“No voy a justificar lo que hice: asesinamos personas inocentes”

Es un acontecimiento para los libros de historia: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó una audiencia de responsabilidad en Ocaña, Norte de Santander, sobre el macrocaso 03 (desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado) con diez militares y un civil señalados de ser responsables del homicidio de 120 ciudadanos en la subregión de El Catatumbo, Norte Santander. Los hechos que llevaron a la imputación tuvieron lugar entre 2007 y 2008 y hacen parte del capítulo que conoció el país como “falsos positivos”. La misma justicia transicional, en un informe de febrero de 2021, ya había establecido que por lo menos 6.402 personas murieron en un periodo de seis años (2002-2008) de esta forma ilegitima.

Pero lo ocurrido en Ocaña tiene un tinte especial. Este municipio y sus zonas aledañas han sido afectadas durante décadas por la violencia. Las investigaciones de la JEP han revelado que en Norte de Santander, entre 1986 y 2016, se presentaron 420 casos de falsos positivos. Los años con más asesinatos de este tipo fueron 2007 y 2008 (99 y 62 muertes, respectivamente), que coinciden con el tiempo en que sucedieron los hechos que dieron pie a la audiencia de hoy.

Los responsables, con medio centenar de personas observándolos presencialmente en el auditorio —incluyendo varias víctimas— y miles más a través de medios digitales, admitieron abiertamente su participación en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Como preparación para la diligencia, previamente se celebraron más de 20 encuentros colectivos e individuales que involucraron a militares comparecientes y víctimas con la finalidad de que la reparación de estas última sí se concretara.