El desangre de Carlos Moreno al presupuesto de Cota

El municipio de Cota, Cundinamarca, ha tenido un largo y muy problemático historial político. Algunos alcaldes destituidos por la Procuraduría, varios investigados por la Fiscalía, distintos contratos con irregularidades y contratistas implicados en desfalcos nacionales. 

Por su zona industrial, Cota es uno de los municipios no solo con presupuestos más elevados (90.000 millones de pesos anuales en promedio), sino también uno de los que más impuestos recibe (de acuerdo con La Silla Vacía, el municipio recibió más de 50.000 millones de pesos en impuestos durante 2018). 

Entre todos, Carlos Moreno, alcalde entre 2016 y 2019, ha sido uno de los que mayores problemas ha presentado. Su paso por la Alcaldía terminó en destitución. Pero ese no fue su único escándalo. Hoy día, dos de los contratos otorgados por él han tenido una muy baja ejecución y uno de ellos involucra a uno de los contratistas de la unión del escándalo de Centros Poblados. 

Sin embargo, dicen los habitantes del pueblo, es un secreto a voces que Moreno prepara nuevamente su candidatura para lanzarse a otro periodo para la Alcaldía en las próximas elecciones. 

El colector central inconcluso

Durante una visita técnica que se desarrolló el 11 de octubre de 2022, los veedores y autoridades del municipio fueron a una de las obras más costosas concedidas por Moreno. Inicialmente, la obra contemplaba el mejoramiento de la infraestructura de dos vías, y la construcción de un colector central, que es una estructura que sirve para la recolección y manejo del agua lluvia. 

El contrato fue firmado el 8 de octubre de 2018 por un total que supera los 18.000 millones y medio de pesos, otorgado a la Unión Temporal Colector Central 2018. Sin embargo, hoy, cuatro años después de que iniciara el contrato, el contratista asegura que la plata ya no le alcanza y que los años de retraso no son su culpa.
 

Esto, a pesar de que un informe de avances de la obra muestra que ya les adelantaron más de 20.000 millones de pesos (dadas dos adiciones de presupuesto que explicaremos en un momento) con una ejecución del 76 por ciento del total de la obra. Así lo dijo el representante legal de la Unión, Carlos Daza, durante su locución en la visita técnica. Pero, los veedores del pueblo consideran que las obras, si acaso, alcanzarán un 50 por ciento de la ejecución total acordada.

Su argumento inicial fue que tuvieron que reformular todos los diseños presentados durante la licitación, porque asegura que en su momento no les entregaron completos los planos del alcantarillado del municipio. Sin embargo, unos minutos después aseguró que en ningún momento habían tenido diseños definidos y que eso había entorpecido toda la obra. Los veedores del pueblo dicen que aquí se configuraría una primera irregularidad, pues al momento de otorgar un contrato los contratistas deben haber realizado todos los estudios técnicos necesarios para dar un plan de acción y ejecución de la obra. 

Aseguró también que ellos habían sido víctimas de la pandemia y que los precios de todos sus implementos se habían duplicado por estos temas. Por ello, solicitaron a la administración actual, en cabeza de Néstor Guitarrero, añadir más recursos a las obras para así poder entregar “una obra de calidad óptima”, dijo. Por ello se le adicionaron otros 10.000 millones de pesos a la obra, para cubrir los gastos que, dice el contratista, ya no tienen cómo cubrir. 

Finalmente, recordó que los tiempos de cumplimiento de la obra se habían tenido que extender durante ocho meses porque la obra estuvo suspendida. Esto, dado a que Intec de la Costa, una de las empresas que hizo parte de esta Unión, también hizo parte de la Unión de Centros Poblados. Pero el representante Daza aseguró que: “gracias al movimiento que hicimos, a los amigos, a las intervenciones que se hicieron ante un magistrado de la república, pues se logró explicarle cuál era la situación y en buena hora lo entendió y se dieron cuenta”. Con ello, les permitieron retomar las obras. 

En todo caso, Daza aseguró de manera reiterada que ellos fueron víctimas de toda la situación. Además, aseguró que Intec de la Costa también fue víctima de Centros Poblados y que es por su honestidad y valentía que están logrando retomar las obras. Mientras tanto, los vecinos de la zona han tenido una calle cerrada desde hace varios años, lo que ha llevado a la quiebra de múltiples locales que se ubicaban allí. 

