22 Julio 2022

El Canal del Duque

El Gobierno de Iván Duque busca dejar adjudicada la licitación del proyecto del Canal del Dique.

Crédito: Alfredo Molano

El saliente Gobierno quiere adjudicar un día antes de finalizar su mandato una billonaria obra de infraestructura para intervenir el Canal del Dique, que conecta la bahía de Cartagena con el río Magdalena.

Por: Alfredo Molano Jimeno

*Esté artículo contó con aportes periodísticos de Angélica Gómez y Noticias Uno.

Con el trasteo de la Casa de Nariño ya listo, los documentos de empalme cerrados y las llaves de los ministerios entregadas, el gobierno de Iván Duque, hasta el último minuto, quiere adjudicar billonarias licitaciones. Es el caso de la obra del Canal del Dique, obsesión de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que será entregada por 15 años un día antes de salir de la Casa de Nariño. En el siglo XII, el rey Carlos II inició la construcción del canal, en el que hombres y mujeres esclavizados se empeñaron a pico y pala en en conectar el tejido de ciénagas que se extiende entre la bahía de Cartagena, el golfo de Morrosquillo y el río Magdalena. Ahora la obra podría ser terminada por otros españoles.

El Canal del Dique lleva aguas abajo la ambición cartagenera de competir con Barranquilla por el comercio entre el mar Caribe y el río Magdalena. Su extensión es de 115 kilómetros y pasa por 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre. Por estas aguas ha navegado la historia del país, desde la ignominiosa esclavitud, pasando por el narcotráfico, el despojo de tierras y la barbarie paramilitar. La Ruta de Cimarronaje, organización de defensa de los derechos de estas comunidades que se asentaron sobre la orilla del canal, viene solicitando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que emita unas medidas cautelares sobre toda el área para proteger los restos de miles de desaparecidos que, tras ser torturados y asesinados –en algunos casos mediante las técnicas más escabrosas de que se tenga noticia– fueron lanzados a las aguas. Incluso, la organización de derechos humanos ha solicitado que al canal se le dé la categoría de camposanto.

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Un cementerio de agua

Las confesiones de los paramilitares sobre la guerra en el Dique han atraído la atención del sistema de justicia transicional, la Comisión de la Verdad y la JEP. El excomandante del Frente Canal del Dique de las Autodefensas, Uber Banquez, más conocido como Juancho Dique, ha confesado que la estructura que tomó el control de estas comunidades fue solicitada por ganaderos, políticos y empresarios con el fin de que les prestaran seguridad. También explicó que allí los Castaño vieron una autopista para el envío de la droga y decidieron controlar el negocio; y narró con dolorosos detalles que el Canal del Dique fue el lugar al que por varios años echaron los cuerpos mutilados de miles de personas de todo el Caribe.  

“La orden fue que hiciéramos como con la yuca: desaparecerla. Nosotros cogíamos a la gente, los desmembrábamos y los echábamos a las aguas del Canal del Dique. Si dejábamos los cuerpos por ahí, la fuerza pública nos llamaba la atención y decía que se le iban a incrementar las estadísticas de violencia y que eso podría calentar la zona, traer a la gente de derechos humanos o terminar con el traslado de los comandantes que, incluso, podían perder sus ascensos. Entonces eso hacíamos con la gente de toda la zona, la llevábamos allá para practicarle el mismo procedimiento”, narró Banquez en un reportaje sobre despojo de tierra y ciénagas por parte de empresas camaroneras, que fue publicado por Consejo de Redacción.

Son tan graves los hechos narrados por Banquez y varios exparamilitares más, que, en un auto del 14 de julio de 2022, la JEP ordenó medidas preventivas por el Proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique a la Corporación Autónoma Regional del río grande de la Magdalena (Cormagdalena), a la Gobernación del departamento del Atlántico y a la Alcaldía municipal de Santa Lucía (Atlántico), así como una solicitud de monitoreo forense a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto (UBPD). La Comisión de la Verdad también ha acompañado el proceso de encuentro entre víctimas y victimarios, en un proceso que será consignado en el capítulo étnico del informe final.

