25 Agosto 2022

¿De qué se trata la propuesta de extradición de Gustavo Petro?

En 25 años, Colombia ha enviado a más de 6.000 delincuentes a cárceles estadounidenses gracias a un tratado que el presidente Gustavo Petro quiere condicionar en aras de sacar adelante su plan de "paz total". Las autoridades de Estados Unidos dicen, por supuesto, que es una propuesta que se debe analizar muy bien.

“Narcotraficante que negocie beneficios jurídicos con el Estado colombiano y deje de ser definitivamente narcotraficante, no será extraditado”.

Con esas palabras, el presidente Gustavo Petro presentó esta semana uno de los puntos más importantes de su propuesta de extradición hacia los Estados Unidos, un mecanismo que ha sido ampliamente utilizado en la guerra contra las drogas en el país, pero que en el último tiempo ha sido cuestionado por organizaciones de víctimas y distintas autoridades judiciales.

El presidente y una delegación del gobierno de Estados Unidos sostuvieron una reunión este miércoles en la que Petro expuso los ejes de su política contra el narcotráfico. El mandatario insistió en varios puntos: cero glifosato, replanteamiento de la erradicación forzada de cultivos ilícitos y una reforma “sustancial” a la extradición. 

"Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos; narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en la que lo acompañó el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

En palabras simples, Petro va en el sentido de que si un narco negocia con la justicia y deja de delinquir, no es enviado a la justicia estadounidense. Algo que hasta ahora no sucedía. 

En la reunión, Petro habló con Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca; Francisco L. Palmieri, embajador encargado en Bogotá;  Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y Peter Natiello, administrador para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). 

No es la primera vez que Petro pone sobre la mesa el tema de la extradición en las distintas reuniones que ha sostenido con el gobierno de Estados Unidos. Aunque los funcionarios estadounidenses han sido prudentes en sus declaraciones y han dicho que Petro tiene derecho a tomar las decisiones que crea más conveniente para su país, en el tema de las drogas han sido más reacios. En una rueda de prensa al finalizar la tarde, el subsecretario de Estado Robinson advirtió que la propuesta "era obviamente algo que el Departamento de Justicia debe discutir".

"Reconocemos la importancia de la extradición, pero esta es una opción que tenemos en nuestra caja de herramientas. Continuaremos negociándolo y discutiendo con el nuevo gobierno”.

La extradición en Colombia fue aprobada por el Congreso en 1997, después de años en los que el país titubeó si aplicarla o no ante las amenazas de los grandes capos del narcotráfico. En la Constitución de 1991, por ejemplo, se prohibió la entrega de ciudadanos colombianos a autoridades penales de otros países, gracias en parte a la influencia de las bombas y atentados del Cartel de Medellín y otros grupos de narcotraficantes.

Pero todo cambió en 1997. El Congreso colombiano aprobó el restablecimiento de la extradición y desde entonces las solicitudes de extradición llegan del Departamento de Justicia de EE.UU. al Ministerio de Justicia, pasan por el visto bueno de la Corte Suprema y, finalmente, son firmadas por el presidente de la República.

Desde entonces, han sido entregadas a los Estados Unidos más de 2.500 personas acusadas de narcotráfico. Al menos dos docenas de ellas eran también cabezas de los grupos paramilitares y de las Farc. Solo en los últimos cuatro años, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, se extraditaron más de 600 personas a ese país. 

 

Extradición versus Verdad

Otoniel
La extradición de Otoniel enfrentó al gobierno Duque con las víctimas. / Cortesía

En los últimos años, este mecanismo de la extradición ha sido fuertemente cuestionado por las asociaciones de víctimas, que consideran que con el envío de los delincuentes a Estados Unidos se les priva no solo de la verdad, sino también de una reparación integral. 

"La extradición, paradójicamente y a pesar de ser contemplada como una forma extrema e ineludible de judicializar y castigar, más recientemente se ha convertido en una forma de evadir responsabilidades no relacionadas con narcotráfico sino más bien con violaciones a derechos humanos y otros delitos que es muy posible que nunca lleguemos a conocer", escribió la politóloga Sandra Borda en el prólogo del libro Extradición - De Lehder y los Rodríguez a Otoniel - Cuarenta años de guerra contra las drogas, escrito por la reconocida periodista Maria Elvira Samper. 

