La crisis humanitaria en Guaviare: ¿qué está haciendo la fuerza pública para proteger la población?

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la crisis humanitaria en Guaviare por la persistencia de violencia y la vulneración de derechos humanos de sus habitantes. Según la entidad, hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados y personas confinadas por confrontaciones entre las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá.

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De acuerdo con la Defensoría, ambos grupos armados están poniendo en riesgo la vida de los habitantes del corregimiento Charras Boquerón, interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio de San José del Guaviare. Por estos hechos, la entidad le pidió al Gobierno, entre otras medidas, activar mecanismos humanitarios y de diálogo para el levantamiento del confinamiento, y adoptar medidas de prevención para evitar la repetición de dicha situación.

Particularmente, la comunidad que habita la conocida Trocha Ganadera, que conecta cerca de 60 veredas y aproximadamente a 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento por un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.

“Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes”, dice la Defensoría.

Incluso ha circulado un supuesto audio de las disidencias de alias Iván Mordisco que anuncia un toque de queda a partir del 7 de junio en el departamento. “Por temas de seguridad y con el fin de salvaguardar la vida de los habitantes, a partir del sábado 7 de junio se decreta toque de queda. Se prohibirá la movilidad en motos, motocargueros y vehículos de servicio público o particulares”, se escucha en la grabación. 

A propósito del toque de queda, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, invitó a la población de Guaviare a hacer verbenas populares, es decir, fiestas populares celebradas al aire libre y en las noches, mientras el Ejército garantiza su presencia en cada poblado. “El comandante del Ejército en esta área me responde personalmente”, dijo. 

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que la fuerza pública adelanta operaciones para preservar el orden público en el departamento. Tanto la Armada como la Fuerza Aérea y la Policía están garantizando que los centros poblados puedan ejercer sus actividades sociales y económicas.

"Alias Calarcá y alias Mordisco dicen que están luchando por el pueblo, por el derecho de los campesinos, pero simplemente los están torturando, los están amenazando. Están reclutando a nuestros indígenas Nukak Makú. Están también desplazando nuestros campesinos en algunas regiones y, en este momento, los están aterrorizando simplemente con audios que generan un terrorismo mediático", manifestó Sánchez.

A lo que agregó: "En este momento está desplegada toda la fuerza pública para garantizar la seguridad. (...) El Guaviare no está solo. Toda su fuerza pública está para protegernos". 

Por su parte, la Gobernación del Guaviare realizó una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional con el fin de implementar estrategias que garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado y promuevan medidas de reparación integral. Durante la jornada, también se discutieron acciones de prevención orientadas a proteger a niños y jóvenes frente a los recientes hechos que afectan el orden público.

Alerta por grave situación de violencia en San José del Palmar, en Chocó

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, debido a la presencia del ELN y el interés del Clan del Golfo por dominar esa zona. La entidad hizo un llamado urgente al Estado para que cumpla con su responsabilidad de prevenir las violaciones a los derechos humanos en el municipio.

"El conflicto armado y las dinámicas de control territorial de las dos estructuras armadas han afectado profundamente a la población civil, exponiéndola a homicidios, desplazamientos forzados y restricciones a la libertad y movilidad", dice un comunicado de la Defensoría.

Según la entidad, por un lado, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN ha impuesto ‘normas de comportamiento’ y ha organizado paros armados en la subregión del San Juan chocoano, lo que ha derivado en confinamientos. Por otro lado, el Clan del Golfo, al expandirse en municipios cercanos, ha aumentado la probabilidad de incursiones en la zona, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos armados directos.

Para la Defensoría son necesarias medidas urgentes y de mediano plazo, como la activación de mecanismos de respuesta inmediata frente a los riesgos de vulneración de derechos fundamentales.

Además, la entidad resaltó la importancia de programas de desarrollo y seguridad, especialmente dirigidos a los jóvenes, para prevenir el reclutamiento y la violencia de género; la presencia institucional y programas de atención humanitaria.

¿Qué habitantes de la jurisdicción de San José del Palmar se encuentran en riesgo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos en riesgo por las acciones violentas de ambos grupos armados son:

• La cabecera urbana de San José del Palmar.
• 17 veredas del corregimiento La Italia.
• 13 veredas del corregimiento San Pedro de Ingará.
• Resguardos ‘Embera Chamí Copé del Río Ingará’, ‘Sabaletera San Onofre y El Tigre’ y ‘Alto Bonito Vira Vira’.
• Consejos comunitarios ‘Mayor de Nóvita’, ‘General del San Juan’ y ‘Mayor del Municipio Condoto e Iró’.

Los más vulnerables ante esta situación son mujeres que habitan en territorios rurales, niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado, así como poblaciones indígenas y afrodescendientes, especialmente aquellas que se encuentran en puntos estratégicos para los intereses de los dos grupos armados.