Bombardeo en El Retorno, Guaviare: esto es lo que se sabe de la operación en la que murieron tres menores
El Instituto de Medicina Legal recibió diez cuerpos tras la operación aérea del 27 de agosto. El Ministerio de Defensa sostiene que todos eran combatientes.
Por: Juan David Cano
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que tres de las personas muertas en el bombardeo del 27 de agosto en zona rural de El Retorno, en el Guaviare, eran menores de edad. La entidad recibió diez cuerpos vinculados a esa operación aérea de la Fuerza Pública, que las autoridades identificaron como Operación Amón.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha identificado 9 de los 10 cuerpos que ingresaron para abordaje forense y relacionados con acciones militares en el marco de la Operación Amón, realizada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare. pic.twitter.com/8JDdMQQKr0
— Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 31, 2026
De acuerdo con el reporte forense, nueve de los diez cuerpos fueron plenamente identificados y uno seguía en análisis por las condiciones en que llegó. Entre los nueve reconocidos, la entidad estableció que cuatro son mujeres y cinco hombres, y que tres corresponden a menores de edad.
La versión del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Abelardo de la Espriella
Debido a la gravedad de los hechos, que en el anterior Gobierno generaron múltiples críticas, las autoridades se pronunciaron. El relato del operativo lo asumió el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.
Según contó, el ataque aéreo se hizo sobre tres zonas de campamento cercanas al río Inírida y tuvo como objetivo una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, atribuida a alias Cotiz y ligada a la facción del cabecilla conocido como alias Calarcá.
En el lugar se hallaron 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, 184 minas antipersonales y más de 29.000 municiones, entre otro material de guerra.
Además, Rodríguez informó que, pese a las bajas de menores, el operativo cumplió los estándares legales exigidos para este tipo de ataques.
"La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante su planeamiento y durante su ejecución. También se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos, como lo exige la ley, entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal".
Por su parte, el Ministerio de Defensa contó que las diez personas muertas eran combatientes, que otra fue capturada y que un menor de edad fue recuperado durante la operación y quedó bajo restablecimiento de derechos.
Sobre los menores, el propio ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, precisó que dos tenían 15 años y uno 16. En ese mismo pronunciamiento aseguró que el caso era responsabilidad de los grupos armados por el reclutamiento de niños y adolescentes.
"Debemos ser claros, el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es clara la responsabilidad de los grupos armados", dijo Mora.
Finalmente, el Ministerio anunció una mesa de trabajo con el sector Justicia para endurecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento, a la que serán convocadas la Rama Judicial y la Fiscalía, y adelantó que instaurará las denuncias correspondientes ante ese organismo.
"Los ministros de Justicia y Defensa estamos trabajando en una mesa interdisciplinaria para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y la utilización de menores de edad por estructuras narcoterroristas. (…) El desarrollo incluirá posibles ajustes penales, agravación de sanciones y fortalecimiento de la persecución de las estructuras de dirección y las redes de captación", dijo.
Y añadió: "El Ministerio de Defensa lamenta que nuestros menores de edad sigan siendo reclutados e instrumentalizados por estos grupos narcoterroristas y bandas. Rechazamos de manera categórica esta aberrante práctica. Finalmente, se instaurarán las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación".
Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el caso
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre este caso y aseguró que respalda completamente las operaciones militares y que no descansará hasta llevar ante la justicia a quienes reclutan menores en el país.
"Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas. Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario", dijo.
Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026
Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben… https://t.co/mAL5GQtRpZ
Y añadió: "No descansaré hasta reconstruir los valores de la Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo".
Críticas antes, silencio ahora
Las muertes de menores en operaciones militares fueron, en el pasado reciente, un punto de crítica de sectores de la derecha contra el gobierno de Gustavo Petro. En el caso de El Retorno, sin embargo, varias de esas voces no se habían pronunciado hasta el cierre de esta nota.
La senadora Paloma Valencia había rechazado con dureza un episodio anterior en el Guaviare, cuando se conoció la muerte de varios menores en enfrentamientos con el Ejército.
- Alerta de la Defensoría del Pueblo por enfrentamientos armados en la subregión del San Juan en Chocó
"Rechazamos que nuestra juventud esté siendo asesinada por la Paz Total", escribió Valencia en aquel momento, en un mensaje en el que también cuestionó el número de jóvenes muertos durante la administración anterior. Por ahora no ha emitido algún mensaje sobre el último bombardeo.
La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, había advertido a comienzos de 2025 sobre la pérdida de control estatal a propósito de otra lista de Medicina Legal con menores fallecidos. Tampoco ha comentado el caso actual.
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