidero, liberando aproximadamente 325 millones de toneladas cada año.

El comienzo de la explotación

Después de muchos años de colonización e investigación científica esporádica, con el descubrimiento del caucho se dio inicio al proceso definitivo de ocupación y explotación de los recursos naturales amazónicos. El auge fue entre 1879 y 1912. Es una historia única y agobiante; generó inmensas fortunas, esclavitud, genocidios, arte, infortunios, literatura, música y miseria. Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador experimentaron exorbitantes negocios, crecimiento demográfico, desarrollo urbano, severos impactos ambientales y sociales con espeluznantes historias de injusticias y violaciones de los derechos humanos. Ciudades como Iquitos, en Perú; Manaos, Santarém y Belém del Pará, en Brasil, florecieron de esos procesos y fueron los asentamientos urbanos más representativos y pujantes de esas épocas de gloria, riqueza, derroche, asombro, corrupción, migraciones, devastación de la Amazonía y degradación humana.

En 1903, el peruano Julio César Arana se apropió a sangre y fuego de los barracones de La Chorrera y El Encanto; había más de una veintena de asentamientos de empresarios caucheros colombianos en la cuenca del río Caquetá. En un acto infame de matrería, utilizó al ejército de su país para que lo apoyara, argumentando que era una región en litigio con Colombia y por tanto se trataba de una acción patriótica para proteger la soberanía nacional del Perú.

Arana posteriormente se apoderó prácticamente de toda la cuenca colombiana del río Putumayo y se calcula que murieron esclavizados en las caucherías cerca de 40.000 indígenas de las etnias huitoto, andoque, bora y nonuya. La vorágine, de José Eustasio Rivera, es un bello y desgarrador testimonio de estos episodios trágicos y la desidia e ignominia de los gobiernos colombianos de esas épocas.

En 1904 la Casa Arana estableció sucursales en Manaos. En 1907 creó agencias en Londres y New York, transformando la empresa familiar en la compañía Peruvian Amazon Rubber Company. Compró una gran flota de barcos a vapor que constantemente hacían las rutas entre la Chorrera, El Encanto, Manaos e Iquitos. El cónsul colombiano en Manaos trabajaba para Arana y el expresidente Rafael Reyes también utilizó sus barcos para sacar la corteza de los árboles de quina después de devastar la Bota Caucana.

Presente insostenible

El tráfico de animales terrestres amazónicos es manejado por poderosas mafias, superadas en sus negocios solamente por los traficantes de drogas y armas. Las redes ilegales involucran a comunidades indígenas y campesinas que alcanzan a ganar más de 2.000 millones de dólares anuales. Solamente en la Amazonia brasilera unos 38 millones de animales salvajes –80 por ciento pájaros– son capturados anualmente. Entre 2005 y 2020, las exportaciones de loros vivos promediaron alrededor de 12.000 aves por año, casi todas originarias de Surinam, Guyana y Perú. Después de las aves, son los reptiles y los anfibios los más capturados.

Hoy, el comercio internacional de peces ornamentales es controlado por grupos ilegales. No existen datos precisos, dado el carácter clandestino del negocio, pero se estima que cada año se extraen en Suramérica más de 100 millones de peces ornamentales, pertenecientes a 400 especies de agua dulce, la mayoría de la cuenca amazónica. El comercio ilegal mueve billones de dólares, considerando que el acuarismo es un hobbie con millares de entusiastas alrededor del mundo. Se estima que menos del 10 por ciento de los peces capturados llegan vivos al comercio clandestino de Europa y Estados Unidos.

El siglo XX terminó con altas cifras de deforestación, pero también con algunas acciones ilusorias y disuasivas. Brasil, que irónicamente había empezado la devastación de los años setenta con las dictaduras militares, asumió un papel de liderazgo, siendo huésped de la conferencia de Naciones Unidas conocida como Cumbre por la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Rio 92. La cumbre impulsó convenciones internacionales, mayor diálogo acerca de las políticas para la región amazónica y eventualmente los preparativos y negociación de las Metas del Milenio; época de esperanza y regocijo.

En Brasil, las reservas extractivistas recibieron mayor atención e interés por el gobierno a partir del Programa para el Medio Ambiente y las Comunidades Indígenas –PMACI–, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual participó como interlocutor de los caucheros su líder asesinado Chico Mendes. La red de áreas protegidas se amplió de 1,26 a 1,82 millones de kilómetros cuadrados. Entre 2005 y 2009, el país redujo la deforestación en un 36 por ciento sobre sus niveles históricos y se comprometió en el año 2008 a reducir la deforestación un 20 por ciento para el año de 2020, a partir de los niveles de 1996 a 2005.

