El lío en el Gobierno por la eliminación de los contratos por prestación de servicios

El 29 de diciembre del 2022, el director del Departamento de la Función Pública y el director de la Escuela de Administración Pública (Esap) enviaron una circular conjunta a todos los órganos y entidades de la Rama Ejecutiva en Colombia con los lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público.

El objetivo de este plan es eliminar los contratos por prestación de servicios como método de vinculación de personas a las entidades públicas que hacen parte de la Rama Ejecutiva. La circular fijó un plazo de cuatro meses para acabar de una vez por todas con ese tipo de contratos.

Más allá de las bondades detrás de la decisión (frenar los abusos laborales contra quienes los firman), la dificultad estriba en hacerla cumplir. Estos son los principales inconvenientes del ultimátum:

1. Estudios técnicos en tiempo récord e incertidumbre laboral

Según la circular conjunta, en apenas 120 días las entidades estatales tienen que adelantar los estudios técnicos pertinentes para determinar la planta temporal que van a necesitar para suplir las labores y –si así lo requieren– vincular nuevos trabajadores a la planta fija. Incluso, si se evidencia que es necesaria una reestructuración interna de la entidad, esta se debe proponer en ese plazo.

Según estimaciones del Gobierno, en la actualidad hay más de 500.000 contratistas vinculados al Estado, sobre quienes se debe decidir la suerte en cuatro meses, lo que ha generado incertidumbre dentro de las instituciones. El Ministerio del Trabajo le envió una carta el pasado dos de enero a la Secretaría Jurídica de la Presidencia en la que expresó sus reparos sobre llevar a cabo esta medida en tan poco tiempo.

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“Se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes (…) ponen en riesgo la gestión administrativa e imponen una carga imposible de ejecutar” dice una parte de la carta, firmada por la ministra Gloria Ramírez.

Las contradicciones dentro del Ejecutivo han generado incertidumbre en los contratistas y en las mismas entidades. Una contratista vinculada actualmente a la Alcaldía de Bogotá le dijo a CAMBIO que en la dependencia para la que trabaja se firmaron contratos en los últimos días del 2022 con vigencia solo hasta abril, por lo establecido en principio por el Gobierno. Ahora, sin saber si este plazo es el definitivo o no, hay zozobra entre los trabajadores por no tener certeza de su estabilidad laboral.

Los estudios técnicos tendrán que ser realizados siguiendo lo estipulado en la Ley 909 del 2004, que regula el sistema de empleo público en Colombia. El artículo 21 de esta norma establece las siguientes condiciones para la creación de empleos temporales:

En ese sentido, determinar cuáles contratistas podrán seguir vinculados en una planta temporal, cuáles se integrarán a la planta fija y cuáles serán desvinculados por completo podría ser una tarea titánica en tan corto tiempo.

Además, buena parte de los contratistas están vinculados en una relación laboral disfrazada. Aunque por la naturaleza civil de su contrato no se les puede exigir el cumplimiento de un horario ni tampoco subordinación y sus tareas deben ser específicas, la realidad es diferente.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alertó sobre 17.049 procesos judiciales en curso, a corte del 2021, por la práctica de entidades públicas de hacer pasar contratos laborales como de prestación de servicios.

Por ello, los estudios técnicos tendrán que evitar que los contratistas que en el papel desempeñan tareas puntuales, pero en la realidad hacen funciones de un empleado de planta, terminen siendo vinculados temporalmente o perdiendo su empleo al no ser considerados como indispensables.

En diálogo con CAMBIO, Germán García, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado (Sunet), explicó que, aunque ven con buenos ojos la formalización laboral, persisten muchas dudas sobre la implementación de este plan.

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“Las plantas temporales están amarradas a proyectos y la función estatal no puede ir amarrada a proyectos. Además, las plantas temporales tienen una vigencia limitada, por lo que después de un tiempo las personas vuelven a quedar desempleadas. Finalmente, para las plantas temporales no se hace concurso de méritos y se le hace una gambeta a la carrera administrativa”, dijo el líder sindical.

Alejandro Ballesteros, administrador público de la Esap, concuerda en la inconveniencia de la vinculación temporal. Para el experto, “las plantas temporales no son formalización laboral. Estas se usan para casos excepcionales de la Administración Pública, pero lo que se ha visto es que les asignan funciones misionales a las plantas temporales; es ilegal y no genera estabilidad laboral”.

2. Más desempleo

La formalización laboral es una buena noticia para los contratistas del Estado, pero no para todos. La eliminación de los contratos por prestación de servicios no implica que todos los contratistas pasarán a ser empleados de las entidades públicas ni de manera fija ni temporal.

Las limitaciones presupuestales y la prelación a la carrera administrativa harán que irremediablemente miles de contratistas se queden sin trabajo después de abril o incluso antes.

CAMBIO conoció que en 2022 la Secretaría de Integración Social de Bogotá sumó 200 personas a su planta de personal, lo que implicó la eliminación de 2.000 mil contratos de prestación servicios para que el proceso saliera a costo cero. Es decir, 200 plazas fijas cuestan lo mismo que dos mil contratistas. De esas 200 plazas, solo el 10 por ciento pudo ser ocupada por contratistas, el resto se asignó por carrera administrativa.

Germán García anota que, en el caso de la capital, de los 70.000 contratistas que tiene hoy el Distrito solo 18.000 podrán pasar a la planta temporal o fija de las entidades; el resto “quedará en el asfalto”.

El sindicato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar) también manifestó su preocupación en una carta enviada al director del Departamento de la Función Pública, César Manrique, en la que advirtió que, con la situación presupuestal de la entidad, más de 4.000 contratistas se quedarían sin trabajo, lo cual generaría “caos y una falla real en la prestación del servicio, que conllevaría a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

3. El costo de la formalización

Otra de las dudas importantes es de dónde va a salir la plata que deben invertir las entidades públicas para crear nuevos cargos fijos y temporales.

Hasta el momento, no se conoce ningún concepto del Ministerio de Hacienda sobre la disponibilidad de recursos para llevar a cabo este plan de formalización. Por su naturaleza civil y no laboral, un contrato de prestación de servicios no implica el pago de seguridad social y prestaciones a los trabajadores. Los nuevos contratos generarán nuevos gastos, que las entidades tendrán que asumir de ahora en adelante: pensión, salud, riesgos laborales, prima de mitad de año y de diciembre, vacaciones y dotaciones, entre otros rubros.

Según la ley, para la creación de plantas temporales y empleos fijos no solo tendrán que haberse desarrollado los estudios técnicos, sino que los recursos deben estar asegurados y disponibles. Esta sería una carga adicional para las entidades en los próximos cuatro meses.

Finalmente, el costo de los estudios también representa un gasto adicional, que puede oscilar entre los 50 y los 900 millones de pesos dependiendo del tamaño de la entidad.

En respuesta a la ministra de Trabajo, el Departamento de la Función Pública explicó que no es necesario una adición de recursos, pues los gastos en los contratistas se puede utilizar para el pago de la nómina. Además, han puesto su recurso humano y técnico a disposición de las entidades para la realización de los estudios.