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La Comisión de la Verdad ha acompañado el proceso de reconocimiento de responsabilidad por parte de los paramilitares. Aquí en un proceso de sanación. /foto: Marly Molina.

En otro auto de la misma ficha, la JEP propone una ruta de trabajo para definir la solicitud de las medidas cautelares, y convoca a una audiencia pública para los días 20 y 21 de octubre de este año, así como exige al Fondo de Adaptación y a la ANI enviar toda la información sobre el proyecto y conformar una comisión de empalme específicamente sobre el proyecto que entregue información al nuevo gobierno y elabore un documento sobre “la inclusión del trámite cautelar del Canal del Dique en las actividades e informes del empalme”.

El Dique es español, desde la Colonia hasta la licitación
 

El proyecto de ‘Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique’ es una iniciativa que se viene trabajando desde el gobierno de Juan Manuel Santos y que está para adjudicación el 4 de agosto de 2022, un día antes de la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. La licitación está por 3,2 billones de pesos y a estas alturas solo queda un proponentes para ejecutar la licitación. Otras tres empresas -dos españolas y una China- desistieron del proyecto.

El interesado es Sacyr, una multinacional española de enorme experiencia en megaobras de infraestructura pero también con antecedentes de obras incumplidas, pleitos con Estados y hasta sanciones por violaciones a normas de libre competencia. De ahí que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM) de España, en 2021, realizara una investigación por cartelización entre los años 1992 y 2017. La autoridad española investigó a seis grandes compañías constructoras y les impuso sanciones de 203,6 millones de euros. Entre las empresas sancionadas están Sacyr y las otras dos españolas -OHL Concesiones y Copasa- que recientemente renunciaron a la licitación.

Consultada sobre este tema por CAMBIO, Sacyr afirmó: "Que no se trata de una cartelización y su sanción se basa en una supuesta práctica anticompetitiva que consistiría en la contratación conjunta de algunos trabajos previos a las licitaciones". También consideró "que la sanción de la CNMC es injusta y por lo tanto la recurrirá ante la Audiencia Nacional y solicitará la suspensión de todos sus efectos". También explicó cuáles son sus medidas internas para prevenir actuaciones que puedan incurrir en colusión o afectar la libre competencia. (Lea aquí la respuesta completa)

Pero este no es su único problema. En Colombia, Sacyr construyó el puente Hisgaura, en Santander, el mismo que se dio a conocer como el puente ondulado por el curioso rizado y las grietas con que fue entregado. Los retrasos y los sobrecostos de esta obra contienen un largo dosier que está en pleito. Hace una semana la Contraloría ordenó vincular a la investigación por responsabilidad fiscal a la constructora española. En Panamá, Sacyr también tiene un frente de batalla en un proceso de arbitraje en el que pide que la Autoridad del Canal de Panamá le pague 1.000 millones de dólares por los sobrecostos en las obras de ampliación del Canal de Panamá.

La preocupación de las comunidades

El proyecto no solo tiene dificultades en lo que tiene que ver con los proponentes. También hay denuncias de la comunidad y las organizaciones de base, que aseguran que el proceso de socialización del proyecto y de consultas previas no fue realizado con suficiente apertura y transparencia. Una dirigente de uno de los corregimientos de Marialabaja, Bolívar, dice que la consulta previa la hizo el Consejo comunitario a puerta cerrada con los funcionarios de las entidades. “No tenemos conocimiento de los acuerdos ni los impactos que vamos a tener. Únicamente lo saben los representantes del Consejo, y estamos a la expectativa de que nos socialicen los acuerdos a los que llegaron y las actas de las reuniones”, sostuvo.