Colombia, durante la primera década del milenio, protegió grandes áreas de la Amazonía rigiéndose por la Ley 21 de 1991, que garantizó la propiedad de la tierra a 156 resguardos, con un total de 25,6 millones de hectáreas tituladas, donde habitan 61 pueblos indígenas. En total, el 70 por ciento de la Amazonia en Colombia. Nuevos gobiernos en Bolivia (2006) y Ecuador (2007) promocionaron políticas de respeto al medio ambiente fundamentándose en la Pacha Mama y el Bien Vivir, respectivamente, ambos otorgándole derechos a la naturaleza y reconocimiento de la necesidad de cambiar los modelos de explotación en la Amazonía.

Infelizmente, estos cambios esperanzadores fueron muy frágiles y la presión de retornos económicos rápidos, sin valorar los costos reales, se impusieron de nuevo. En Bolivia, el presidente, después de haber conseguido la aprobación de la constitución política, cambió el discurso y se alió con los sectores interesados en la explotación de la Amazonía. De enero a noviembre de 2019 se quemaron 6,4 millones de hectáreas. Informaciones dadas a conocer recientemente por líderes indígenas amazónicos e investigadores, demuestran que el 34 por ciento de la Amazonia brasileña ha entrado en un proceso de transformación, al igual que el 24 por ciento de la Amazonía boliviana. Le siguen Ecuador, con el 16 por ciento; Colombia, con el 14 por ciento, y Perú, con el 10 por ciento. La sabanización ya es una realidad en el sureste de la región, principalmente en Brasil y Bolivia.

En Ecuador, el caso del parque Nacional Yasuní, emblema de las nuevas propuestas políticas nacionales, igual que su nueva Constitución, fracasó. Fue una propuesta novedosa a la comunidad internacional, solicitando que se le pagaran, en un plazo de trece años, la suma de 3.600 millones de dólares para que el país dejara bajo tierra del parque aproximadamente 846 millones de barriles de petróleo con un valor de 18.000 millones de dólares. Se creó un fideicomiso con Naciones Unidas para recibir los aportes y se obtuvieron solamente 13 millones de dólares. Entonces, el presidente Rafael Correa dio por concluido el proyecto e inició negociaciones para explotar el petróleo, argumentando que el mundo le había fallado al país y que la lógica que prevalece no era la de la justicia ambiental y social, sino la del poder con los países contaminadores, siendo los más ricos y poderosos.

La Amazonía en Ecuador ha perdido un 20 por ciento de su extensión a causa de la expansión petrolera, los monocultivos de palma africana y la minería. Ecuador posee apenas el 2 por ciento de la selva amazónica, pero representa alrededor de la mitad del territorio nacional. Con un índice de deforestación del 4 por ciento anual, sólo le quedan 44.000 kilómetros cuadrados de floresta amazónica. Cada año se devastan 3.000 kilómetros cuadrados.

En los otros países también sigue incrementándose la deforestación. Desde 2001, Perú ha perdido cerca de 2,3 millones de hectáreas de bosques, una superficie superior a la de El Salvador, por causas como la agricultura migratoria, la tala ilegal, el cultivo de coca y la palma aceitera, con más de 60.000 hectáreas plantadas. En 2019 la deforestación creció el 29 por ciento.

Recientes investigaciones demuestran que en la Amazonía peruana se liberan anualmente a la atmósfera –en promedio– 12.500 millones de toneladas métricas de carbono y que entre 2019 y 2020 ascendió a 16.400 millones de toneladas.

En 2020, el Perú alcanzó los más altos niveles de deforestación en la historia del país, con un total de 203.272 hectáreas arrasadas. Se considera el quinto país con la mayor tasa de deforestación del mundo y el tercero mayor en la Amazonía, después de Brasil y Bolivia. En total, Perú ha perdido más de 26.000 kilómetros cuadrados de selva desde 2001, un área mayor que la extensión de El Salvador. Todo financiado por las redes corporativas criminales, motivadas por el tráfico internacional de maderas, tierras y narcotráfico.

