La alcaldesa Claudia López anunció acciones penales contra el operador de Doña Juana.
¿Abuso y corrupción en las tarifas de aseo?
El río Tunjuelo recibe diariamente litros de desechos tóxicos provenientes de Doña Juana, a pesar de que los bogotanos pagan una tarifa por una planta de tratamiento que no existe. Según la alcaldesa, Claudia López, el operador del relleno lleva cuatro años embolsillándose millonarios recursos sobre servicios que no presta.
Por: Iván Serrano
Las trampas atrapamoscas que CGR, operador del relleno Doña Juana, les da a los habitantes de la vereda Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar, no dan abasto. Al cabo de un par de horas, quedan llenos de moscas. Los mochuelanos llevan 35 años conviviendo con el que, según ellos, es el peor vecino de Bogotá: el relleno sanitario Doña Juana.
Los vecinos se quejan de que dicho relleno no opera como tal y que hay sectores en donde las basuras son dispuestas a cielo abierto, lo que ha incrementado la presencia de moscas, ratones y perros ferales, canes que permanecen en manadas de entre 15 y 20 individuos y se alimentan de las basuras del relleno. En las noches, los perros llegan hasta las casas campesinas y se comen a sus especies menores: conejos, gallinas y, en algunos casos, terneros.
Doña Juana tiene una extensión de 622 hectáreas, de las cuales el 7 por ciento está siendo utilizado para la disposición de basuras. Al día llegan en promedio 6.161 toneladas de desechos.
A los malos olores, las moscas y los ratones se les suma un problema de mayor envergadura: el tratamiento de lixiviados, líquidos que se desprenden de la disposición de las basuras. En 2018, una cámara de Noticias Uno registró el vertimiento de lixiviados al río Tunjuelo provenientes de Doña Juana, que alteran la consistencia y el color de las aguas. Ese mismo año, un informe de la Contraloría de Bogotá dio cuenta de los elementos tóxicos que son vertidos al río Tunjuelo en altas concentraciones, entre ellos el cloruro y el cromo, los dos cancerígenos; y níquel, que causa efectos adversos en el sistema nervioso central y cardiovascular.
En agosto de 2018, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) les autorizó a los operadores del relleno Doña Juana el aumento de entre 20 por ciento y 30 por ciento en el cobro de la tarifa de aseo, no solo para los bogotanos sino para los habitantes de 11 municipios de Cundinamarca que también disponen sus residuos sólidos en Doña Juana.
En su momento, dicha autorización generó controversia porque fue aprobada por decisión dividida dentro de la CRA y a pesar del pronunciamiento de la Contraloría General, que dijo que el operador había inflado sus costos para justificar el aumento de la tarifa y que, además, no le podía cobrar a los usuarios por el tratamiento de lixiviados, servicio que no se estaba prestando.
Justamente el inadecuado tratamiento de lixiviados generó la reacción de la alcaldesa, Claudia López, quien anunció acciones penales en contra del operador del relleno.
En rueda de prensa celebrada el 11 de julio, la alcaldesa López dijo que los bogotanos estaban siendo víctimas de corrupción y abuso por parte del operador del relleno CGR y anunció acciones penales en su contra.
Según Claudia López, CGR se ha “embolsillado” 163.000.000.000 de pesos en cuatro años por el cobro de un servicio que no ha prestado: el correcto tratamiento de lixiviados. A la fecha y con estos recursos, CGR ya debía haber construido una planta para el tratamiento de los líquidos tóxicos y no lo ha hecho. El consorcio CGR le contestó a la alcaldesa López, por medio de un comunicado, que también instaurará acciones jurídicas para defender el derecho al buen nombre y a la honra.
CGR ganó la licitación para operar el relleno Doña Juana en el año 2010, durante la administración de Samuel Moreno. El contrato se convirtió en uno de los capítulos del carrusel de la contratación, por el cual la entonces directora de la UAESP, Miriam Margoth Martínez, fue destituida e inhabilitada por diez años por la Procuraduría, por irregularidades en dicha adjudicación.
Contraloría de Bogotá se encargará del control fiscal del contrato del relleno sanitario Doña Juana.
En las últimas horas trascendió que la Contraloría Distrital será la entidad que fiscalice el contrato de operación del Relleno Sanitario Doña Juana. Dicho control, hasta la semana pasada, lo realizaban de manera conjunta las contralorías General y Distrital. El ente nacional remitió toda la información recabada hasta el momento al ente local, que seguirá auditando dicho proceso.
Adicional al anuncio de acciones penales de un lado y de otro, CGR promovió un laudo arbitral en contra del Distrito por los dineros que habían dejado de recibir antes de la cuestionada aprobación de aumento de tarifas en 2019. La controversia sigue sin dirimirse en la Cámara de Comercio de Bogotá.