Danit Escorcia, representante del Consejo Comunitario de Los Olivos-Hato Viejo, ubicado en un corregimiento de Calamar, afirma que su comunidad no ha sido tenida en cuenta a pesar de que en su territorio están proyectadas ocho obras y han sufrido todos los rigores de la guerra paramilitar. “Este es un proyecto que no ha sido socializado. Es un proyecto mañoso de la ANI. No dice la verdad sobre lo que va ser esta obra. Esta es una comunidad de campesinos y pescadores y si al Canal del Dique le cambian el curso con unos muros, nuestra comunidad desaparece porque nosotros vivimos de la conexión de las ciénagas, y con esa obra van a encajonar el Dique. A los pescadores les tocará tirar la atarraya en el pavimento, y sin agua, un pueblo pescador y agrícola muere de hambre. Nosotros sí queremos el progreso, pero teniendo en cuenta a las comunidades del Dique. Este proyecto borraría todas las huellas de la guerra que vivimos, arrasaría con la memoria y la verdad”, sentenció.

Adil Meléndez es un abogado que les ha hecho un juicioso estudio a este proyecto y al proceso de recuperación de la memoria histórica de las comunidades del Canal. “Este no es un proyecto de restauración ambiental sino la construcción de una vía fluvial 5G, la primera del país, y consiste en la construcción de dos esclusas. Es un proyecto falso que va a afectar a más de dos millones de personas y cuyo único beneficio ambiental será para la bahía de Cartagena, a la que le quitará el arrastre de sedimentos, mientras las ciénagas de las que vive la gente serán inundadas, salinizadas y afectadas en sus prácticas económicas y culturales”, advirtió.

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Y agregó el abogado: “Hemos puesto 12 tutelas para frenar la licitación y le hemos dicho a la comisión de empalme del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez que las consultas previas fueron compradas a líderes de las comunidades, que hubo compra de coimas en el proceso por parte de funcionarios públicos y no se ha socializado lo suficiente. Se hicieron solo dos reuniones a finales de 2021, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuya empresa familiar tienen inversiones en Cartagena, dice que hicieron más de 100 reuniones. Falso”.

En caso de suspenderse sin una causa jurídica objetiva un proceso licitatorio que inició desde Diciembre de 2021, podría derivar en demandas contra el Estado por cientos de miles de millones de pesos.

CAMBIO también consultó a la ANI para que explicara detalles del proyecto y algunas de las dudas que surgen respecto a si la licitación debe ser entregada o no antes de que acabe el gobierno. En un documento de nueve páginas contestaron cada una de las preguntas y aseguraron: "En caso de suspenderse sin una causa jurídica objetiva un proceso licitatorio que se inició desde diciembre de 2021, podría derivar en demandas contra el Estado por cientos de miles de millones de pesos. Ahora bien, el  proyecto del Canal del Dique ha conllevado un largo, completo y juicioso proceso de estructuración de más de diez años; sin lugar a dudas es el proyecto con mayor nivel de madurez en la historia de las concesiones en Colombia, iniciarlo nuevamente conllevará un retraso innecesario, de no menos de cinco años, para obras que deben ser ejecutadas de manera inmediata. Este proyecto ha contado con la participación de varias entidades y ha sido coordinado directamente durante este gobierno por la ministra de Transporte Ángela Orozco y la vicepresidente de la república Marta Lucía Ramírez". También se  declararon satisfechos con el proceso de socialización, de estructuración de la licitación y de la 16 consultas previas realizadas.

Aun así para el abogado Méndez, el proyecto debe aplazar la adjudicación y asegura que, de ser licitado, podríamos estar ante un nuevo Hidroituango. El abogado hace alusión a Marta Lucía Ramírez dado que el sector infraestructura, que incluye a la ANI, está bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia desde el gobierno de Santos, y porque la constructora de Álvaro Rincón, esposo de Ramírez, tiene inversiones en Cartagena. La alianza informativa de CAMBIO y Noticias Uno constató que uno de los proyectos de Hitosurbanos es el Hotel Ermita, una casa republicana ubicada en el barrio El Cabrero de la ciudad amurallada.

Un elemento más de suspicacia que se suma al largo rosario de alertas que tiene uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país: el de convertir un canal colonial por el que han pasado la historia y la guerra del país, en una autopista entre la bahía de Cartagena y el río Magdalena.