En Venezuela la minería ilegal se disparó a partir de la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco. Se devastan Yacapama, Canaima, el río Caura, la reserva de la biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, entre muchas áreas más, donde el devaluado Bolívar ha sido sustituido por el oro. En los territorios ancestrales Yanomamis, la mayoría de las mujeres indígenas presentan altos niveles de mercurio y sus hijos sufren desórdenes neurológicos. Se estima que hay 5.000 mineros, entre los cuales insurgentes colombianos y narcotraficantes operan ilegalmente, prostituyendo las comunidades y transmitiéndoles enfermedades mortales de virus y bacterias para las cuales no tienen resistencia. Por cada gramo de oro extraído se vierten al ambiente tres o cuatro veces más de mercurio. De todos los puntos mapeados en la Amazonía para minería ilegal de oro, diamantes y coltán, la mayoría se encuentra en Venezuela (1.899), Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24). Hasta el año 2018, 85 áreas protegidas de la cuenca amazónica habían sido invadidas por la minería ilegal: 32 en Brasil, 17 en Perú, 12 en Colombia, 10 en Ecuador y 7 en Bolivia. Con seguridad hoy día son muchas más.

Con apoyo financiero internacional, en 2015 Colombia firmó el Programa de Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y Degradación (REDD+), que busca transformar la ganadería extensiva en intensiva, aumentando en 30 por ciento la productividad y reduciendo la ocupación de nuevas tierras; fortalecer políticas nacionales para controlar cultivos ilícitos, la tala ilegal y la minería; declarar 2,5 millones de hectáreas de nuevas áreas protegidas; establecer una coalición público-privada con la finalidad de eliminar la deforestación para 2030. Sin embargo, con la firma definitiva de los Acuerdos de Paz, el 26 de septiembre del 2016, la salida de la guerrilla de las Farc de las áreas selváticas y la incapacidad del estado para ocupar esos territorios con proyectos, finanzas, estrategias, infraestructura, servicios y gobernabilidad, se facilitó el ingreso de otros grupos insurgentes y mafiosos, paramilitares, colonos y narcotraficantes que incrementaron la invasión de parques nacionales y territorios indígenas para el cultivo de coca y comercialización ilegal de la tierra.

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam- confirmó que la deforestación en la Amazonía aumentó un 97 por ciento entre 2016 y 2018, cuando las Farc se desmovilizaron. Los trece focos de deforestación más graves del país estuvieron ubicados en la región amazónica, concentrando el 85 por ciento de las alertas tempranas, o tardías, mejor.

Quizás la acción gubernamental más significativa en contra del proceso de devastación fue ampliar la extensión en 1’486.676 hectáreas al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quedando como el área protegida más grande de la Amazonia colombiana, con un total de 4’268.095 hectáreas.

En 2018, ante el incontrolable proceso de devastación, quemas, cultivos ilícitos e invasión de patrimonios de la humanidad como Chiribiquete y la Macarena, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, con la participación de los gobiernos regionales y las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia), para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA- y para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). El Alto Tribunal fijó plazo de seis meses. Las tareas concretas fueron encomendadas a más de 30 instituciones. Ni el gobierno de Duque, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni los departamentos regionales ni las corporaciones cumplieron la orden.

El área ocupada por cultivos ilícitos de coca en Colombia pasó de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, de acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El incremento de hectáreas también se registró en los parques naturales, en donde el cultivo ilegal aumentó en un 21 por ciento. Las imágenes satelitales muestran que, para 2021, estos cultivos estaban presentes, por lo menos, en 14 parques de Colombia.

La producción de pasta de coca también se incrementó debido a la sofisticación de los laboratorios de alta eficiencia, con récord de 1.982 toneladas en 2020; 11 por ciento más que el año anterior. La cantidad de clorhidrato de cocaína obtenido ha aumentado por hectárea en un 18 por ciento y ahora se consiguen casi 8 kilogramos por hectárea. Los cultivos están concentrados en Antioquia, Córdoba, Cauca, Bolívar, Meta, Guaviare y la región del Catatumbo.

En abril del 2020, esta vez fue la Procuraduría de Colombia la que solicitó a la Presidencia de la República, Duque nuevamente, declarar la situación de emergencia ecológica y climática en el territorio nacional, con el fin de tomar medidas contundentes contra la deforestación y actividades conexas ante la imperiosa urgencia de establecer políticas que protejan la Amazonía. Advirtió que el uso del mercurio en la actividad minera es el elemento más nocivo para las fuentes hídricas, afectando directamente la población campesina e indígena, poniendo en riesgo derechos constitucionales a la salud, a gozar de un medioambiente sano y a la seguridad alimentaria. La entidad afirmó que el uso de ese metal pesado ha afectado los ríos de Guaviare, Guainía, Vaupés, Apaporis, Tararira, Caquetá, Putumayo, Caguán y más. Colombia perdió –entre 2001 y 2020– 88.285 hectáreas anuales, más de 52.000 hectáreas en el primer semestre del 2022.