En abril de este año, por ejemplo, cuando se debatía sobre la extradición de Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, las víctimas rechazaron públicamente la medida y pidieron que no fuera extraditado antes de que dijera la verdad sobre cientos de crímenes y de violaciones a derechos humanos cometidos en sus años como guerrillero del EPL o como miembro de los grupos paramilitares.

Finalmente, con la extradición de Otoniel a comienzos de mayo, muchas verdades quedaron a medias o desconocidas. Una columna de Daniel Coronell reveló que el capo había entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una lista de 63 nombres de presuntos vinculados con el Clan del Golfo. Dicho listado incluía a un exministro, un exdirector nacional del DAS, seis exgobernadores, un senador de la república actuante y reelegido, cuatro excongresistas y dos universidades.

Esta petición de las víctimas va de la mano con una de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad, entregado el pasado mes de junio, en el que en una de sus varias recomendaciones propuso al gobierno colombiano replantearse esta estrategia pues considera que se debe priorizar la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia en el momento de decidir sobre estas solicitudes. 

Según este organismo, este mecanismo le ha evitado a Colombia conocer la verdad sobre varios de los determinadores de los entramados de violencia en el país.

De hecho, la propuesta de Petro a Estados Unidos no fue fruto de la casualidad. El gobernante colombiano ha comenzado una política de "paz total" que va desde retomar las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a diálogos con otros grupos, pero que también implica otro tipo de acciones. 

"Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos", afirmó este miércoles durante la rueda de prensa.

Sin embargo, así como hay detractores de la medida, también hay juristas que la defienden. 

La negociación entre Bogotá y Washington frente a este tema será intensa en los próximos meses. Aunque ambos gobiernos han sostenido una relación cordial, la administración Biden ha dejado claro en varias de sus declaraciones que el tema de la política antidrogas es una parte “esencial” de su relación con Colombia.

 

La propuesta de paz total

ELN
El canciller Álvaro Leyva ha liderado los esfuerzos para reactivar las negociaciones de paz con el ELN. / Yamith Mariño

Aunque todavía no se conocen detalles de cómo sería ese proceso de “paz total”, se sabe que el gobierno viene trabajando en un proyecto de ley que plantea tres condiciones para que las organizaciones criminales se puedan postular a beneficios: que sea una estructura delictiva organizada, que tenga control territorial y que tenga la capacidad de hacer operaciones sostenidas contra la fuerza pública.  

El documento se basa en un modelo de reconocimiento de responsabilidad penal en el que los integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc o el ELN sean juzgados por la justicia ordinaria y que, a cambio de su sometimiento y de información relevante para las investigaciones, reciban unos beneficios. Es decir, con esta nueva ley, también se podría crear un modelo especial dentro de la justicia ordinaria. 

El documento sostiene que los beneficios serán efectivos con la entrega de armas y el abandono del uso de la violencia, a cambio podrán obtener penas alternativas de ocho años de privación efectiva de la libertad, como se hizo con los paramilitares en justicia y paz. Deben también entregar bienes, dejar el narcotráfico y entregar información sobre la participación de terceros y rutas.  La investigación se centraría en los máximos responsables, mientras los miembros de la base que no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos podrían obtener una renuncia a la acción penal por el delito de concierto para delinquir.

El problema consiste en que los grupos delincuenciales podrían ponerse a llenar los requisitos que establece el proyecto para integrarse al proceso de paz. Si para graduarse como interlocutor del gobierno la banda tiene que ejercer control sobre un territorio y sostener acciones violentas contra la fuerza pública, es seguro que muchos narcos van a querer patrocinar el plan. 

Un error admitido por el gobierno Santos en el proceso de La Habana fue haber ofrecido beneficios económicos por hectárea de coca sembrada. El resultado de este incentivo perverso es que las áreas de cultivos ilícitos aumentaron en lugar de disminuir.