La Casa de la Justicia abandonada y una imputación de la Procuraduría

Un caso muy similar ocurrió con otro contrato otorgado por el exalcalde Carlos Moreno. En 2018 otorgó otro contrato, por más de 8.000 millones de pesos, para la construcción de una Casa de la Justicia, que fue concedido al Consorcio Casa de la Justicia, y, de acuerdo con denuncias puestas por la administración actual, la obra tenía muy pocos avances a pocos días de que finalizara el plazo de ejecución. 

Así como en el caso anterior, los contratistas también aseguraron que están desfinanciados y que por ello no tienen cómo continuar con la obra. Funcionarios de la administración actual sugirieron iniciar un proceso por incumplimiento a los contratistas, pues al no entregar esta obra hacen que el municipio incurra en el pago de arriendos a otros edificios que no les pertenecen.

Pero hay otro contrato que entrampa al exalcalde Moreno y que ya le significó su destitución: la Procuraduría le abrió un proceso para analizar por qué asignó un contrato por más de 50 millones de pesos para la asesoría técnica de un proyecto que buscaría reforzar la ética normativa y la conducta administrativa y así cumplir los fines del Estado. 

Este contrato fue otorgado por el exalcalde Moreno a Oliver Franco Fonseca, quien en ese momento era concejal del municipio y estaba impedido legalmente para tomarlo. La Procuraduría calificó las faltas provisionalmente como: “la falta de Moreno Gómez como grave a título de dolo, y la de Silva Fernández como gravísima a título de culpa gravísima”.

El muy largo historial de Carlos Moreno

Entre 2016 y 2019 Carlos Julio Moreno Gómez fue alcalde del municipio de Cota, avalado por el Partido Conservador. Su periodo lo terminó destituido, pues la Procuraduría lo sancionó por no expedir a tiempo el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dos meses antes de que finalizara. 

Esta decisión fue ratificada en segunda instancia por parte de la Procuraduría de Cundinamarca en 2020, porque encontraron que lo suscribió sólo hasta 2018, aunque Moreno tendría que haber cumplido con esto al inicio de su periodo.

Moreno ya había iniciado su periodo con múltiples peros: por un lado, venía siendo investigado por la Fiscalía. Para ese año, el candidato tenía dos procesos abiertos que continuaban en investigación. Y, aunque en su momento el entonces candidato aseguró que tenía pruebas de su inocencia, los procesos causaron que todos sus eventos de campaña tuvieran que ser celebrados a puerta cerrada. 

Durante esos eventos, Moreno contó con el acompañamiento de Marta Lucía Ramírez y de Camilo Gómez y, aunque por entonces el Partido Conservador aún decía que no le habían dado el aval al candidato, al final fue elegido por este partido. 

Para ese mismo periodo de elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo que hacer una intervención urgente en el municipio, porque encontraron un proceso de trasteo de votos.

El municipio, que para 2014 había sido censado y registraba un potencial de 20.353 sufragantes, tuvo un crecimiento extraño con el registro de 5.566 cédulas más para las votaciones. Esto terminó causando que aunque el municipio contaba con una población que rodeaba los 24.919 habitantes, se inscribieron 25.919 personas para votar. 

Al investigar, el CNE encontró que un 76 por ciento de las nuevas cédulas inscritas no tenían relación alguna con el municipio. Eran personas que ni vivían, ni trabajaban, ni tenían propiedades en Cota. Este fenómeno ya había sido alertado por la Misión de Observación Electoral (MOE), por lo que solicitaron a la Fiscalía investigar cuál era el candidato que buscaba verse beneficiado por el caso de trashumancia. Hasta la fecha, aún no hay respuesta sobre este proceso. 

Sin embargo, es posible que su escándalo más grande tuviera que ver con unas grabaciones que filtraron entre él, César Castro (el contador de Moreno) y el primo del exalcalde, que también se llama Carlos Moreno. Las grabaciones mostraron que entre los tres buscaban una forma para sacar 800 millones de pesos en interventorías a una obra de más de 10.000 millones de pesos. Allí, entre risas, aseguran que si el contratista no cedía, le quitarían el contrato para asignarlo a alguien más. 

Pero por esa misma época, Moreno ya estaba siendo cuestionado por otro caso. Hugo Alexánder Melo, funcionario de su alcaldía, confesó durante una entrevista con Caracol Radio que él lo había obligado a pagar dos veces a varios contratistas: primero, con transferencias virtuales y, posteriormente, con cheques que les eran entregados. En esa denuncia de desfalco se alcanzaron a perder más de 1.300 millones de pesos en una doble facturación. El caso lo tomó la Fiscalía, pero quien continúa preso es Melo, el que interpuso la denuncia.