Quizás el mayor impacto negativo y aniquilamiento de las expectativas de proteger la Amazonía, en los últimos cuatro años, vino nuevamente del Brasil. El presidente Jair Bolsonaro, heredero de las dictaduras militares brasileñas, acompañado en su gabinete por generales de extrema derecha, empezó cancelando la organización de la conferencia de Naciones Unidas, Cumbre del Clima de 2019 (COP25); recortó fondos de la Fundación Nacional del Indio -FUNAI-, del Ministerio del Medio Ambiente y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente -IBAMA-; designó a representantes del Frente Parlamentario de la Agropecuaria en el Ministerio de Agricultura, respaldando a las empresas del agro-negocio, el uso de agrotóxicos, el cultivo de transgénicos y la explotación de los recursos naturales de las zonas protegidas en el Amazonas. Otorgó a los militares jurisdicción sobre las franjas fronterizas, las tierras indígenas y las unidades federales de conservación ambiental; reactivó Calha Norte, un proyecto desarrollado en la década de 1980 inspirado en la preocupación geoestratégica de los militares con la región amazónica. Brasil había reducido la tasa de deforestación en aproximadamente 75 por ciento entre 2005 y 2015, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE-, pero aumentó 171 por ciento entre 2019, al inicio del gobierno de Bolsonaro, y 2020. Esta es la herencia que recibe el nuevo presidente Lula Da Silva, que al retomar sus políticas amazónicas e identificarse con las propuestas sociales y ambientales del presidente Petro de Colombia, abren nuevamente una ventana de esperanzas.

Más del 26 por ciento de la selva amazónica ya ha sido devastada, equivalente a 847 millones de hectáreas. Se estima que está extinguiéndose a un ritmo de unos 60.000 kilómetros cuadrados al año y que, si no se frena esta tendencia, podría desaparecer en 50 años. Un umbral de deforestación del 20 al 25 por ciento ya ha desencadenado el punto de inflexión con un cambio irreversible hacia el reemplazo de florestas por ecosistemas arbustivos en la Amazonía oriental, meridional y central de Bolivia y Brasil, con disminución de lluvias y una estación seca más prolongada. Este punto de inflexión pondría también en peligro el papel de la Amazonía en la generación de lluvias en varias regiones del continente suramericano, además de transformar el sumidero natural de carbono en una fuente de producción, liberándolo en emisiones macizas a la atmósfera y acelerando el calentamiento global de la Tierra y sus tenebrosos impactos negativos. Otro indicador tenebroso es la disminución de la extensión de las aguas superficiales en la Amazonía, que durante los últimos 33 años se han reducido 35.000 hectáreas anuales en promedio. Con los cambios más drásticos ocurridos después de 2010, la pérdida aumentó a cerca de 140.000 has/año.

Futuro incierto

Continuar devastando la Amazonía ocasionará pérdidas incuantificables, irreparables y no solamente nacionales, sino planetarias, por los comprobados efectos catastróficos por el cambio climático. Este tema no se consideraba tan imperioso hace 20 o menos años, pero hoy la responsabilidad de protegerla es de interés de toda la humanidad y consecuentemente de los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Claro está, los primeros que deben asumir responsabilidades y establecer políticas concretas y eficientes son los gobiernos de los países amazónicos. La autonomía y soberanía no tiene cabida a discusión ni dudas. Pero tampoco hay dudas acerca de las funciones de la Amazonía en el mantenimiento del clima global, razón por la cual también es patrimonio de la humanidad, determinando la obligatoriedad internacional de financiar su protección, con énfasis en los países más ricos y poderosos de la Tierra, mayores responsables de originar el cambio climático del planeta. Es urgente que los presidentes Petro, de Colombia, y Lula Da Silva, del Brasil, tal como lo han proclamado, lideren con los otros países amazónicos las negociaciones internacionales para conseguir los recursos financieros necesarios para proteger la Amazonía. Con el Fondo Amazonía, con el cambio de deuda externa por naturaleza y las fuentes del nuevo fondo que se aprobó en la conferencia del clima de las Naciones Unidas (COP27), celebrada en Egipto, para financiar las pérdidas y daños de los países "particularmente vulnerables”. Los casi 200 miembros de la COP27 aprobaron por consenso la decisión.

