Exmilitares consideran desequilibrada la decisión de la JEP en caso de ‘falsos positivos’ frente a exFarc
Según su postura, la JEP limitó derechos de movilidad y participación política a los exuniformados condenados, restricciones que no fueron aplicadas a los exguerrilleros. Además, consideran que la decisión abre la puerta para responsabilizar a altos mandos de las Fuerzas Militares.
Por: Javier Patiño C
La JEP anunció en la mañana de este jueves 18 de septiembre la primera sentencia contra 12 exmilitares vinculados con ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe. Los condenados pertenecían al Batallón La Popa, con sede en Valledupar, y fueron hallados responsables de más de 135 homicidios cometidos entre 2002 y 2005.
La sentencia impuso sanciones propias de la justicia transicional: trabajos restaurativos en zonas rurales del Cesar durante un periodo de cinco a ocho años, sin contemplar la privación de la libertad.
De acuerdo con la magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los exmilitares fueron declarados máximos responsables de delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y persecución, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Reacciones a la decisión
El coronel retirado Luis Alberto Villamarín aseguró que la JEP “ha estado ideologizada desde su conformación” y que mantiene “un ánimo de venganza contra los militares”. Asimismo, expresó su preocupación por la seguridad de los condenados: “no será que les pase lo mismo que a varios firmantes de paz que han sido asesinados”.
Un excomandante de las Fuerzas Militares, que pidió mantener su nombre en reserva, afirmó que la JEP ha usado los casos de ‘falsos positivos’ no solo como mecanismo de investigación, sino como herramienta para imputar responsabilidades. “Esto ha reducido el peso de las pruebas y ha derivado en vulneraciones al debido proceso, trasladando casi automáticamente la responsabilidad hacia los altos mandos, en particular a los generales, sin verificar si existieron órdenes concretas”, señaló.
Por su parte, el general retirado Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados (ACORE), explicó que los militares condenados ya habían recibido fallos en la justicia ordinaria y luego fueron acogidos por la JEP, buscando sustituir esas penas por las sanciones propias de la jurisdicción especial. “Es una decisión que no resulta equilibrada, ya que los siete miembros del antiguo Estado Mayor de las Farc no tienen restricciones y gozan de movilidad nacional, contrario a lo que ocurre con los exintegrantes de la fuerza pública, que deben cumplir sanciones en zonas rurales”, afirmó.
Cuestionamientos a la credibilidad de la JEP
De acuerdo con el excomandante consultado, la JEP ha configurado un modelo en el que los oficiales de mayor rango aparecen como los principales responsables, mientras que los autores materiales acceden con mayor facilidad a beneficios y evitan sanciones. “De esa forma, se refuerza la percepción de que la JEP, en lugar de aplicar un trato diferenciado y simétrico, ha invertido las pruebas en perjuicio de los mandos superiores”, señaló.
El coronel Villamarín también cuestionó la credibilidad de la jurisdicción: “La JEP perdió legitimidad hace varios años. Eso deja la posibilidad de que delincuentes como alias Calarcá o alias Iván Mordisco sigan cometiendo crímenes porque saben que al final lo único que les imputan es barrer calles durante ocho años, y eso mismo sienten los militares sentenciados, que se saben abandonados”.
Agregó que el país no puede olvidar que “las Farc han sido el brazo armado del Partido Comunista, lo cual nunca negaron. Luego, con el tema de la Unión Patriótica, cambiaron el discurso y ahora, como integrantes del partido Comunes, han salido prácticamente indemnes, mientras la violencia continúa”.
El general León, de ACORE, también criticó la falta de claridad en el tema de la reparación. Señaló que, mientras en el caso de la fuerza pública ya se definieron proyectos específicos, los compromisos de las Farc siguen sin precisarse y son financiados por el Estado colombiano.
“En 2016, la Fiscalía hizo un inventario cercano a los 10 billones de dólares con más de 300 fiscales rastreando bienes. Sin embargo, las Farc ofrecieron apenas 950.000 millones de pesos, representados en activos no transables, y al final entregaron solo 45 millones. En la práctica, le hicieron conejo al país, y hoy los colombianos están asumiendo el costo de la reparación”, concluyó León.
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