Después de la Contraloría, el petrismo se la juega toda por el CNE
A la justa se inscribieron 25 aspirantes, de distintas filiaciones políticas, que buscan ocupar estas vacantes.
Crédito: Yamith Mariño
El Congreso se prepara para una nueva disputa de la que poco se habla, pero cuyo desenlace será clave para el gobierno: los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral. CAMBIO le explica los detalles del proceso, quiénes son los más opcionados y las propuestas que hay para eliminar esta entidad.
Superada la tormenta política que dejó la elección del contralor general, el país ahora se prepara para una nueva disputa de la que poco se habla, pero cuyo desenlace será clave para el gobierno de Gustavo Petro por los próximos cuatro años: los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Este miércoles 24 de agosto, en horas de la mañana, la plenaria del Congreso de la República votará a los nueve magistrados que conformarán el nuevo CNE. A la justa se inscribieron 25 aspirantes, de distintas filiaciones políticas, que buscan ocupar estas vacantes.
La batalla por el CNE, si bien no es tan mediática como la del procurador o la del contralor, es igual de peleada por los políticos. La elección es clave, teniendo en cuenta la importancia de esa entidad pues, entre otras funciones, es la encargada de dirimir diferencias de votos en las elecciones; otorgar personerías jurídicas para partidos; definir candidaturas, autorizar la reposición de votos y engavetar revocatorias. Esto, además de tener rango de magistrado de las altas cortes, con los salarios más altos del Estado.
Como bien se sabe, el gobierno que se posesionó el pasado 7 de agosto cuenta con una coalición sólida en el Congreso, denominada por Roy Barreras como “la más grande de la historia”. La semana pasada, en una muestra de pericia política, el petrismo se aseguró la elección de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría. Ahora con las mayorías, los sectores alternativos buscan que el resultado también sea positivo y después de años de ser minoría, tengan una representación importante dentro del CNE.
Para profundizar
Desde una reforma hecha en 2003, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los magistrados son postulados por los partidos políticos y son elegidos mediante el sistema de cifra repartidora. Esto significa que cuanto más grande es la bancada, más magistrados se eligen.
Como mínimo, un magistrado debe tener esta vez unos 32 votos asegurados. Y es aquí donde el petrismo puede aprovechar no solo la crecida que tuvieron los partidos alternativos y de centroizquierda tras las elecciones legislativas de marzo, sino también la gran coalición de gobierno que se construyó tras la victoria de Petro el 19 de junio. De juntarse todos los partidos de dicha alianza, el gobierno podría asegurarse hasta cinco magistrados “amigos”.
La bancada del Pacto Histórico arranca con 48 votos y la posibilidad de crecer con potenciales aliados como las 16 curules de paz y las 10 de Comunes, números suficientes para hacerse con dos cupos dentro del CNE, y les queda un excedente para sumar otro más si cierran alianzas con otras bancadas. La experiencia del contralor la semana pasada da pie para pensar que esto puede llegar a ocurrir.
Haciendo cuentas, si sucede algo similar a lo vivido la semana pasada con la elección del contralor, el petrismo podría cerrar un acuerdo con la Coalición Centro Esperanza, que con 26 votos buscaría asegurar al menos un magistrado dentro del CNE. Los liberales y La U, declarados partidos de gobierno, también podrían sumar fuerzas para arañar al menos un magistrado cada uno.
Estos serían los magistrados
En la lista que entregó el Pacto Histórico al Congreso destaca en primer lugar el nombre de Álvaro Echeverry Londoño, un curtido abogado de la Universidad de Caldas, experto en asuntos electorales. Trabajó 26 años en la Registraduría y fue quien alertó sobre las irregularidades en las elecciones legislativas de marzo. Gracias a su denuncia, el petrismo recuperó 486.000 votos y tres curules en el Senado.
En el listado también aparece Fabiola Márquez Grisales, quien hace parte del Pacto Histórico y trabajó como asesora en el CNE.
Los liberales, que tienen derecho a dos magistrados, se inclinarán por Benjamín Ortiz Torres, secretario de la Registraduría y cercano al registrador Alexander Vega, además de Altus Alejandro Baquero, amigo personal del defensor del Pueblo, Carlos Camargo. De este último, hay polémica por una supuesta presión para que se apoye su nombre a pesar de que, supuestamente, no cumpliría con los requisitos para ser elegido.
El Partido Conservador nominó tres nombres, pero según cuentan algunos congresistas, Alfonso Campo Martínez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección, es el preferido de la bancada. El candidato fue personero de Valledupar en dos periodos, desde marzo de 2012 hasta febrero de 2020.
Sin embargo, puede que con la silla azul haya sorpresas. En el Congreso hay un fuerte lobby por parte del sector más tradicional del partido a favor de la segunda candidata, Esperanza Andrade Serrano, hermana de Hernán Andrade, quien fue director del Partido Conservador. Algunos de los conservadores ven el nombre de la excongresista con mayor confianza que el de Campo Martínez, a quien algunos no consideran tan cercano al movimiento.
Para profundizar
La Alianza Verde, por su parte, tendrá un asiento en el CNE y se espera que lo ocupe Cristian Ricardo Quiroz Romero, secretario jurídico del partido y cercano a Rodrigo Romero, el director ejecutivo. De segunda opción está la abogada Ana Carolina Osorio, quien fue asesora del despacho del exmagistrado del CNE, Armando Novoa, y también asesoró desde la Registraduría la reforma al Código Electoral que se discute en el Congreso de la República.
Cambio Radical, por su parte, mantendrá la silla que obtuvo en 2018 y votará por el excongresista César Augusto Lorduy, cercano a la casa Char. Lorduy tuvo un proceso por homicidio culposo que terminó en vencimiento de términos a partir de una polémica por la muerte de Alicia Mercedes Ribaldo. Él argumentó que todo fue producto de un accidente en el que se le disparó la escopeta.
El Centro Democrático perderá un puesto respecto de 2018 y pondrá sus fichas en Álvaro Hernán Prada, un nombre conocido en los últimos años porque enfrenta una investigación en la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos en el caso contra Álvaro Uribe. La decisión de votar por Prada tiene dividido al uribismo.
La U, por su parte, votará por la excongresista Maritza Martínez, nacida en Villavicencio y heredera política de Luis Carlos Torres Rueda, su esposo, quien en 2007 renunció al Senado tras ser investigado por parapolítica.
¿La última elección del CNE?
Al igual que sucedió con la elección del contralor, el mecanismo de elección de los magistrados del CNE ha sido cuestionado debido a que sus miembros tienen un origen partidista. Muchas de las críticas frente a la idoneidad de los miembros tiene que ver con que, al tener un origen político, sus decisiones pueden estar medidas por profundos conflictos de intereses.
En este momento en el Congreso se tramitan dos propuestas para reformar (o acabar) el CNE. La primera es el proyecto de reforma al Código Electoral presentado por el registrador Alexander Vega, radicado y aprobado en 2020, que fue tumbado por la Corte Constitucional ese mismo año, pero que ahora tiene las correcciones que recomendó el alto tribunal.
Por otro lado está el proyecto de reforma política, radicado por el senador Humberto de la Calle, que está basado en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. En este se plantea la creación de una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano como máximo órgano administrativo en esa materia, que funcionaría como una entidad colegiada que fusione el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Así las cosas, la elección de este nuevo CNE por parte del Congreso podría ser la última bajo el modelo actual. La reforma política que prometió impulsar el presidente Petro, un histórico opositor del CNE, apuesta a modificar al organismo radicalmente.