El desarrollo sostenible es la más importante propuesta política, económica, social y ambiental concebida en el último siglo de debates, investigaciones, congresos, talleres y significativos avances en el conocimiento científico de las relaciones entre los seres humanos y el planeta en que nacimos, vivimos y moriremos. Quizás una simple forma de entender la sustentabilidad es pensar primero en las implicaciones de la insustentabilidad. La destrucción de los recursos naturales es insostenible; sin agua, sin suelos, sin aire, simplemente la vida desaparecería. El término es sostenible o sustentable, porque es dinámico, abierto, evolutivo, dependiente del conocimiento científico y la creatividad humana. No es sostenido, estático, inerte. Por esas razones las políticas ambientales son insoslayables. Fundamentalmente por las cuatro razones siguientes:

1. Porque elevó a nivel planetario la problemática ambiental y las soluciones necesarias, con especial referencia a los denominados recursos naturales globales y críticos: el clima, los océanos, la capa de ozono, las florestas tropicales, la biodiversidad, el agua dulce y otros que han merecido el compromiso internacional a través de Protocolos, Tratados y Convenciones.
2.  Porque internalizó políticamente a nivel de los gobiernos nacionales y los estados la variable ambiental como un instrumento de planificación, abriendo nuevas alternativas de un desarrollo justo, científico, participativo, que posibilite verdadero progreso y mejor calidad de vida.
3. En una relación dialéctica de causa y efecto, demostró que la degradación social y la degradación ambiental caminan agarradas de las manos, ya que la pobreza degrada al medio ambiente y un medio ambiente degradado precipita a los seres humanos en el laberinto de la miseria, de la indigencia. Además, y especialmente, porque las injusticias sociales, alimentadas por los modelos neoliberales de rapiña, constituyen una amenaza para la democracia y la libertad. Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo y progreso.
4. Por el valor espiritual y ético al proponer una cosmogénesis de la totalidad: la ecología, como el cordón umbilical entre la ciencia, espíritu y conciencia; un redescubrimiento del espíritu liberándolo de su exilio inoficioso en el cielo para reivindicar su función aglutinadora en la Tierra, dentro del contexto de la ecología profunda.

La ciencia contemporánea ha identificado una serie de parámetros y guías conceptuales que determinan los principios fundamentales del desarrollo sostenible para la Amazonia y que se consideran esenciales en la superación de barreras y estructuración de las políticas nacionales para los países amazónicos. Estos principios están en armonía con las seis propuestas que hicieron las comunidades amazónicas para que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que llevará a la práctica el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia.

Políticas nacionales y el funcionamiento del marco legal

Las políticas sectoriales y los marcos legales en todos los países amazónicos están fundamentados en modelos económicos neoliberales donde prima la ausencia del Estado, mayor polarización económica, destrucción del patrimonio natural e injusticia social. Reducción del gasto público.

Se deben reivindicar estrategias que faciliten la integración de lo ambiental y lo social en los sectores económicos que actualmente conducen a la devastación de bosques, degradación de la tierra, contaminación del agua, el exterminio de la biodiversidad. Existen muchas leyes y normas obsoletas y perniciosas a la luz de la realidad contemporánea que deben ser actualizadas y llevadas a la práctica. Renunciando al discurso politiquero evasivo, tendencioso y perverso.

Visión integral de la planificación amazónica

Los programas gubernamentales de los sectores económicos son injustos y antagónicos a los ambientales. La planificación local y estatal por sectores de desarrollo como la agricultura, ganadería, infraestructura, industrial, no consideran las variables ambientales ni sociales. El ordenamiento territorial, la zonificación económica, social y ecológica integradas a la planificación son fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible.

Capacidad y coordinación para hacer cumplir las políticas y regulaciones

Las instituciones responsables por la cuestión ambiental no desempeñan la función requerida dentro de los gobiernos; ni voz ni voto, para participar en la determinación de las políticas de desarrollo a nivel nacional. Son instituciones débiles, con bajos presupuestos, pocos funcionarios y dudosa capacitación para desarrollar las atribuciones correspondientes.

