¿Tiene sentido acabar con la Procuraduría?

El presidente electo, Gustavo Petro, anunció que impulsará una reforma para acabar con la Procuraduría General de la Nación tal y como está concebida actualmente. En una entrevista ante los micrófonos de W Radio, el líder del Pacto Histórico señaló que este giro en el organismo de control hará parte del primer paquete de reformas que intentará sacar adelante justo después de su posesión el próximo 7 de agosto.

“Se debe hacer caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y, de paso, respetar la Convención Americana. Es una transición. No se trata de echar a la calle a los miles de empleados de la Procuraduría, que tienen unas experiencias investigativas ligadas, en su mayoría, a ejes jurídicos del derecho disciplinario. Se trata es de que se convierta en la gran fiscalía anticorrupción, que fue una propuesta de campaña”, indicó.

Sus palabras hicieron referencia al fallo de la Corte IDH que, luego de varios años de estudiar la destitución impuesta en su contra cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez, determinó que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser apartados de su cargo a través de sanciones de carácter administrativo. Esa misma decisión ordenó al Estado colombiano modificar su legislación de tal forma que la Procuraduría no pudiera tomar nuevamente este tipo de medidas y así incurrir en la violación de derechos políticos. La orden, hasta el momento, no se ha acatado.

La procuradora general, Margarita Cabello, logró que el Congreso aprobara una reforma al Ministerio Público que creó más de 1.200 nuevos cargos y que, supuestamente, cumplía con el mandato de la Corte IDH. Sin embargo, lo que verdaderamente ocurrió es que la reforma instauró más etapas dentro del proceso disciplinario de los funcionarios electos popularmente. Es decir, la Procuraduría siguió con la potestad de retirarlos de sus cargos (contrariando así el fallo), solo que ahora lo hace mediante un proceso con más garantías. La prueba más reciente de que las modificaciones solicitadas no se han llevado a cabo fue la suspensión al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su participación en política durante las primeras semanas del mes de mayo.

En la entrevista, el presidente electo también explicó a dónde iría a parar la Procuraduría y cómo concretaría sus intenciones de transformarla.

“Se haría por una reforma constitucional y eso tiene un tiempo: dos vueltas legislativas. Por lo tanto, no se va a atravesar en el actual mandato de la Procuraduría. Yo esperaría que, una vez termine el mandato de la actual procuradora general, empiece la transición para que la Procuraduría pase a fortalecer el Poder Judicial de Colombia en su ámbito investigativo y centrado en la persecución de la corrupción”.

Cambio conversó con dos abogados constitucionalistas sobre el anuncio de Petro. 

Para Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho de Eafit, no es necesario acabar con el ente de control para cumplir con lo ordenado por la Corte IDH. 

“El fallo de la Corte se refiere a una función específica de la Procuraduría, que es la de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular. Lo que debería ajustarse es que esa función puntual no la asuma más la Procuraduría sino que pase a los jueces penales en cumplimiento de la Convención Americana”, afirmó. 

Ana Catalina Arango, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, siguió la misma línea de Hoyos. En su criterio, para cumplir la sentencia de la Corte IDH, bastaría con suprimir una de las funciones del Ministerio Público.

“Creo que no se necesita acabar con la Procuraduría para que deje de destituir funcionarios elegidos popularmente. Se le puede quitar esta función sin necesidad de acabarla”, apuntó.

Ambos coinciden en que el fin del organismo de control no es el único remedio posible. Eso sí, le dan la razón al presidente Petro en que se requiere una reforma constitucional para lograr su cometido de darle fin a la Procuraduría como institución independiente y fusionarla con la Rama Judicial.

“Para acabar con la Procuraduría se necesita una reforma constitucional. La Constitución, en su capítulo de los órganos de control, contempla a la Procuraduría y le entrega unas funciones”, advirtió Hoyos. 

“Es probable que si se hace esta reforma a través de un acto legislativo, la Corte Constitucional diga que hay un vicio de competencia y la declare inconstitucional. Entonces, para que se convierta en realidad, debe ser una reforma constitucional y no un proyecto de ley cualquiera”, agregó Arango.

Está por verse si la reforma logra trasladar a todos los funcionarios de la actual Procuraduría al sistema judicial. Especialmente, aquellos que entraron en los miles de nuevos cargos que creó la administración actual. Pero, sobre todo, queda la duda de si el Congreso, en donde el presidente electo ya tiene mayorías por los acuerdos que ha concertado recientemente, está dispuesto a dejar morir a una entidad que desde hace años es un fortín burocrático de los partidos políticos.