La legislación y normatividad es compleja e inconsistente para poder coordinarse entre corporaciones regionales, gobiernos departamentales y nacionales. Peor aún en el ámbito internacional, imposibilitando el control eficiente de los cultivos ilícitos, el tráfico ilegal de animales vivos y muertos, el comercio de madera, la apropiación de la tierra, sus usos y abusos. Se requiere coordinación con las leyes y políticas entre los países amazónicos. Temas que deberían ser desarrollados e impulsados por el Tratado de Cooperación Amazónica, el Pacto de Leticia, los gobiernos, universidades, corporaciones regionales, organismos financieros internacionales. El Tratado de Cooperación Amazónico es anacrónico, burocrático y obsoleto.

En el caso específico de Colombia, es perentorio llevar a la práctica los Lineamientos de la Política de Defensa y Seguridad Nacional para la Nueva Colombia, del Ministerio de Defensa, que pone a disposición del Estado colombiano las capacidades de la fuerza pública para mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres naturales, proteger los ecosistemas y el medio ambiente. Responsabilidad inalienable del estado, no sólo por el hecho de que éstos constituyen un patrimonio estratégico de la nación, sino que su explotación ilegal es una estrategia de financiación de los grupos armados al margen de la ley y del crimen organizado, promoviendo situaciones de crisis social, ambiental y económica.

Tenencia de la tierra

Este es un tema complejísimo en todos los países de la región amazónica. Los catastros sobre la propiedad de la tierra son deficientes y dudosos. Los procesos de invasión de territorios baldíos y áreas protegidas con la falsificación de documentos de propiedad son comunes. Igualmente, el despojo de las tierras indígenas por grupos ilegales y de narcotraficantes. Si Colombia no tiene un catastro sobre la propiedad de las tierras agrícolas y pecuarias, ¿qué podemos pensar de lo que sucede en la Amazonia?

Asistencia técnica y financiamiento para el uso y manejo sostenible de la tierra

La falta de conocimiento, asistencia técnica, servicios de extensión y financiamiento sobre alternativas de sobrevivencia para los colonos y comunidades ancestrales es un enorme obstáculo para la adopción de prácticas sostenibles en la Amazonía. Se requiere crear a gran escala reservas extractivistas, proyectos con productos nativos de alto valor como el cacao, el chontaduro, caucho; esencias, plantas medicinales, aceites, minería sostenible y artesanal, etcétera; técnicas ganaderas que posibiliten pasar de la cría extensiva a la intensiva; manejo forestal sostenible. El turismo ecológico y etnológico, con sus necesarias salvaguardas, así como la pesca deportiva y observación de aves pueden ser estrategias de sobrevivencia para los colonos y comunidades indígenas.

Mercados para sistemas de producción sostenibles

Los mercados sostenibles brindan un potencial extraordinario para nuevos productos que puedan participar de las cadenas de producción ya existentes o por crear. Se requiere mejorar los mecanismos financieros, metodologías para agregar valores, procesamiento, transporte, distribución y comercialización de nuevos productos. El Comercio Justo es una valiosa estrategia mundial para favorecer a las familias productoras, cooperativas, asociaciones comunitarias, la floresta y su biodiversidad. La Amazonia tiene un enorme mercado cautivo y potencial por desarrollar, con el apoyo de la sociedad consumidora y el boicot a mercados insostenibles e ilegales.

Las áreas protegidas, marco institucional, gestión y financiación

La prioridad incuestionable es garantizar los límites y la protección de las áreas ya existentes, pues muchas de ellas están siendo invadidas por colonos y por grupos ilegales para la extracción de maderas finas y el cultivo de coca. Falta control, vigilancia y planes de manejo. Los colonos y comunidades indígenas deber ser participantes fundamentales de estos procesos. Existen muchas lagunas en los marcos legales. Además, es necesario crear nuevas áreas representativas de ecosistemas que todavía no están protegidos. Se requieren programas de protección, capacitación, equipamiento, monitoreo y concertación con las comunidades indígenas.

Como recapitulación general de esta breve historia sobre la ocupación de la Amazonía, podemos afirmar que los primeros investigadores ingleses abrieron el camino del conocimiento científico sobre la cuenca. La ciencia moderna develó la estructura y función determinantes de su asombrosa biodiversidad; sus fortalezas y debilidades; las amenazas aterradoras del cambio climático planetario. Ahora disponemos de toda la ciencia, tecnología y posibilidades de financiamiento para establecer políticas y modelos de desarrollo sostenible. Siempre ha faltado voluntad política y mayor compromiso de la sociedad; ha sobrado corrupción.